El número de víctimas por explosiones de minas antipersona en el mundo registró en 2016 el mayor aumento desde 1999, cuando se empezaron a contabilizar, según un informe publicado este jueves en Estados Unidos.
El informe, elaborado por la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona (ICBL), indica que los afectados por las detonaciones de estas armas de guerra alcanzaron los 8.605, de los que murieron al menos 2.089, una cifra cercana a los 9.229 contabilizados en 1999. Las víctimas sufrieron así las consecuencias de conflictos bélicos en países como Afganistán, Libia, Ucrania o Yemen.
En 2016 también se computó la mayor cantidad de casos de víctimas infantiles y de damnificados por minas improvisadas desde el inicio del registro en 1999, según el estudio.
La mayoría de los alcanzados por la explosión de uno de estos artefactos, el 78%, era población civil –una tendencia similar a la de ejercicios anteriores–, de los cuales el 42% era menor de edad.
Myanmar y Siria protagonizaron de nuevo la instalación de nuevas armas de este tipo por parte de sus fuerzas estatales, un fenómeno que ICBL calificó de “poco usual” en el mundo y que ambos países llevan albergando desde 1997 y 2012, respectivamente.
Más extendido fue el uso por parte de grupos armados no estatales, que optaron por esta implantación en nueve países: Afganistán, India, Irak, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Siria, Ucrania y Yemen.
Como parte de las acciones para acabar con los espacios minados, los países trabajaron en asegurar las áreas previamente minadas e informaron de 170 kilómetros cuadrados de territorio libre de minas -cercano a las cifras de 2015- y de la destrucción de más de 232.000 minas terrestres.
En total, aún existen 61 países “contaminados” por estos artefactos, de los que 31 forman parte del Tratado sobre Prohibición de las Minas Antipersona, que pide la limpieza del territorio en un plazo de diez años, un margen que solo apuntan a cumplir Chile, República Democrática del Congo, Mauritania y Perú.
Por su parte, Argelia y Mozambique confirmaron el desminado total de sus territorios en 2016 y Bielorrusia completó la destrucción de sus reservas. Los Estados miembros del acuerdo contra el uso de minas destruyeron 2,2 millones de reservas de estos explosivos en 2016, de una cantidad acumulada de 53 millones.
Angola, Ecuador, Irak, Tailandia y Zimbabue se encuentran a la espera de que se les apruebe una prórroga en los plazos para el desminado antes de que finalice 2017.
Quien no ha reclamado una extensión de este lapso incurriendo, por tanto, en una violación del acuerdo es Ucrania, que no cumplió el desmantelamiento ni la eliminación de las reservas en el tiempo previsto.
Otro de los datos que refleja el informe es que, por primera vez desde 1999, Colombia no registró el uso de estos materiales por parte de grupos no estatales.
En 2016, se incrementaron las donaciones globales para la acción contra las minas hasta los 564 millones de dólares, lo que implica 40 millones más que en 2015.
Estas contribuciones incluyen el desminado, la asistencia a víctimas, la educación sobre el riesgo de esos artefactos, la destrucción de reservas, la monitorización y otras campañas.
El pacto sobre la prohibición de minas se convirtió en ley internacional en 1999 y engloba hoy a un total de 162 Estados que son parte de esa normativa.