El ministro israelí de la Diáspora, Amichai Chikli, ha dicho este martes que Israel está “extremadamente decepcionado” de que España no haya retirado su contribución a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), tras la acusación contra algunos de sus empleados por la supuesta participación en el ataque del grupo palestino Hamás del 7 de octubre.
Chikli, preguntado por la Agencia EFE en una rueda de prensa en Jerusalén, ha lamentado que “el Gobierno español está jugando un papel muy negativo hasta ahora”. “Estamos extremadamente decepcionados”, ha afirmado.
“UNRWA es Hamás, está liderada por Hamás”, ha asegurado el ministro, argumentando que el grupo islamista, que gobierna de facto la Franja de Gaza en 2007, no permitiría el funcionamiento de ninguna agencia en ese territorio que no esté alineada con sus intereses. “Gaza no es una entidad democrática, tienes básicamente dos opciones, una es ser Hamás y la otra ser arrojado desde el techo de algún edificio”, ha agregado.
Israel asegura que una docena de trabajadores de la UNRWA participó en el ataque que Hamás lanzó el 7 de octubre contra localidades judías próximas a la Franja, donde mató a unas 1.200 personas y secuestró a otras 250. En respuesta a ese brutal asalto, el Ejército israelí dio comienzo a su ofensiva contra Gaza, que se ha prolongado casi cuatro meses y en la que han fallecido más de 26.700 palestinos y casi dos millones se han visto desplazados.
Después de las acusaciones de Israel, la UNRWA anunció el 26 de enero el despido inmediato de 13 miembros de su personal y el inicio de una investigación sobre su supuesta implicación en el ataque. Pero eso no ha sido suficiente y hasta 16 países han decidido suspender su aportación económica a la agencia, el primero de ellos, Estados Unidos, el mayor donante hasta ahora.
De momento España, Noruega, Suecia, Dinamarca y Bélgica mantienen sus partidas, igual que los países árabes, pero han dicho que continuarán atentos al resultado de la investigación interna de la UNRWA. La Unión Europea anunció ayer que no va a cesar su “ayuda esencial” a los palestinos en Gaza y tomará una decisión sobre la financiación a la UNRWA, cuyo papel es “vital”, cuando se conozca el resultado de esa investigación.
Financiación española a la Corte Penal Internacional
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, confirmó este lunes que España mantendrá la financiación: “No modificaremos nuestra relación con UNRWA aunque seguimos de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar por los actos de una decena de personas de las alrededor de 30.000” que trabajan para la agencia. El Gobierno español realizó contribuciones voluntarias a la UNRWA por valor de 18,5 millones de euros en 2023, incluidos 10 millones aprobados el pasado mes de diciembre, tras la decisión de triplicar la ayuda de cooperación y humanitaria a Palestina.
La medida ha sido propuesta desde hace días por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien ha asegurado que el Gobierno “con esta decisión muestra coherencia y firmeza”: “A la exigencia de un alto el fuego inmediato, el apoyo expresado a la UNRWA y a las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y el anuncio de un pronto reconocimiento del Estado palestino, se suma la exigencia de que se investiguen las violaciones masivas de derechos humanos en Palestina y que sus responsables rindan cuentas ante un tribunal”.
En medio del debate en torno a la financiación de la UNRWA, el Consejo de Ministros ha acordado este martes una contribución voluntaria de 500.000 euros al Fondo Fiduciario de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para al año 2024. “España, respondiendo a su compromiso con la lucha contra la impunidad y la justicia penal internacional, contribuye financieramente al trabajo de la Fiscalía”, ha afirmado en un comunicado. Para España es de “especial importancia” apoyar algunas de las investigaciones de ese tribunal, entre las que está una sobre crímenes que presuntamente se han cometido en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental (abierta en 2021).
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha celebrado la decisión del Consejo de Ministros, asegurando que esos fondos contribuirán a la investigación de la CPI “de la barbarie contra el pueblo palestino”. Fuentes de Sumar en el Gobierno aseguran que la formación ha estado “presionando desde hace semanas para que nuestro país siguiera el ejemplo de otros como Irlanda” aprobando una aportación financiera como esta. “Hoy damos un pequeño paso para que el genocidio no quede impune, pero todavía queda mucho más por hacer. Ahora España debe mostrar públicamente su apoyo a las medidas cautelares de la CIJ”, señalan.