El Parlamento danés ha aprobado este jueves una polémica ley que permite crear centros en el extranjero, a donde serán trasladados los solicitantes de asilo que lleguen a Dinamarca mientras se tramitan sus peticiones.
La ley ha sido aprobada por 70 votos a favor frente a 24 en contra y ha contado con el apoyo del Partido Socialdemócrata, que gobierna en minoría, y de todas las fuerzas de la oposición de derecha.
El proyecto legal ha estado rodeado de controversia y ha generado críticas de varios de los aliados de izquierda del Ejecutivo, ONG y de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que han cuestionado su legalidad.
“Al poner en marcha un cambio tan drástico y restrictivo de la legislación sobre refugiados, Dinamarca se arriesga a provocar un efecto dominó”, señaló recientemente el representante de ACNUR en los países nórdicos, Henrik Nordentoft.
El ministro de Integración y Extranjería danés, Mattias Tesfaye, ha asegurado que la reforma es legal y que los acuerdos que Dinamarca establezca con terceros países respetarán “las obligaciones internacionales” de su país. Tesfaye admitió recientemente que todavía no hay ningún acuerdo cerrado y que las autoridades danesas mantienen conversaciones con hasta una decena de países.
El titular de Integración danés viajó el mes pasado por sorpresa a Ruanda, donde firmó un convenio para estrechar la cooperación con este país en materia de inmigración y que ha abierto la puerta a la construcción de un posible centro, lo que provocó duras críticas de varias organizaciones.
Dinamarca, que no forma parte de la política común de la Unión Europea (UE) en materia de justicia e inmigración, ha impulsado una línea dura desde hace dos décadas, que han mantenido sin cambios los sucesivos gobiernos de izquierda y derecha.
El anterior gobierno liberal-conservador de Lars Løkke Rasmussen (2015-2019) acentuó esa línea, coincidiendo con la llamada crisis de los refugiados en Europa, con el apoyo constante del Partido Socialdemócrata, dirigido por Mette Frederiksen, primera ministra desde hace dos años.