En julio de 2013 el mariscal Abdelfattah Al Sisi dio un golpe de Estado no sangriento, apartando de la presidencia a los Hermanos Musulmanes y restableciendo el control de los militares sobre todas las instituciones de Egipto, poniendo así fin a la primera experiencia democrática tras la revuelta popular de 2011.
Desde entonces, la participación de los generales en la economía del país ha aumentado considerablemente, hasta convertirse en los principales contratistas del Estado egipcio, ejecutando grandes obras civiles, desde carreteras a puertos marítimos, hospitales y centros de atención primaria, hasta en una veintena de nuevas ciudades que han ido surgiendo en los pasados años en medio del desierto, incluida la Nueva Capital Administrativa (el Ministerio de Defensa posee el 51% de la empresa que desarrolla el faraónico proyecto).
Sin ir más lejos, en 2022 una agencia de las Fuerzas Armadas se hizo con los derechos para explotar comercialmente los parques de la ciudad de Alejandría, la segunda más grande del país, además de 36 islas situadas en el río Nilo y las codiciadas orillas de éste a su paso por El Cairo, en las que han construido un paseo marítimo de cemento que, además de no respetar el medio ambiente, no es de libre acceso para los ciudadanos.
Al Sisi, que en los últimos años ha gobernado de forma cada vez más autoritaria aplastando todo tipo de oposición y silenciando las voces críticas, ha beneficiado a los generales y a otros cuerpos de seguridad, así como a empresarios leales al régimen egipcio, mientras la mayor parte de la población ha visto cómo sus condiciones de vida han empeorado notablemente.
Inflación y deuda en máximos históricos
En la pasada década, la economía ha sufrido repetidas crisis y la inflación ha superado el 36% en el mes de junio, marcando su máximo histórico, según datos oficiales. Con los precios de los alimentos disparados, hay muchos egipcios que ya no pueden permitirse comprar carne, lo que ha llevado al Gobierno a sugerir que coman patas de pollo para obtener el aporte proteico. Los últimos datos oficiales, publicados en 2019, situaban la tasa de pobreza en torno al 30% ese año (aunque el Banco Mundial ya calculaba entonces que el 60% de la población egipcia era pobre o vulnerable).
Desde entonces, la situación ha empeorado notablemente por varios factores, especialmente la pandemia y la guerra de Ucrania, que hizo que se dispararan en el mercado internacional los precios del trigo y otros productos básicos, de los que Egipto depende para satisfacer las necesidades de sus más de 105 millones de habitantes.
El Estado costea una parte de las importaciones y debe asegurarse de que haya suficientes reservas de divisas para pagarlas, y para que las empresas también puedan importar materias primas y bienes de consumo. En los últimos meses las reservas se han recuperado ligeramente, situándose en 34.800 millones de dólares en junio, pero la deuda no ha dejado de crecer y representa cerca del 90% del PIB.
“Sisi y su régimen son los mayores responsables de la actual crisis económica. Han pasado la última década aprovechando el Estado egipcio para financiar su consolidación en el poder, distribuir beneficios a sus seguidores y las élites del régimen, mientras aumentaban la vulnerabilidad del Estado y el coste de la deuda, y disminuyendo su habilidad de ofrecer servicios públicos”, afirma a elDiario.es Timothy Kaldas, profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y vicedirector del Instituto Tahrir para la Política de Oriente Medio (TIMEP), con sede en Washington.
Desde que Al Sisi tomó el poder en 2013 y hasta mediados de 2022, la deuda externa se ha triplicado y en lo que va de año no ha dejado de aumentar. Actualmente, el Estado destina un tercio de su presupuesto al pago de la deuda, que supera los 165.000 millones de dólares y, aunque la mayor parte son deudas a largo plazo, muchas vencen en el plazo de un año o menos.
El Ejército por encima del Estado
“No hay duda de que el régimen ha sacrificado la salud financiera del Estado, incluso ahora cuando el país está en una situación económica peligrosa. Hace pocos meses, el presidente emitió una orden para dar a los militares miles de kilómetros cuadrados de terreno estatal prácticamente a cambio de nada, el Estado podría haber vendido estos valiosos bienes inmuebles para reducir su déficit”, explica Kaldas.
El analista político y económico dice que, además del Ejército y el Servicio General de Inteligencia (supeditado a la Presidencia) y las empresas asociadas a ambos, “hay élites económicas que se han beneficiado de enormes contratos con el Gobierno”, pero también “hay socios fuera de Egipto que se han beneficiado”. Por ejemplo, el acuerdo para la compra de aviones Rafale a Francia o los contratos con la empresa alemana Siemens por un valor de 8.000 millones de euros, el mayor pedido individual en la historia de la energética.
Los países del Golfo Pérsico también han sido “socios fundamentales para que Egipto se mantenga a flote y han entrado en sectores clave de la economía como el inmobiliario, el energético, el sanitario”, agrega Kaldas, quien explica que el plan del Gobierno de vender acciones de decenas de empresas estatales está dirigido a compradores de esa región: “En realidad no es un plan de privatización, sino que empresas públicas de Egipto se están vendiendo a fondos de inversión públicos de otros países”. En concreto, de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.
Esta misma semana el Gobierno de El Cairo ha anunciado la venta de acciones de empresas estatales por valor de 1.900 millones de dólares (unos 1.700 millones de euros), 1.650 de los cuales serán recibidos en dólares y ayudarán a aumentar ligeramente las reservas de divisas del Banco Central. Una parte de esas reservas también son depósitos de los países del Golfo, que han apoyado a Al Sisi desde el golpe de Estado por motivos políticos, pero empiezan a querer algún beneficio a cambio.
Según un informe del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad, el Ejército egipcio es “el principal beneficiario de la política de endeudamiento” y “la deuda externa ha ayudado a proteger las ganancias y activos de las Fuerzas Armadas” porque ha servido para financiar grandes proyectos de los que se han lucrado, además de financiar directamente las capacidades y medios defensivos. Además, no hay que olvidar que el Ejército egipcio recibe cada año 1.300 millones de dólares (unos 1.150 millones de euros) en ayuda militar de Estados Unidos, la segunda mayor cuantía, solo por detrás de la asignada a Israel.
¿Declarar la bancarrota?
Los temores a una bancarrota sobrevuelan el país de las pirámides desde antes del verano, cuando las agencias de calificación Standard and Poor’s y Moody’s rebajaron las perspectivas de la asequibilidad y la sostenibilidad de la deuda egipcia de 'estable' a 'negativa'. La primera agencia afirmó que las medidas adoptadas por las autoridades “pueden ser insuficientes para atraer flujos de divisas para cubrir las elevadas necesidades de financiación de la deuda exterior”. Según la agencia Fitch, en el ejercicio fiscal 2024, Egipto tiene que devolver 7.200 millones de dólares (poco más de 6.400 millones de euros), incluidos casi 2.000 millones de euros en Eurobonos.
“Si el país se declara en bancarrota y pierde el acceso a cualquier financiación a través de los cauces habituales, será todavía más dependiente de los capitales que vienen del Golfo para disponer de divisas, para poder pagar la importación de los productos más básicos que necesita”, alerta el profesor asociado de la UAB a elDiario.es. “Sería muy irresponsable por su parte hacer eso”, señala, y agrega que “es preocupante que estén siquiera considerando” esa opción, tal y como informó la semana pasada el periódico independiente Mada Masr, uno de los pocos que quedan en Egipto, citando a fuentes gubernamentales.
Además, Kaldas subraya que Egipto no está cumpliendo con el plan de reformas acordado a finales de 2022 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de un préstamo de 3.000 millones de dólares (casi 2.700 millones de euros) en 46 meses, lo cual genera todavía más incertidumbre: “El hecho de que los militares sigan expandiendo sus actividades en medio de un programa del FMI, con el cual han acordado reducirlas, es una señal preocupante y, sin duda, no da ninguna confianza a quien quiera invertir en Egipto”.
Los negocios de los militares
Kaldas destaca que la falta de libertad de prensa y de información ha generado un entorno “muy poco fiable” para los negocios en el que “la competitividad real para el sector privado” no está garantizada frente a actores poderosos como el Ejército que, además, están exentos de pagar impuestos. Las empresas militares incluso emplean a los jóvenes que hacen el servicio militar, por lo que la mano de obra es gratuita, y compiten con gran ventaja frente a las privadas.
En el marco de las reformas del FMI, todas las empresas estatales (también las militares) tendrán que pagar impuestos, para mejorar así la competitividad; hacer públicas sus cuentas (algo que el Ejército jamás ha hecho) y mejorar la transparencia; y el Estado tiene que reducir su participación en la economía a favor del sector privado. Sin embargo, en el plan de privatización diseñado por el Gobierno egipcio quedan excluidas decenas de actividades consideradas “estratégicas”, que van desde la industria alimentaria a las infraestructuras.
El Ejército, ya sea a través del Ministerio de Defensa o de entidades como la Organización de Proyectos de Servicio Nacional, o de compañías privadas propiedad de los generales, desarrolla todo tipo de actividades: produce pasta, agua embotellada y textiles; gestiona granjas y piscifactorías, campos de cultivo intensivo; importa carne congelada a bajo precio y piensos, así como fertilizantes; explota minas de oro y plantas de energías renovables, además de poseer varias fábricas de cemento; levanta escuelas y hospitales, remodela edificios civiles y es el encargado del Gran Museo Egipcio, que sustituirá al histórico edificio del siglo XIX y albergará la colección completa del faraón Tutankamón.
Tal y como explica uno de los mayores conocedores del imperio económico del Ejército, Yezid Sayigh, investigador del think tank Carnegie en Beirut, “no hay voluntad política ni poder para implementar” las reformas requeridas por el FMI: “Incluso Al Sisi, el hombre más poderoso de Egipto de forma indisputable, es rehén de la lealtad transaccional de los militares hacia él”.
De momento, el FMI no ha realizado la primera revisión del programa de Egipto, prevista el pasado marzo, por lo que el país no podrá recibir el segundo tramo del préstamo (354 millones de dólares, unos 315 millones de euros), ni tampoco ha fijado una fecha para emitir su veredicto, pero los expertos creen que El Cairo tendrá que esperar hasta septiembre, al menos. Al Sisi se verá obligado a ceder en algunos puntos, pero no parece dispuesto a tocar los privilegios de sus compañeros de armas.