Era un día soleado de octubre. Los empleados de la exportadora de diamantes Hari Krishna Exports, protegidos todos con sus gorras corporativas, aguardaban a recibir las llaves de los 600 coches nuevos que su jefe iba a regalarles. Una tradición anual cortesía de la empresa. Los vehículos blancos, impolutos, perfectamente ordenados, lucían cada uno la bandera tricolor india en una explanada. Al fondo, sobre el escenario, una enorme pantalla en la que aparecía el primer ministro indio, Narendra Modi. “Hoy tenemos un empleo y unas oportunidades empresariales sin precedentes en el país”, dijo en su discurso tras desglosar las buenas obras de su gobierno en materia laboral. Aplausos.
La India de Modi. La de los récords, los eslóganes y un marketing en el que no tiene competidores. La que crece por encima del 7%. La que quiere atraer a inversores mundiales. La “Nueva India”, como él mismo dice.
La otra cara de esta nueva India, sin embargo, es la de al menos tres huelgas generales secundadas por más de 100 millones de trabajadores que se oponen a las políticas laborales del partido gobernante Bharatiya Janata Party (BJP). Tres en sólo una legislatura de cinco años.
La última, esta semana. Una huelga masiva de dos días convocada por diez de los sindicatos más fuertes del país que calculan un seguimiento de entre 150 y 200 millones de trabajadores, cifras que no han podido ser confirmadas. Según proclamó Amarjeet Kaur, secretaria general de la federación All India Trade Union Congress (AITUC), se trata de una movilización sindical de proporciones nunca antes vistas.
Los paros fueron multitudinarios en sectores como el transporte, la banca pública, la industria energética, las minas de carbón, el comercio, las oficinas gubernamentales, el sector informal y numerosas fábricas. Resultado: las principales ciudades, parcialmente paralizadas; carreteras y vías de tren, bloqueadas; negocios y sucursales, cerrados; plantas de producción, vacías.
Sus principales demandas al Ejecutivo: aumento del salario mínimo, una seguridad social universal, pensiones aseguradas, poner fin a la precariedad de los contratos temporales y verbales, acabar con la privatización del sector público, bajar el precio de alimentos básicos como el arroz, el cumplimiento de las leyes laborales o dar respuesta al creciente desempleo que vive la India.
“La cuestión es que puedes ser despedido a pesar de todas las leyes que te protegen. Y nadie acudirá en tu ayuda”, dice en conversación con eldiario.es Gautam Mody, secretario general del sindicato New Trade Union Iniciative (NTUI). “¿Por qué es tan fácil despedir trabajadores? Primero porque no hay contrato entre empleador y empleado. Pero además al final del día encontrarás uno nuevo, porque la masa de gente que busca trabajo es enorme, por lo que cada uno puede ser reemplazado por diez candidatos nuevos e incluso más baratos que vienen desde todos los puntos de India”.
En 2014 el nacionalista hindú Modi destronó al Partido del Congreso de la familia Nehru-Gandhi con grandes promesas sobre el empleo y el desarrollo económico de la India. En una legislatura, dijo, crearía 10 millones de puestos de trabajo. Pero precisamente el desempleo está siendo la gran laguna de un mandato que intentará revalidar en las elecciones de este año.
Acaba de salir publicado un estudio del Centro de Seguimiento de la Economía India (CMIE), una empresa de negocios e investigación, que señala que casi 11 millones de indios perdieron su empleo en 2018: una masa de 408 millones de trabajadores que ha pasado a ser de 397. La tasa de desempleo creció en diciembre al 7.4%, el dato más alto en los últimos 15 meses. En esa línea se mueve también el informe anual que publica la Oficina de Empleo: en su última edición confirma que la tasa de desempleo mantiene la caída que lleva arrastrando desde 2013-2014.
Según el estudio del CMIE sobre el último año, ocho de cada diez empleos se han perdido en zonas rurales y sólo dos en ciudades. Es también una cuestión de género: ellas han perdido 8.8 millones de puestos de trabajo y ellos, 2.2 millones. Los más afectados son obreros, agricultores y pequeños comerciantes; los mismos que sufrieron un golpe más duro tras la “desmonetización” que llevó a cabo el gobierno en 2016, cuando retiró de manera repentina los billetes de 500 y 1.000 rupias, los más utilizados en India.
Para Modi la situación es completamente opuesta. La creación de empleos va viento en popa. Sólo en 2017, dice, se crearon siete millones de puestos de trabajo en el sector formal. Lo que ocurre es que “la forma tradicional de medir los empleos” no casa con “la nueva economía de la nueva India”. Una economía de emprendedores en la que, como él mismo afirmó, un hombre que no encuentra trabajo y que acaba friendo y vendiendo pakodas (un snack indio) en la calle por tres euros al día es un creador de empleo. El ex ministro de Finanzas Palaniappan Chidambaram le respondió: “según esa lógica, mendigar es un trabajo”.
En los últimos cinco años el gobierno del BJP ha lanzado numerosos planes centrados en el emprendimiento, la capacitación de los trabajadores y los incentivos a las empresas para exportaciones y creación de empleo. Pero los expertos cuestionan principalmente dos aspectos: que el emprendimiento individual no es una solución suficiente ante la profunda crisis laboral nacional y que la implementación y el éxito de estos programas están lejos de ser idóneos. Algunas empresas dan de alta a empleados que ya tenían en negro para recibir ayudas (por lo que en realidad no están creando empleo), los préstamos prometidos no siempre llegan o no llegan en las cantidades anunciadas, la mayoría de trabajadores se encuentra fuera del acceso a esos planes...
Un ejemplo: en 2015 Modi anunció que más de 400 millones de indios recibirían capacitación profesional gracias a una de sus iniciativas estrella (Skill India) antes de 2022. Hasta la fecha, menos de cuatro millones han pasado por ese programa y sólo un millón ha logrado un empleo posteriormente.
El analista indio Thomas Manuel, especializado en conflictos laborales, nos explica que las reformas que está impulsando el BJP están centradas en facilitar los negocios para las empresas simplificando sus requisitos y deberes, pero “no han mostrado ningún interés en ver los problemas laborales desde el punto de vista de la clase trabajadora”. Por eso sostiene que la situación del trabajo en India seguirá en caída libre, una impresión que coincide con las previsiones de la Organización Internacional del Trabajo para el futuro del país asiático: estima que en 2019 se perderán 19 millones de puestos de trabajo y que el 77% de los trabajadores tendrán un empleo “vulnerable”.
Esta semana el Parlamento indio aprobó una ley que reserva una cuota del 10% de los empleos a los más pobres. El sistema de cuotas es uno de los pilares de la India independiente que levantó la dinastía Nehru-Gandhi, y que trata de reducir la discriminación histórica hacia las castas más bajas, las comunidades tribales y las clases más desfavorecidas garantizándoles plazas en empleos públicos e instituciones educativas.
El problema, hoy día, es que al reducirse la oferta laboral se aviva el conflicto entre castas y clases sociales: los de arriba ven que las ayudas a los de abajo les perjudican y reclaman ser tratados como ellos. En los últimos años se han vivido protestas surrealistas a manos de miembros de castas intermedias que reivindicaban su condición de casta inferior para poder acceder a esos derechos educativos y laborales. Todo, con tal de trabajar en la Nueva India de Modi.