Durante siglos, el laberinto de calles estrechas y empedradas que conforman el barrio lisboeta de Alfama ha contado la historia del pasado de la ciudad. Pero en los últimos años, a medida que se multiplicaban los cafés de moda y los pisos turísticos, el casco histórico comenzó a contar una historia preocupante sobre su futuro.
El centro de la capital portuguesa sufrió una transformación vertiginosa. Los apartamentos turísticos estilo Airbnb coparon hasta un tercio de las propiedades. A medida que los habitantes de la ciudad se veían afectados por el precio y se mudaban a las afueras, comenzaron las quejas sobre las consecuencias de lo que algunos llaman el “terremoturismo”, el terremoto turístico.
Esa era la tendencia, al menos, hasta que la pandemia paralizó el turismo. “En cierto sentido, la COVID ha creado una oportunidad”, explica Fernando Medina, el alcalde de Lisboa, a The Guardian. “El virus no nos pidió permiso para entrar, pero tenemos la capacidad de usar este tiempo para pensar y ver cómo podemos avanzar en una dirección para corregir las cosas y encaminarlas de manera correcta”.
La ciudad aprovechó las circunstancias para dar a conocer un proyecto que estaba en marcha desde antes de la pandemia, un plan ambicioso para convertir algunos de los más de 20.000 pisos turísticos de la ciudad en viviendas asequibles.
La iniciativa, calificada por el gobierno municipal como una opción “libre de riesgos”, ofrece a los propietarios la posibilidad de recibir hasta 1.000 euros al mes si alquilan sus propiedades al Ayuntamiento por un mínimo de cinco años. A partir de ahí, el Ayuntamiento tomará el relevo, buscando inquilinos y arrendándolos a precios subsidiados con límites que no superen el tercio del ingreso neto de la unidad familiar.
Los propietarios recibirán cantidades que probablemente estén por debajo de lo que podrían ganar en el mercado turístico. Pero la ciudad cree que el ingreso estable y a largo plazo junto a la oferta de desembolso de hasta tres años de renta por adelantado logrará ganarse a los caseros, que se enfrentan a la incertidumbre generada por la pandemia.
El esfuerzo que Lisboa muestra cómo la pandemia ha dado a las administraciones públicas de todo el mundo la oportunidad de cambiar su postura hacia el problema de la vivienda. “Del mismo modo que el empleo y el trabajo van a cambiar profundamente como consecuencia de la crisis de la COVID-19, también lo hará la vivienda”, dijo el pasado mayo Balakrishnan Rajagopal, enviado especial de Naciones Unidas para el derecho a la vivienda adecuada, en declaraciones a la agencia Reuters. “Espero que lo veamos como una oportunidad para reinventar el mercado de la vivienda en un mundo pos-COVID-19”.
Varios gobiernos ya avanzan en esa dirección. En Inglaterra, las autoridades han prometido poner 3.300 viviendas a disposición de personas sin hogar. Venecia ha llegado a un acuerdo que permitirá que se alquilen pisos turísticos a estudiantes universitarios.
En otros lugares ya hay planes en marcha. En junio, dos hoteles en Vancouver que suman 173 habitaciones, fueron destinados a un programa para acoger a algunas de las personas más vulnerables de la ciudad. “La pandemia ha puesto aún más de relieve nuestra necesidad urgente de vivienda”, dijo el alcalde la ciudad, Kennedy Stewart. Meses antes, la ciudad californiana de San José dijo que aceleraría un plan por valor de 17 millones de dólares para construir hasta 500 pequeñas casas para albergar a las personas sin hogar durante la pandemia.
En Barcelona, el virus ha acelerado un proyecto que viene de largo y que pretende terminar con los hogares vacíos. En julio, las autoridades enviaron cartas de aviso a 14 entidades bancarias y fondos de inversión que poseen 194 viviendas que se consideran vacías desde hace más de dos años. Si no se alquilaban esas viviendas, la carta advertía de que el ayuntamiento comenzaría el proceso para expropiarlas por la mitad de su precio de mercado y convertirlas en viviendas sociales. “El plan ya existía”, dijo Lucía Martín, concejala de vivienda de la ciudad. “Lo que ha hecho la COVID es hacerlo incluso más necesario”
Hay quienes han puesto el objetivo en los alquileres a corto plazo, con planes que podrían empujar a los propietarios a ponerlos en el mercado a largo plazo. Ámsterdam ha prohibido recientemente los alquileres vacacionales en el casco antiguo del centro de la ciudad e impuso restricciones a los alquileres en otros barrios. En la República Checa, el poder legislativo ha elaborado una ley destinada a regular mejor los pisos turísticos. En septiembre, Toronto comenzó a exigir a los operadores de alquileres a corto plazo que se registraran en la ciudad, una medida destinada a permitir que el gobierno local haga cumplir un reglamento que restringe los alquileres a corto plazo para las viviendas consideradas residencias principales.
El papel fundamental de la vivienda en esta crisis se puso de manifiesto en los primeros momentos de la pandemia, cuando gobiernos de todo el mundo recurrieron a confinamientos para frenar la propagación del virus, dice Leilani Farha, ex relatora especial de las Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada. “No pudo ser más descarnado. Porque frente a un nuevo virus para el que no tenemos cura ni tratamiento, la única protección que tenemos son nuestros hogares”.
Sin embargo, meses más tarde, describe el enfoque con el que los gobiernos afrontan el problema como “irregular”. La crisis de la vivienda se ha agudizado en lugares como Estados Unidos, donde decenas de millones de personas se enfrentan a desahucios o India, donde se ha publicado mucha información sobre desalojos forzosos en comunidades autóctonas y asentamientos informales.
Aunque la pandemia sigue causando estragos en los medios de vida de las personas, muchos gobiernos se han mostrado reacios a ampliar políticas sociales como la prohibición de los desalojos y las ejecuciones hipotecarias. “Creo que los gobiernos se han dado cuenta, quizás de una manera inusual, de que tienen un problema entre manos”, dice Farha. “Pero no veo los cambios estructurales que necesitamos”.
Es en ese sentido en el que se espera que Lisboa rompa moldes. El proyecto de la ciudad llega con una advertencia para los propietarios del centro: una vez que su contrato con la ciudad se termine, no podrán volver a poner la propiedad en el mercado de alquileres a corto plazo. “Es necesario un cambio”, dice el alcalde. “Debemos cambiar el modo en que funciona el mercado de la vivienda en la ciudad”.
El Ayuntamiento ha presupuestado cuatro millones de euros para el programa, lo que permite que participen en la iniciativa hasta 1.000 propiedades. El gobierno central se ha ofrecido a doblar la cantidad si hay participación suficiente.
Por ahora la respuesta ha sido tibia. Solo 177 propietarios han expresado su interés tras el primer llamamiento. “Parece que la postura es esperar y ver qué pasa”, dice el alcalde, ya que los propietarios tienen la esperanza de que el turismo se recupere. La ciudad espera que aumente la demanda en la segunda ronda de solicitudes.
Donde el programa ha llamado la atención, sin embargo, es en Oporto, al norte, donde las autoridades anunciaron que lanzarían su propia versión del proyecto.
En última instancia, Medina espera que la iniciativa contribuya a lograr un equilibrio entre los habitantes que luchan contra las consecuencias de que su ciudad se convierta en uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos de Europa occidental y una industria turística que ha desempeñado un papel fundamental en el impulso de la renovación urbana y en sacar a la ciudad de la crisis económica.
“Existe esa tensión: nada es bueno en demasía, pero que escasee es un problema”, dice el alcalde. “Es una cuestión de equilibrio. Tener una casa no puede convertirse en una carga tan grande que tengas que necesitar dos o tres trabajos para pagarla. Eso no es una vida digna para nadie”.
Traducido por Alberto Arce.
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