La psicóloga groenlandesa Naja Lyberth tenía 14 años cuando en 1976 le colocaron un dispositivo intrauterino anticonceptivo (DIU) en contra de su voluntad. Su memoria ha intentado olvidar el trauma, y los recuerdos de ese día han quedado borrosos. Solamente recuerda un hombre con bata blanca, una enfermera y un miedo que la paralizaba. En aquella época, las espirales anticonceptivas no estaban diseñadas para mujeres que aún no hubieran dado a luz, y a pesar de que han pasado 46 años, Lyberth cuenta que aún siente el dolor en su cuerpo cuando revive el momento.
Entonces Lyberth no lo sospechaba, pero fue víctima de los planes de control de natalidad y planificación familiar forzada que el Gobierno de Dinamarca implantó entre 1966 y 1975 en la excolonia ártica, que hoy mantiene el estatus de territorio autónomo dentro de Dinamarca. Su testimonio ha sido destapado por una investigación periodística de la cadena pública danesa DR en una serie de podcasts bajo el nombre Spiralkampagnen (“La campaña de la espiral”).
Desde el primer episodio, publicado en mayo, el podcast recoge los datos y testimonios que demuestran que este método anticonceptivo se implantó en Groenlandia a 4.500 mujeres a partir de los 13 años, lo que representaba entonces la mitad de la población fértil de la isla. La investigación también denuncia que muchas de las mujeres tardaron años en descubrir que llevaban puesto un DIU, tras sufrir dolores, infecciones y problemas para quedarse embarazadas, ya que en muchos casos se colocaron sin el conocimiento de las mujeres. Mientras se practicaba este método, en un período de 15 años en Groenlandia la natalidad se redujo a a mitad.
Mujeres que no sabían
DR también cuenta la historia de Inge Thomassen, una mujer de 61 años que actualmente vive en Kangerlussuaq en la costa oeste de la isla ártica. Cuando tenía 17 años se quedó embarazada, pero cuenta que sus padres le pidieron que abortara, porque creían que un niño sería un impedimento para que encontrara un trabajo. Thomassen fue al hospital de Maniitsoq y cuenta que, meses después de abortar, tuvo “un dolor persistente en el abdomen” pero le dijeron que no pasaba nada y que volviera a casa. “Años después, mi marido y yo queríamos tener un hijo, lo intentamos durante mucho tiempo hasta que en 1995, en un examen rutinario de vejiga, una radiografía mostró que tenía un DIU adentro”, explica. “En ese momento me sentí muy ofendida, ahora pienso que me lo debieron poner cuando fui a abortar”, dice.
El caso de Inge Thomassen no es extraño, como aseguraba en una entrevista en el diario groenlandés KNR la ginecóloga Aviaja Siegstad: “En los años 90 nos venían mujeres que no podían quedarse embarazadas y era porque, sin ser conscientes, llevaban un espiral puesto”, dice. “No eran muchas, pero todos los ginecólogos que han trabajado en Groenlandia lo hemos vivido”, cuenta. La ginecóloga añade que, en estos casos, el dispositivo DIU que se encontraban era el llamado Lipes Loop, “el mismo que se utilizaba en los años 60 y 70”.
Naja Lyberth explica cómo desde los 14 años, cuando se le colocó el DIU, cada vez que tenía la menstruación “sentía como si tuviera cuchillos dentro”. En 2017, la psicóloga decidió compartir su experiencia por primera vez en un grupo de Facebook con otras mujeres groenlandesas. Desde entonces, los mensajes de otras experiencias similares a la suya no le han parado de llegar, destapando historias de dolor que muchas veces no habían sido reveladas por vergüenza y miedo al rechazo: “Durante años, sentí que mi abdomen perteneció al Estado, que me había robado la virginidad. Ahora puedo recuperar mi cuerpo”.
“Un impedimento para la modernización”
Según explica la investigación de DR, en la década de los 60 las autoridades danesas estaban preocupadas por el aumento de la población en Groenlandia. La isla ártica dejó de ser una colonia danesa en 1953 para pasar a ser un distrito administrativo del país escandinavo. Desde Copenhague, se temía que el subsidio económico que cada año se destinaba a la isla ártica se tuviera que triplicar si se tenían que construir nuevas escuelas, hospitales y otros servicios para la población, que aumentaba año tras año. Un informe del Gobierno danés de 1965 recogía que cada año nacían 500 bebés fuera del matrimonio en Groenlandia, de los cuales un tercio eran de madres menores de 20 años. Así se llegó a la conclusión de que el crecimiento demográfico suponía “un impedimento para la modernización” de la isla, cuyos servicios sociales estaban resultando ser más caros de mantener de lo que la administración había previsto inicialmente.
De esta forma, en 1966 empezó la campaña forzosa de “planificación familiar” y en 1970 se cambió la ley para que los médicos en Groenlandia pudieran recomendar la colocación de las espirales anticonceptivas a las menores de 15 años sin el consentimiento de los padres. Según Peter Bjerregaard, profesor y experto del Centro de Salud Pública en Groenlandia, “no se puede subestimar la importancia de que los médicos, la mayoría hombres daneses, eran vistos por las mujeres groenlandesas como una autoridad, y por lo tanto, no se podían negar a ponerse el espiral”.
El proyecto se cortó en 1974 después de una conferencia Internacional de Naciones Unidas, donde se criticó duramente los planes de planificación familiar en antiguas colonias como Groenlandia, y donde se pidió que todo el mundo pudiera decidir cuándo y cómo tener hijos.
Derechos humanos de los inuits
El caso ha tensado las relaciones entre el Gobierno autónomo de Groenlandia y el Gobierno central de Dinamarca. El Consejo por los Derechos Humanos de Groenlandia y el Instituto Danés de los Derechos Humanos emitieron un comunicado denunciando que esta práctica “supuso una clara violación de los derechos humanos”. Desde Nuuk, la capital de Groenlandia, el partido socialdemócrata Siumut fue más allá calificando las políticas de planificación familiar destapadas por DR como “un método de despoblación” dirigido hacia el pueblo inuit, que actualmente supone alrededor del 86 por ciento del total de 57.000 habitantes de Groenlandia.
Desde Copenhague, la oficina de la primera ministra emitió un comunicado en junio anunciando que tomaría cartas en el asunto “para investigar la relación histórica entre Dinamarca y Groenlandia desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad”.
En la nota de prensa, la primera ministra, Mette Frederiksen, afirmó que “la relación danesa-groenlandesa es hoy en día fuerte y se basa en el respeto mutuo”, y aseguró que “este documento ayudará a la reconciliación histórica”. Sin embargo, no es la primera vez que se produce un escándalo alrededor de los capítulos más oscuros del pasado colonial de Dinamarca. Hace tan solo un año, Frederiksen pidió perdón públicamente y ofreció compensaciones por los casos de asimilación forzada de niños inuit durante los años 50. En ese caso, se trató de un “experimento social” que separó a decenas de niños groenlandeses de sus familias para ser trasladados a vivir a Dinamarca, donde sufrieron un proceso de desnaturalización para adoptar la lengua y las costumbres de la metrópolis.