El partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y sus socios han aprobado este miércoles en el Parlamento la llamada ley Varchi, que tipifica la gestación subrogada como “delito universal”, castigado con penas de cárcel de entre tres meses y dos años, y multas de hasta un millón de euros.
La ley se ha aprobado con 166 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones: han votado en contra todos los partidos de la oposición de izquierdas, menos dos formaciones de centro (incluida la del ex primer ministro, Matteo Renzi), que han dado a sus parlamentarios la libertad de votar y cuatro lo han hecho a favor.
La diputada que da nombre a la ley, Carolina Varchi, ha afirmado que “la maternidad es única, insustituible, no subrogable” y que con esta norma “ningún niño será discriminado, ni comprado por ricos ordenantes”. “La vida es un bien que no se puede comercializar, la maternidad no puede tener lugar por una compensación económica, un niño no se puede comercializar y este mercado debe terminar”, ha dicho la integrante del partido liderado por Meloni, Hermanos de Italia, de extrema derecha.
La gestación subrogada ya está prohibida en Italia pero la ley aprobada hoy, que modifica una anterior de 2004, permitirá perseguir también a los ciudadanos italianos que recurran a esta práctica en otro país donde sí es legal. Aunque las estadísticas indican que la mayoría de las parejas que acuden a la gestación por sustitución son heterosexuales, los colectivos de parejas del mismo sexo sienten que son el blanco de esta nueva norma tras una ola de cambios legales, como la prohibición de registrar hijos nacidos por reproducción asistida en parejas de mujeres.
Las familias LGTBI
“Esta ley ha sido hecha contra nosotros”, afirma a elDiario.es Alessia Crocini, presidenta de la asociación Famiglie Arcobaleno (familias arcoíris, como se conoce en Italia a las familias de personas LGTBI), que el martes se manifestó en Roma para mostrar su rechazo a este “oprobio jurídico”, en palabras de Crocini.
“La gestación subrogada siempre ha existido, pero ha empezado a preocupar cuando los homosexuales han recurrido a ella”, afirma. Y aunque la ley Varchi no mencione explícitamente a las parejas homosexuales, Crocini considera que las personas heterosexuales que se vean afectadas serán “daños colaterales” de lo que considera un ataque directo contra las familias LGTBI.
“Los niños van a ser considerados hijos de un delito universal y las familias se van a ver en un proceso penal, aunque en el país donde hayan hecho la gestación subrogada sea legal”, lamenta. “Volvemos para atrás, a la época en la que se discriminaban a los hijos ilegítimos” porque habían nacido fuera del matrimonio. Por ello, su asociación y otras que representan al colectivo LGTBI se manifestaron bajo el lema ‘Somos familias, no somos delitos’ en Roma, un día antes de que se celebrara en el Parlamento la votación definitiva.
Entre los integrantes del colectivo hay preocupación por el estigma que puede suponer la tipificación de la gestación subrogada como un delito universal. “No sabemos cómo se aplicará la ley a los que ya tenemos hijos”, dice Mirco Pierro, que junto a su pareja tiene dos hijos gemelos de ocho años. “Sin duda habrá un gran estigma social contra nosotros y contra los niños, que es lo que más nos asusta”, dice en una entrevista con elDiario.es.
Pierro y su pareja, Davide Mazzarella, temen que los que hasta ahora no habían mostrado actitudes homófobas abiertas “se sentirán legitimados” para decirle a sus hijos que han nacido de “forma ilegal”.
Tanto Crocini como Pierro afirman que las parejas que están ahora mismo en el proceso de tener un hijo por gestación subrogada sienten temor y angustia porque no saben cómo se aplicará la ley. “Según este Gobierno, que es profundamente homófobo, las familias de padres homosexuales no deben existir”, dice Pierro.
Medidas anti-LGTBI
El Gobierno liderado por la extrema derecha ha aprobado varias medidas que se consideran un ataque contra la comunidad LGTBI. El Ministerio del Interior ordenó en abril a los alcaldes de todo el país que dejaran de registrar a los hijos de parejas homosexuales, incluidos aquellos nacidos por gestación subrogada (en países donde es legal) o por métodos de reproducción asistida. De la ley Varchi ha quedado excluida la fecundación heteróloga, es decir, la inseminación con un donante anónimo, que no será considerada delito por una enmienda introducida por el mismo partido que redactó el texto.
En base a la directriz de Interior, este mes de junio, las autoridades de Padua, en el norte de Italia, empezaron a impugnar las actas de nacimientos de los niños y niñas de más de treinta familias compuestas por dos mujeres, para eliminar de los documentos el nombre de la madre no biológica, la cual pierde de esta forma los derechos de filiación sobre el o los hijos.
Pierro y Mazzarella dicen que sabían que las actas de nacimiento de sus dos hijos “no estaban blindadas” pero ahora “existe el riesgo de que sean impugnadas”. Por eso, han empezado el procedimiento de adopción, para que el primero se convierta en el padre adoptivo de los gemelos y esperan lograrlo pronto. “Todo lo que estamos haciendo es para garantizar los derechos de los niños”, dicen ambos, que no descartan marcharse de Italia, “si la situación degenera”.
Esa posibilidad la planteaban “en broma, antes de que Meloni llegara al Gobierno”, pero ahora hablan de ello y dicen “querer estar preparados si llega el momento” de irse a otro país, siendo España uno de los posibles destinos porque podrían convertir su unión en un matrimonio, ya que en Italia no está reconocido el matrimonio para personas del mismo sexo.
Regular o castigar
La diputada Lia Quartapelle, del Partido Democrático (PD), el principal de la oposición, considera la ley aprobada como una medida “de propaganda”, “inútil y dañina”. Dice a elDiario.es que es “imposible aplicarla a las parejas heterosexuales y es difícil aplicarla a los homosexuales” pero, si se aplicara a estas últimas, “el único resultado es que los niños serían sustraídos a sus padres, si estos recurren a la gestación subrogada en el extranjero y al volver a Italia son arrestados”.
Desde Roma, Quartapelle explica que la mayoría parlamentaria, compuesta por los tres partidos de derecha que gobiernan en coalición, ha tramitado la ley Varchi sin ofrecer argumentos a favor y ha rechazado todas las enmiendas de los partidos opositores, incluida una presentada por el diputado izquierdista Riccardo Magi, que proponía regular la gestación subrogada en lugar de castigarla con la cárcel.
El Partido Democrático no asistió a la votación de esa enmienda para evitar tener que tomar una posición, porque en su seno hay una corriente que se opone a la gestación subrogada bajo cualquier circunstancia. Quartapelle se muestra a favor de la misma, sólo si es altruista, y cree que “es necesario abrir un debate” sobre esta práctica en el partido, que en los pasados meses se ha posicionado a favor de las familias LGTBI - sus alcaldes incluso han desafiado las órdenes del Ministerio del Interior.
La izquierda, dividida
Precisamente, el Gobierno de Meloni ha sabido explotar la ausencia de unidad en la izquierda respecto a la gestación por sustitución. Pierro echa en cara esa “parálisis” de los partidos de centro-izquierda que, cuando gobernaban, no legislaron al respecto, dando lugar a un vacío legal que ha sido aprovechado por la coalición de extrema derecha, que sí se ha mostrado compacta.
Quartapelle detalla que ni siquiera los diputados del partido liberal Forza Italia, del difunto Silvio Berlusconi, votaron “de conciencia” en contra de la ley. “Esta derecha se define garantizadora, pero no puede definirse así si cada problema que existe lo tipifica como delito y amenaza con (penas de) cárcel”, dice la diputada.
Durante la votación, la diputada ecologista y feminista Luana Zanella, de los Verdes, ha defendido la ley Varchi porque considera que la gestación subrogada proporciona un “beneficio” para todos los implicados, incluidas las agencias que la tramitan a nivel internacional, mientras “la mujer es explotada por su capacidad reproductiva”.