El pasado 3 de noviembre, dos bulldozers y dos excavadoras llegaron escoltados por el ejército israelí dispuestos a arrasar la aldea beduina palestina de Humsa al Bqai’a, situada en el Valle del Jordán, en Cisjordania. Derribaron 18 tiendas y casetas en las que se alojaban 73 personas, incluidos 41 menores. El 75% de la comunidad perdió su hogar, según la ONU. También derribaron otras 29 tiendas para el ganado, tres almacenes, nueve carpas utilizadas como cocinas, 10 baños portátiles, 10 corrales, 23 depósitos de agua y dos paneles solares, entre otros. Fue la mayor operación de demolición en más de una década.
Israel tiene a Humsa al Bqai’a en el punto de mira y el mes pasado repitió la operación hasta en cinco ocasiones los días 1, 3, 8, 16 y 22 de febrero. En total, entre noviembre y febrero, Israel ha destruido o confiscado 165 estructuras y desplazando a 311 personas de Humsa al Bqai’a (la cifra suma todas las veces que una misma persona ha sido expulsada). Además, buena parte de la infraestructura destruida y confiscada había sido donada a los palestinos como asistencia humanitaria, entre otros por la Unión Europea y sus Estados miembros.
“Es una aldea beduina tradicional en territorio ocupado que depende de sus casas tradicionales, sus rebaños y sus depósitos de agua para su cobijo, su seguridad alimenticia y su supervivencia económica”, señalaron a principios de marzo el relator especial de la ONU sobre la situación de derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967, Michael Lynk, y el relator sobre el derecho a una vivienda adecuada, Balakridhnan Rajagopal. “Separar a esta gente de sus tierras y sus casas es particularmente punitivo dado el duro invierno al que se están enfrentando y el peligro siempre presente de una pandemia global”.
La explicación que ha dado Israel para justificar sus operaciones en Humsa al Bqai’a es que la aldea se sitúa sobre una zona de tiro para la formación de militares israelíes. “En las últimas semanas, el personal de la Administración Civil ha mantenido varias reuniones con los residentes palestinos de Khirbat Humsa y les explicó el peligro de permanecer dentro del área de prácticas militares y les ofreció un espacio alternativo fuera de él”, señala a elDiario.es una fuente de la embajada israelí en España.
“La razón de esta medida es evitar situaciones de peligro para los habitantes de la zona. En cualquier caso, las carpas se habían instalado de forma ilegal y sin los permisos necesarios. A pesar de la oferta, los residentes se negaron a trasladarlas”, añade la misma fuente, que dice que las carpas se confiscaron porque los residentes se negaron a abandonar la zona. “El decomiso, debidamente autorizado, se ejecutó conforme al procedimiento correspondiente”.
El activista israelí Jeff Halper, fundador de la organización Israeli Committee Against House Demolitions (comité israelí contra la demolición de casas), ha pasado buena parte de su vida promoviendo la resistencia pacífica e intentando parar este tipo de operaciones poniéndose delante de las excavadoras. “La demolición de casas no tiene nada que ver en absoluto con la seguridad”, dice.
“Con Hamsa al Bqai’a dicen que es una zona de tiro, pero eso solo es una excusa. En la gran mayoría casos se demuelen porque no obtienen permisos para construir, pero cuando quieren deshacerse de aldeas enteras, lo que hacen es declarar el territorio como zona de tiro y entonces utilizan la seguridad como justificación para eliminar estas comunidades. En realidad no tiene nada que ver con seguridad”, denuncia Halper.
Desde los años 70, Israel ha declarado alrededor del 18% de Cisjordania como “zonas de tiro” para entrenamiento militar. Esto se da sobre el territorio designado como Área C –el de mayor control israelí–, que representa el 60% de todo Cisjordania. Alrededor del 30% del Área C ya es un campo de tiro para Israel. En este sentido, Humsa al Bqai’a es una de las 38 comunidades beduinas que han quedado atrapadas en estas zonas de entrenamiento militar. En total, son alrededor de 6.200 palestinos los que están en esta situación.
“Son algunas de las comunidades más vulnerables de Cisjordania, con acceso limitado a servicios educativos y sanitarios, agua e infraestructura de saneamiento y electricidad”, señala la OCHA (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios). La aldea de Humsa al Bqai’a tiene su origen en el desplazamiento provocado por la primera guerra árabe-israelí de 1948. Desde entonces, la comunidad se ha ido asentando gradualmente “debido a la expansión de los asentamientos israelíes y a las restricciones impuestas en el acceso a sus tierras de pasto”, señala el organismo de la ONU.
“El objetivo real es tomar la tierra. Primero se quita y luego se entrega a los asentamientos israelíes”, dice Halper. “Están atacando todo Cisjordania, pero el Valle del Jordán es el principal objetivo porque Israel quiere limpiarlo para asentamientos israelíes y de esa forma rodear a la población Palestina. Las zonas A y B –de mayor control palestino– quedan en el centro y así lo dominas geográficamente”.
“Los hogares y las pertenencias de las familias que viven ahí fueron demolidas o confiscadas cinco veces desde principios de febrero. Tiendas, comida, depósitos de agua y pienso para el ganado han sido confiscados a pesar de las repetidas peticiones de la comunidad internacional para frenar estas acciones y cumplir con la legislación internacional”, señaló Lynn Hastings, coordinador humanitario para el territorio ocupado palestino de la OCHA, tras la operación del 22 de febrero.
Israel ha aumentado considerablemente las demoliciones durante la pandemia de coronavirus, incumpliendo una promesa que había hecho al inicio de la crisis sanitaria. En abril de 2020, la Administración Civil prometió que no derribaría “edificios habitados” y que se esforzaría en “reducir la tensión con la población palestina”.
En 2020, sin embargo, destruyó 851 estructuras, un 36% más que el año anterior, según datos de OCHA. De hecho, es la segunda cifra más alta desde hace 12 años. En 2021, las autoridades israelíes ya han derribado 273 estructuras, 100 de ellas financiadas por donantes internacionales, lo que también representa un mayor ritmo de demoliciones que en 2020 (alrededor de un 28% más).
“La política de las autoridades israelíes de demoler construcciones palestinas ha continuado incluso durante el brote de COVID-19. Como resultado, muchos palestinos se han quedado sin casa y muchos han perdido acceso a servicios y a su sustento”, señaló en septiembre Jamie McGoldrick, coordinador humanitario de la ONU en Palestina. “La destrucción de propiedad en un territorio ocupado está prohibida bajo el derecho internacional a no ser que sea absolutamente necesaria para operaciones militares”.
“La destrucción de infraestructura esencial durante la pandemia de COVID-19 es especialmente preocupante. La pandemia ha aumentado las necesidades y vulnerabilidades de los palestinos, que ya están atrapados en la anormalidad de una larga ocupación militar. por tanto, las demoliciones ilegales agravan estas vulnerabilidades y deben parar inmediatamente”, añadió.
Desde 2009, Israel ha demolido 7.515 construcciones, desplazando a 11.000 personas. “En el 99% de los casos dicen que es un problema de construcción y en un 1% alegan razones de seguridad. Es imposible obtener un permiso de construcción y además puede costarte entre 20.000 y 30.000 euros, pero el 77% de los palestinos vive bajo el umbral de la pobreza. Por un lado sabes que si no tienes permiso, te pueden demoler, pero por otro lado no tienes suficiente dinero ni siquiera para solicitarlo y, si lo tuvieses, sabes que no lo vas a obtener”, explica.
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