El Gobierno de Irlanda anunció este miércoles que denunciará al Reino Unido ante el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo por la ley de amnistía aprobada por el Parlamento británico para investigar delitos cometidos en Irlanda del Norte durante los años más duros del terrorismo.
La legislación, presentada por el Gobierno de Boris Johnson en 2021 y aprobada por el Parlamento británico en septiembre, incluye una vía para que personas que pudieron cometer actos de violencia en Irlanda del Norte cooperen con una nueva comisión de reconciliación a cambio de inmunidad legal. Según la nueva norma, esto se haría después del reconocimiento de culpa y sólo en algunos casos, pero familiares y políticos de todo el espectro ideológico de Irlanda del Norte se han opuesto a la ley porque consideran que impedirá que se pueda perseguir a esas personas en otros procesos legales incluso en los casos más grave de asesinato. Además, la ley supone el final de querellas civiles y otras investigaciones de delitos sin esclarecer.
Paz de Viernes Santo
El acuerdo de paz de Viernes Santo, en abril de 1998, supuso el final del periodo más cruento de violencia entre las comunidades católica pro-irlandesa y protestante unionista con la implicación de grupos terroristas de ambos lados y el ejército británico. En las tres décadas anteriores, se estima que fueron asesinadas más de 3.500 personas, y quedan cerca de un millar de asesinatos sin resolver. Parte del acuerdo entonces fue el indulto de algunos presos que habían cumplido parte de su condena, pero no hubo entonces una amnistía general.
Todos los partidos de Irlanda del Norte, desde los unionistas hasta el Sinn Fein, se han opuesto a la legislación del Parlamento británico, visto por los irlandeses como un intento de proteger a soldados del Ejército británico. Familiares de víctimas ya se han querellado contra la ley británica en los tribunales de Belfast.
Micheál Martin, vice primer ministro de Irlanda, comentó este miércoles que la decisión del Gobierno irlandés se ha tomado “con mucho cuidado” y subrayó que la legislación tiene gran oposición “entre las personas en Irlanda del Norte, especialmente las víctimas y las familias afectadas”. También se quejó de que el Gobierno del Reino Unido “empujara la legislación de forma unilateral”.