El Gobierno espera que la Justicia europea avale el acuerdo pesquero de la UE con Marruecos, que fue anulado en primera instancia por haberse negociado de espaldas al Frente Polisario, a pesar de incluir las aguas del Sáhara Occidental. “Hemos defendido siempre, desde la Comisión Europeo y el Consejo, la legalidad del acuerdo”, ha expresado el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, a su llegada a Bruselas, donde los ministros del ramo analizarán la situación dado que el protocolo expira el 17 de julio y la flota pesquera europea quedará entonces en un limbo.
Los 27 asumen que no habrá nuevo acuerdo de pesca con Marruecos hasta que haya un pronunciamiento definitivo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Por ahora está en vigor el que fue anulado por el Tribunal General, que consideró ilegales los acuerdos pesquero y agrícola suscritos con el reino alauita por no haber consultado de manera apropiada a la población saharaui, pero que permitió mantener vigentes “durante un cierto período de tiempo, con el fin de preservar la acción exterior de la Unión y la seguridad jurídica de sus compromisos internacionales”.
“Esperamos que la sentencia sea favorable”, ha dicho Planas, que ha reconocido que el fallo judicial puede “dilatar un poco la decisión sobre el protocolo”. “Va a ser complejo que, desde un punto de vista técnico, se pueda avanzar en las negociaciones sin que este tema esté resuelto”, ha admitido.
La incógnita para los estados miembros es qué pasará a partir del mes de julio, cuando el protocolo caduque. Y Polonia, Lituania y Letonia, que tiene intereses para su flota en Marruecos, han planteado el tema en la reunión del Consejo de la UE. En el caso de España, la caducidad del acuerdo afecta a 93 licencias (de un total de 138) para faenar en esas aguas.
La intención del Gobierno, no obstante, es impulsar ayudas para las flotas afectadas (especialmente andaluza, gallega y canaria) en el tiempo en el que quede suspendido de facto el acuerdo. La sentencia se espera para el mes de septiembre, aunque Planas ha dicho desconocer la fecha. “Buscaremos los mecanismos de apoyo que puedan ser aplicables a nuestros armadores como a nuestros pescadores”, ha asegurado. “Es un acuerdo europeo voy a intentar activar primero medidas europeas y después siempre quedará España”, ha dicho sobre la procedencia de las subvenciones.
España rechaza prohibir la pesca de arrastre en el 30% de las aguas
Antes de comenzar la reunión con el resto de ministros de Agricultura y Pesca, Planas ha rechazado la propuesta de la Comisión Europea de prohibir la pesca de arrastre en un 30% de las aguas comunitarias a partir de 2030. “Tenemos una cobertura del 12% de nuestras aguas de soberanía española, tendríamos que llegar al 30% en 2030; pero se plantea la prohibición total de la pesca de arrastre en esas zonas. No estamos de acuerdo. No se trata de demonizar la pesca de arrastre, es una modalidad que tiene técnicas muy diferentes según cómo se aplique y en las zonas donde se aplique. Hay un dato fundamental y es que en las zonas donde se aplica la pesca de arrastre se produce perfectamente el rendimiento máximo sostenible y la recuperación de los stocks pesqueros. Por tanto, es un mal argumento”, ha expresado Planas, que ha considerado “desenfocado y desequilibrado” el paquete sobre pesca presentado por el Gobierno comunitario.
“No responde a la gran pregunta: cómo conseguimos abastecer de proteína de primera calidad, como son los productos pesqueros, en un momento en que el debate de la alimentación y seguridad alimentaria está al orden del día”, ha dicho el ministro, que ha cifrado en 6.000 buques pesqueros de la UE el “decrecimiento” entre 2013 y 2023, lo que supone una caída de 4.000 toneladas de la pesca extractiva y, en términos económicos, 6.000 millones menos para la UE. “Por el contrario, se han incrementado en 10.000 millones las importaciones de países terceros que no pescan en las mismas condiciones desde el punto de vista de la sostenibilidad que la flota pesquera europea”, ha apuntado.
Respecto a la descarbonización del sector, se ha mostrado favorable, pero ha apuntado a la necesidad de “plantear nuevas inversiones y ayudas a la UE” para financiar lo que ha denominado “barcos del siglo XXI”.