Impuestos especiales y suspensión de nuevas licencias: Portugal endurece las normas a los pisos turísticos

Tras una década de expansión, el sector de los pisos turísticos en Portugal se enfrenta ahora a un nuevo impuesto extraordinario del 15% y a nuevas normas que pretenden limitar el crecimiento de este tipo de alojamientos en las grandes áreas metropolitanas y en la zona litoral. Por ahora, la concesión de nuevas licencias está suspendida, salvo en las regiones del interior del país sin problemas de masificación turística.

El parlamento aprobó el 19 de julio el paquete de medidas 'Más vivienda' para atajar la grave crisis en Portugal. El país luso es ahora el país de Europa donde más tarde se emancipan los jóvenes –con una media de 33,6 años– y es uno de los países con menor parque público de viviendas, ya que solo representa alrededor del 2% del total. En Lisboa, el 60% de las viviendas son de uso turístico.

Hasta ahora, la concesión de nuevas autorizaciones de alojamientos turísticos se realizaba prácticamente sin límites. El cambio legislativo introducido por el programa “Más Vivienda” obliga a que cada ayuntamiento defina el coeficiente máximo de pisos turísticos en su territorio. Solo a partir de esta definición podrán concederse nuevas autorizaciones, que quedarán automáticamente anuladas si se produce una venta o transmisión de la propiedad del alojamiento turístico, como forma de intentar combatir la especulación inmobiliaria.

También será necesario que todos los propietarios de una comunidad aprueben una nueva licencia de alojamiento turístico antes de que se conceda en una de las fracciones. Esta limitación solo se aplica a las nuevas solicitudes.

Portugal cuenta con más de 108.000 unidades de alojamiento turístico registradas, lo que representa una capacidad de más de 400.000 camas en todo el país, casi el 2% del total del parque de viviendas.

Después de años en los que la economía portuguesa atribuía gran parte de su recuperación económica al alto rendimiento turístico del país, el supuesto “milagro económico” de Portugal – como lo ha descrito alguna prensa internacional – se ha convertido en una crisis inmobiliaria sin precedentes que ha expulsado de las grandes ciudades a las familias con menos recursos. La apuesta por promover el turismo ha provocado un aumento del número de pisos turísticos, en detrimento de las viviendas que se reservaban para alquileres de larga duración.

elDiario.es ha hablado con Luís Mendes, geógrafo del Instituto de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Lisboa, que describe un problema con varias dimensiones. “La vivienda es un problema coyuntural –del mercado que no funciona y de la falta de intervención del Estado– y un problema estructural porque Portugal no ha desarrollado plenamente el Estado social en este ámbito”, explica, situando a las ciudades portuguesas en un “escenario de crisis global de acceso a la vivienda asequible”.

Se trata de una tormenta perfecta que se arrastra desde la crisis económica de 2008. Desde entonces, la mayor parte de la construcción que se ha llevado a cabo se ha dirigido al sector de lujo, impulsada por la gran demanda en busca de un visado de oro que permitiera automáticamente acceso al espacio Schengen.

Turismo y visados de oro: la gran apuesta para recuperar la economía

“La opción del Gobierno fue centrarse en el turismo y atraer inversiones extranjeras, atrayendo a poblaciones con un poder adquisitivo mucho mayor y distorsionando los precios del mercado”, argumenta Luís Mendes. Además de este escenario, el investigador también se refiere a la ley de alquileres de 2012, que liberalizó los procedimientos de desahucio y permitió la escalada de los precios de los alquileres, como uno de los momentos más importantes de desregulación del mercado. Al mismo tiempo, “el 15% de los edificios están vacíos sin ningún uso”, una cifra que el investigador considera “preocupante” e “incompatible con las necesidades de vivienda”.

Pero no solo se quejan los propietarios de viviendas de alquiler. La mayor parte de los préstamos para vivienda del país también se hacen sobre la base de tipos de interés variables, lo que significa que, en un momento de tipos de interés altos como el que estamos viviendo, el poder adquisitivo de las familias portuguesas está muy condicionado por la subida de las cuotas de la vivienda, agravando los problemas sociales en un país donde el salario medio neto ronda los 1025 euros al mes.

El geógrafo no descarta los impactos positivos derivados del turismo, como “el crecimiento económico y el empleo, aunque no cualificado, o la rehabilitación urbana”, pero este proceso tiene un lado oscuro: “La gentrificación, porque la vivienda deja de ser un derecho básico para convertirse en un activo financiero”.

En cuanto al programa legislativo sobre vivienda, aprobado este mes de julio, lo considera “un paquete de medidas positivo en términos generales, pero que se queda corto” dadas las “concesiones que se hicieron al sector inmobiliario” en un programa lleno de “medidas quirúrgicas y muy puntuales”. A pesar de haber asesorado al Ministerio de Vivienda en la elaboración de este paquete legislativo, Mendes se declara “triste” por el resultado final “distorsionado” por aspectos en los que el Gobierno cedió y “no debería haber cedido”. Lamenta, por ejemplo, que el fin del visado de oro se haya convertido sólo en un mero “cambio de nombre –Proyecto de Fomento del Emprendimiento de los Inmigrantes–” y que el éxito del programa “dependa de la voluntad de los particulares de poner sus propiedades en el mercado”.

Toda la discusión pública “giró en torno al alquiler forzoso de viviendas desocupadas”, previsto inicialmente para viviendas sin ocupación permanente que no fueran de emigrantes o segundas residencias y que, argumenta Luís Mendes, representaba sólo “una nota a pie de página en esta ley”, pero cuya presión mediática “llevó a contaminar el debate sobre las demás medidas”.

Uno de los ejemplos de la presión turística a la que se enfrenta Lisboa tiene lugar esta semana. Miles de peregrinos llegan estos días a Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Más de 100.000 de ellos, de nacionalidad española, el país más representado en el evento. Los responsables políticos portugueses siguen reafirmando las repercusiones positivas de que Lisboa sea la “capital del mundo católico” durante una semana, sosteniendo que el acontecimiento puede tener un impacto positivo en la demanda turística de la ciudad. El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, elegido por el partido de centroderecha PSD, considera que “el turismo es importante, pero no es el turismo el que le quita la casa a la gente” y pone el ejemplo de la JMJ, que “es un evento de siete días, donde la gente viene a Lisboa, está aquí siete días, luego se va, y en esos siete días gastará 200 o 300 millones de euros con un impacto económico positivo”. Un sector de la oposición más a la izquierda, por su parte, critica el gasto municipal –alrededor de 35 millones de euros– en un acontecimiento religioso, cuando ese dinero podría invertirse en la construcción de viviendas públicas.