El Gobierno y los indígenas ecuatorianos han llegado durante el domingo a un acuerdo mediante el cual se derogará el decreto 883, que eliminó el subsidio a los combustibles y provocó la actual ola de protestas en Ecuador contra las medidas de austeridad.
“Como resultado del diálogo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883, para lo cual se instala una comisión que elaborará este nuevo decreto”, anunció el coordinador de las Naciones Unidas en Ecuador, Arnaud Peral, tras varias horas de diálogo entre las partes a las afueras de Quito.
La comisión estará integrada por las organizaciones del movimiento indígena, quienes han encabezado las protestas contra las medidas de austeridad económica adoptadas por el Gobierno a petición del Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Gobierno con la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, además de contar con la veeduría de las otras funciones del Estado.
“Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país”, reza el texto, que leyó el coordinador de las Naciones Unidas en este país andino.
Constató que el país está en “una situación grave, dramática desde hace doce días. Ha habido muertos, heridos, personas que han perdido su empleo, su entorno, que han sufrido por sus familias, muchísima angustia. Ya llegó el momento de la paz, del acuerdo, el momento de mirar el futuro para Ecuador”.
Calificó al acuerdo de “fantástico y extraordinario paso adelante” para Ecuador, que ha vivido protestas, muchas de ellas violentas, que han dejado siete muertos, según la Defensoría del Pueblo.
El jefe de Estado, Lenín Moreno, dijo solemnemente que el acuerdo ha significado “sin duda alguna sacrificio de cada una de las partes porque eso es un acuerdo, el ceder de parte y parte”.
Afirmó también que no existe “otro principio más maravilloso que la paz” y agradeció a los militares y policías porque sabe de la “sacrificada, esforzada labor que cumplen”, porque muchos de ellos están también lesionados.
De su lado, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Jaime Vargas, sostuvo que se debe respetar la Constitución, entre otros aspectos, en el campo de la consulta previa antes de acciones sobre sus territorios.
Y, en un resumen del proceso “de lucha y resistencia”, enumeró que los indígenas han tenido más de 2.000 heridos, más de mil presos, alrededor de diez asesinados, alrededor de más de cien desaparecidos en el país“, así como ”tortura de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional“.
En esa línea, pidió la renuncia de la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, y del titular de Defensa, Oswaldo Jarrín, pues “solo así el pueblo ecuatoriano tendrá paz y libertad y tendremos la oportunidad de seguir dialogando para construir proyectos participativos, que beneficien verdaderamente al país y al pueblo”.