El último gesto de Lula da Silva ha pillado por sorpresa a los adversarios que trataban de tenderle una trampa: rechaza con rotundidad abandonar la celda a no ser que se anule la condena. Aceptar ese progreso a régimen semiabierto sería, en cierta forma, someterse a una resolución que nunca ha reconocido. En una carta de su puño y letra que leyó ante los medios, en la puerta de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, el abogado Cristiano Zanin Martins, el expresidente ha anunciado sus intenciones: “No cambio mi dignidad por mi libertad”. No tolera “regatear” sus derechos, y advierte que tiene “plena consciencia” de las decisiones que está tomando. “Ya he demostrado que las acusaciones son falsas. Son ellos, y no yo, los que están presos a las mentiras que contaron a Brasil y al mundo”.
Cargar con una tobillera electrónica, o pasar a estar recluido en su domicilio, no está entre los planes de Lula. Su movimiento ha descolocado incluso a los juristas brasileños, que pocas veces se habían planteado que un preso no quisiera dejar de estar preso. Las leyes federales dictaminan que la progresión de régimen es obligatoria. Solo un desvío en ese buen comportamiento registrado durante estos quinientos cuarenta días le podría hacer retroceder al régimen anterior. El mismo
desacato a la decisión judicial podría considerarse un acto suficientemente grave,
lo cual quiere decir que el guion todavía puede tener reservada alguna excentricidad.
La anulación de la condena se ve ahora mismo como la única posiblidad para que Lula volviera a la política institucional, ya que por una reforma legal impulsada precisamente por él en 2010, los presidentes condenados en segunda instancia quedan inhabilitados para ocho años una vez se cumpla la condena.
Lula da Silva y su equipo de abogados continuarán aguardando pacientemente al Tribunal Supremo. En su carta, de hecho, exige a la Corte “corregir lo que está errado”. Con la evolución de la agenda de trabajo de los once magistrados aludidos quedará patente si los métodos de Moro y la Fiscalía de Curitiba siguen sufriendo derrotas. Si se anulan, por ejemplo, todas las condenas en las que el delator y el delatado hayan presentado las alegaciones finales al mismo tiempo; si se suspenden los encarcelamientos con sentencias en segunda instancia –por consiguiente, con
posibilidad aún de recurso–, o si los mensajes privados publicados por The Intercept son considerados pruebas consumadas de la manipulación del proceso.
En caso de que la estrategia de Lula da Silva diera resultado, estaría en la calle listo para ir dando forma a las campañas electorales de las próximas elecciones municipales de 2020. El control de las grandes ciudades se antoja fundamental para la izquierda brasileña en su intento por frenar a Bolsonaro.
Cada parte en conflicto en un Brasil dividido maniobra para obtener el máximo rendimiento posible de una situación que se enreda por momentos. El mismo día en que Lula cumplía una sexta parte de su condena, los mismos fiscales que trabajaron mano a mano con el juez para apartarle de la carrera presidencial lanzaron una solicitud para que el expresidente accediera a régimen semiabierto. Con la sexta parte de la pena cumplida, un informe de buen comportamiento, y el pago de una multa equivalente a la cuantía supuestamente defraudada, los detenidos pueden cumplir el resto de la pena en libertad, aunque limitados y controlados por una tobillera electrónica.
Entre los quince fiscales firmantes de la petición dirigida a la jueza Carolina Lebbos figuran Deltan Dallagnol, coordinador de la operación anticorrupción Lava Jato,
Januário Paludo, Laura Tessler, Orlando Martello, Jerusa Viecili y Roberson Pozzobon, todos ellos ya famosos en Brasil por los mensajes privados de una conspiración contra Lula da Silva publicados por The Intercept. Aparte de manipular el proceso junto al actual ministro de justicia, llegaban a ironizar o a hacer sátira con los fallecimientos de la esposa, el hermano o el nieto del expresidente.
Ahora han intentado incluso que su condenado más famoso pudiera renegociar su situación para facilitar su vuelta a las calles. Con el escándalo que se les ha venido encima, y la presión de las decisiones del Tribunal Supremo, prefieren que el expresidente abandone su posición de “preso político”. Así definen a Lula un buen número de organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Asociación Americana de Juristas, la Confederación Sindical Internacional o la Asociación de Jueces para la Democracia, y personalidades como Noam Chomsky, Baltasar Garzón, Adolfo Pérez Esquivel o Ignacio Ramonet –entre los apoyos más recientes–. La Fiscalía de Curitiba, en el estado de Paraná, cuartel general de los procesos de esta operación, quiere quitarse de encima el peso de Lula. A fin de cuentas, el principal propósito, sacarle de la circulación en año electoral, fue alcanzado y amortizado con creces.