Portugal pasa a los ayuntamientos la responsabilidad de las polémicas medidas para abordar la crisis de vivienda

El jueves, día en que el Gobierno portugués cumplía un año en el cargo, el primer ministro António Costa presentó la versión final del paquete legislativo que pretende resolver la crisis de la vivienda en Portugal. Las principales novedades están relacionadas con la aclaración de cómo se aplicarán medidas que han generado un intenso debate, en particular el alquiler forzoso de viviendas desocupadas.

En una rueda de prensa marcada por los constantes sonidos de protesta de unas dos docenas de propietarios de pisos turísticos que se quejan de que su actividad está en peligro, el primer ministro admitió que la actividad “requiere una regulación porque tiene un gran impacto en el acceso a la vivienda”. Portugal tiene registrados 108.000 alojamientos de este tipo, la mayoría en las regiones turísticas del Algarve y Lisboa.

António Costa dejó en manos de los ayuntamientos la decisión de qué hacer en cuanto a los pisos turísticos. En los municipios del litoral y en aquellos con más presión de la demanda, se suspenderán ya las nuevas licencias y los ayuntamientos tendrán que hacer un plan municipal de vivienda para definir ratios para los distintos tipos de alojamiento. En cuanto a las licencias ya concedidas, en 2030 los ayuntamientos tendrán capacidad para decidir si renuevan o no las licencias de los actuales pisos turísticos. A quienes decidan sacar su casa del alquiler de corta duración hasta 2024 se les promete una dispensa fiscal hasta el final de la década.

Sobre el alquiler forzoso de casas desocupadas, hay una aclaración: sólo se aplica apartamientos, quedan excluidas las regiones de baja densidad de población, y las casas tienen que haber sido necesariamente clasificadas como vacías durante los dos últimos años por los ayuntamientos donde estén ubicadas. Esto significa que, aunque las casas estén vacías, si no han sido clasificadas como vacías hasta ahora, sólo podrán ser objeto de alquiler forzoso dentro de dos años. En todo el país sólo hay 10 mil casas en estas condiciones, a pesar de que hay registradas más de 700 mil viviendas desocupadas. Las excepciones siguen siendo los casos de casas de vacaciones, de emigrantes o de ancianos en residencias. Tras el arrendamiento forzoso, el propietario puede esperar recibir una renta máxima de hasta el 30% por encima de la renta media practicada en el municipio donde se encuentre la vivienda, que será garantizada por el Estado. 

En cualquier caso, los alcaldes de los mayores ayuntamientos del país, como Lisboa [dirigido por una coalición de derechas] y Oporto [dirigido por un independiente], ya han rechazado los poderes de supervisión que les ha otorgado el Estado. La concejala de Vivienda de Lisboa sostiene que el alquiler forzoso “traerá más problemas que soluciones” y, por tanto, “no se hará en Lisboa”. El alcalde de Oeiras, Isaltino Morais, municipio de la periferia de Lisboa con la renta media más alta del país, afirma que la solución pasa por “construir viviendas asequibles en terrenos de la reserva agrícola nacional” y no por el alquiler forzoso que “no funcionará”.

El Estado también cederá propiedades públicas a particulares y cooperativas de vivienda para que puedan convertirse en viviendas accesibles y dará beneficios fiscales a quienes coloquen sus casas en el mercado de alquiler a precios controlados

Portugal pierde mil viviendas al mes por el turismo

También llega a su fin el régimen del Visado de Oro que, durante una década, concedió permisos de residencia en Portugal a más de 11.000 personas que invirtieron en propiedades inmobiliarias en Portugal, casi la mitad de las cuales eran ciudadanos de origen chino.

En una entrevista en el canal de televisión SIC, el jueves por la noche, António Costa afirmó que, “cuando estamos viendo que mil casas al mes salen del mercado inmobiliario para convertirse en alojamientos turísticos, tenemos que decir que hay que parar”.

Las cifras consultadas por elDiario.es muestran que sólo en las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto hay 26.000 familias en lista de espera para una vivienda social con un alquiler que puedan pagar, sólo en el municipio de Lisboa hay 6.000 personas. Al ritmo actual de entrega de viviendas, harían falta 29 años de espera para proporcionar vivienda a todos los inscritos. El Plan de Recuperación y Resiliencia de Portugal prevé construir 26.000 viviendas a precios controlados en tres años, una cifra similar al número de nuevas inscripciones de alojamiento local en los últimos tres años, entre enero de 2020 y diciembre de 2022. 

Los partidos de la oposición han reaccionado con críticas. El PSD [centro-derecha] habla de un primer ministro “sin una sola novedad ni un mensaje de esperanza” y los liberales de IL dicen que “no hay ideas para el país”. A la izquierda de los socialistas, las críticas se dirigen a un António Costa “fuerte en propaganda, pero con poca voluntad de gobernar”, según palabras del líder parlamentario del Bloque de Izquierda.

Tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, el paquete legislativo pasa a la Asamblea de la Republica, donde la mayoría de los diputados del Partido Socialista garantiza su aprobación. El problema podría venir después. El Presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, tendrá que promulgar la ley, y ya ha criticado públicamente el programa, comparándolo con un “melón”: “sólo se sabe lo que hay dentro cuando se abre”.

No se sabe qué postura tendrá ahora el Presidente de la República, pero los cambios introducidos en el programa muestran la cautela del Ejecutivo para evitar que Marcelo Rebelo de Sousa recurra al Tribunal Constitucional con dudas sobre el paquete de medidas. En las últimas semanas ha habido muchas críticas por parte de los propietarios que se quejan de que las propuestas del Gobierno atacan el derecho constitucional a la propiedad privada. Por otra parte, la Constitución Portuguesa también consagra el “derecho de todos a disponer de una vivienda adecuada”.

Este sábado se ha convocado una manifestación en las principales ciudades del país bajo el lema “Casa para vivir”, en un movimiento espontáneo generado por las denuncias en las redes sociales. En el manifiesto publicado por el movimiento que agrupa a casi un centenar de asociaciones, se lee que se pretende movilizar a quienes se sienten afectados por la “locura de los alquileres y la falta de acceso a la vivienda, en un contexto de explosión de los y de aumento drástico del coste de la vida”. “Casa para vivir” exige el fin de los desahucios, la prohibición de embargar las casas que constituyen la residencia principal de una familia y el control del valor de los alquileres y de las cuotas de los préstamos bancarios.