El Gobierno neerlandés ha presentado este viernes su dimisión en bloque por la polémica provocada por las ilegalidades administrativas en la asignación de las ayudas a familias con hijos, que afectó principalmente a padres de origen migratorio y llevó a muchos a endeudarse para devolver a la agencia tributaria lo recibido durante años, según informan los medios locales y confirma la televisión holandesa NOS.
A tan solo dos meses de las elecciones legislativas, el gabinete dirigido por el liberal Mark Rutte asumió la responsabilidad política por lo ocurrido, considerado por la prensa el mayor escándalo político y administrativo de las legislaturas de Rutte, al frente de sucesivos gobiernos desde 2010.
Según NOS, el Ejecutivo permanecerá como gobierno interino hasta los comicios del 17 de marzo, lo que le permitirá seguir gestionando la pandemia y aplicando las restricciones necesarias como parte del actual confinamiento, que mantiene cerrada toda la actividad no esencial hasta al menos el 9 de febrero.
La dimisión parecía inminente desde hace varios días y los cuatro partidos que forman la coalición –liberal VVD, Llamada Democristiana CDA, los progresistas D66 y Unión Cristiana– se han reunido varias veces para negociar su decisión, pero, según RTL Nieuws, mientras todos los socios apostaban por la renuncia, Rutte se resistía a dar el paso y solo las amenazas de los otros partidos a retirarle su apoyo en el parlamento le hicieron ceder este viernes.
Según los comentaristas, es el mayor escándalo político y administrativo de Países Bajos. Decenas de miles de familias, en su mayoría de origen turco y marroquí, fueron víctimas de falsas acusaciones de fraude de la asignación que usaban para financiar el cuidado de sus hijos.
Los primeros casos de este escándalo se remontan a 2014, cuando la Agencia Tributaria empezó a enviar cartas a más de 26.000 familias acusándolas sin fundamento de fraude para obtener ayudas con las que pagar las guarderías de sus hijos, y les exigieron devolver decenas de miles de euros recibidos en prestaciones en plazos que no superaban las semanas, lo que llevó a muchos a perder su casa, trabajo y a endeudarse para reunir el dinero.
Las autoridades fiscales, que seguía bloqueando las ayudas a pesar de que las familias enviaban los documentos necesarios para justificar su necesidad de obtener la prestación, no daban explicaciones a los afectados, demostrándose más tarde que eran en su mayoría familias de origen extranjero las que fueron objeto de esta medida, y que su segunda nacionalidad estaba señalada en los documentos oficiales, algo ilegal por discriminatorio.
Hace un mes, un comité parlamentario formado para investigar lo ocurrido concluyó en un informe que se había cometido una “injusticia sin precedentes” contra los padres, que recibieron un “trato institucionalmente sesgado”, lo que “viola los principios del Estado de derecho”, y acusó a ministros, funcionarios, diputados y jueces de haber “cometido errores”.
En una primera reacción, el líder de la izquierda verde GroenLinks, Jesse Klaver, ha subrayado que la dimisión es “la única decisión correcta” que podría haber tomado el gobierno neerlandés y ha apostado por “un nuevo comienzo, un punto de inflexión, el momento para construir un Estado de bienestar en el que el ejecutivo se apoya en sus propios ciudadanos”.