Boris Johnson aprovecha su mayoría absoluta para eliminar de la ley del Brexit la protección a trabajadores y menores refugiados

El Gobierno del primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, publicó este jueves la ley que regulará la salida oficial del Reino Unido de la Unión Europea (UE) el próximo 31 de enero y prohibirá alargar el periodo de transición del Brexit más allá de diciembre de 2020. La oposición ya ha mostrado su rechazo a la ley, que elimina los compromisos de no rebajar la protección de los derechos de los trabajadores y con los menores refugiados no acompañados en la UE que tienen parientes en Reino Unido.

La Cámara de los Comunes someterá este viernes a una primera votación esa legislación, que desarrolla el acuerdo sobre los términos de salida que han pactado Londres y Bruselas.

Se espera que la votación se celebre este viernes en torno a las 15:30 horas en España. En enero continuará la tramitación del texto en ambas cámaras parlamentarias, con vistas a que esté lista para recibir asentimiento de la reina Isabel II en las primeras semanas del nuevo año. El Partido Conservador obtuvo una sólida mayoría absoluta en las elecciones generales del pasado día 12, por lo que se espera que la ley resulte aprobada sin complicaciones.

Como estaba previsto, el texto revelado este jueves incluye una nueva cláusula que prohíbe explícitamente que un miembro del Gobierno extienda la transición del Brexit más allá de la fecha acordada, el 31 de diciembre de 2020. Hasta ese momento, el Reino Unido continuará integrado en las estructuras comunitarias, aunque no participará en la toma de decisiones.

La nueva versión de la ley del Brexit elimina además las disposiciones que otorgaban al Parlamento cierto control sobre el diálogo con Bruselas en torno a la futura negociación comercial entre ambos lados del Canal de la Mancha, que comenzarán una vez el Reino Unido esté fuera del bloque comunitario.

El Gobierno británico también ha suprimido una cláusula previa en la que se expresaba el compromiso a no rebajar los estándares laborales adquiridos a través de la legislación europea.

El Ejecutivo ha asegurado, al mismo tiempo, que planea blindar esos derechos a través de una normativa separada. El ministro británico para el Brexit, Stephen Barclay, ha defendido la decisión este viernes, según informa The Guardian. “Estamos absolutamente comprometidos con ellos [los derechos de los trabajadores] pero se trata de canalizarlos por la legislación adecuada”, ha dicho en TalkRadio.

“Esta legislación consiste en implementar en la legislación nacional el acuerdo internacional que hemos alcanzado con la UE”, ha afirmado Barclay, que ha defendido que “muy a menudo Reino Unido ha ido más allá que la Unión Europea en términos de derechos de los trabajadores”.

Sin embargo, los sindicatos han reaccionado con escepticismo a estas promesas. Desde la confederación de sindicatos británicos (TUC) han expresado su temor a que se “reduzcan” los derechos laborales y ha pedido a los trabajadores que “verifiquen la letra pequeña antes de confiar en las promesas de este gobierno”.

“Sabemos que muchos en el Gobierno están desesperados por reducir las estándares laborales. Por eso, el Gobierno ha lanzado otro ataque contra el derecho democrático de huelga para dificultar que los trabajadores defiendan sus derechos”, ha afirmado Frances O’Grady, secretaria general de TUC.

Por otro lado, la nueva versión elimina el compromiso del Gobierno de negociar un acuerdo post-Brexit para los menores refugiados que se encuentran en la Unión Europea y esperan reunirse con sus parientes en Reino Unido. Este requisito fue impulsado por el lord británico Alf Dubs, quien en declaraciones a The Independent ha calificado la decisión del Gobierno de “paso retrógrado” que puede dejar varados en Europa a cientos de menores con parientes en Reino Unido.

También ha recibido las críticas de ONG como Safe Passage, que ha dicho que es “muy impactante” que el Gobierno haya aprovechado la “primera oportunidad que tenía para diluir las protecciones para los niños refugiados no acompañados” y advirtió de que puede tener “consecuencias potencialmente trágicas”.