Una silla vacía cada vez que ha hablado un representante israelí como señal de protesta por el genocidio que está cometiendo en Gaza. Esto es lo que ha ocurrido este martes y miércoles en París, en la reunión del Comité de Política del Consumidor (CCP) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Así, el ministro español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha marchado el martes durante la intervención de Yaacov Zrihen, miembro de la misión Misión Económica y Comercial de Israel ante la OCDE y jefe de Protección del Consumidor y Comercio Justo de Israel. Una vez terminada la intervención del representante israelí, Bustinduy ha regresado a la sala. En ese momento tenía lugar la sesión titulada “Proteger y capacitar a los consumidores en la transición digital”.
Y ha hecho lo mismo este miércoles durante la intervención de Nir Barkat, ministro de Economía e integrante de la Misión Económica y Comercial de la delegación Permanente de Israel ante la OCDE. En la sesión de hoy es una mesa de debate llamada Proteger y empoderar a los consumidores en la transición ecológica, Barkat, ministro de Economía, ha hablado del ataque del 7 de octubre y de que Israel se dispone a ganar la guerra, así como de Hamás y de Hizbulá según fuentes presentes.
Así, cómo ocurrió el martes, el ministro Bustinduy se ha ausentado durante la intervención del ministro israelí y ha regresado a la sala cuando ha terminado su discurso.
Hace unas semanas, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, varias delegaciones abandonaron el plenario mientras intervenía el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La delegación española, por su parte, decidió permanecer en su asiento escuchando a quien acababa de dar la orden de invadir el sur de Líbano después de haber causado más de 40.000 muertos en su ofensiva sobre Gaza.
Bustinduy tampoco formará parte de la foto oficial del acto para no aparecer junto al representante israelí.
Cartas a empresas españolas
No es la primera acción que realiza el ministro Bustinduy en relación con el genocidio israelí en Gaza. En mayo pasado envió cartas a empresas españolas con actividad económica destacada en Israel para instarles a que adopten las medidas necesarias, de acuerdo al Derecho Internacional y la propia Agenda 2030. “Se trata de una iniciativa que persigue la búsqueda de soluciones para poner fin al genocidio en Palestina y se enmarca como una acción más en la línea política del Gobierno de España que busca reconocer el Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU”, explicaban en Derechos Sociales.
La intención del ministro de Derechos Sociales, explicaba su departamento, era evitar el riesgo de que las actividades económicas de las empresas españolas en la zona puedan contribuir a las vulneraciones de derechos humanos que el Estado de Israel está cometiendo en los territorios palestinos ocupados, incluyendo la Franja de Gaza, contra la población palestina.
Previamente, el ministro Bustinduy se había reunido en su ministerio con el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, para trasladarle el ofrecimiento para que Palestina fuera el invitado oficial durante la participación de España en el Foro Político de Alto Nivel, que se celebró en la sede de la ONU en Nueva York en julio.
Bustinduy, en julio en un acto en Casa Árabe señaló que lo que está ocurriendo en Gaza “no es una catástrofe y tampoco nada que se asemeje a la defensa propia; es un genocidio”. Bustinduy insistió en la importancia de “seguir hablando de Palestina utilizando las palabras adecuadas”. “Frente a la inmensidad de esta barbarie, parece que también las palabras de denuncia pierden su valor. Parece incluso que perdemos la capacidad de hipocresía y que hasta la prédica ha dejado de funcionar, pero es importante seguir”.
“Las palabras importan porque acarrean consecuencias y los responsables deben rendir cuentas ante un tribunal internacional”, dijo. “Por eso la decisión del Gobierno de Sudáfrica para detener el genocidio no es solo un paso valiente y necesario, sino que sirve para poner las palabras justas a lo que está pasando y que esas palabras signifiquen algo”.
Coaliciones internacionales por el consumo
El ministro español de Consumo, Pablo Bustinduy, ha participado en una reunión en la OCDE con homólogos de otros países miembros con la intención de “construir las coaliciones y las alianzas necesarias” para una regulación internacional del consumo, informa Efe.
Bustinduy destacó en declaraciones a los medios a su llegada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París que “España tiene una posición pionera”, aunque las normativas de los Estados “no son suficientes”, en particular cuando se trata de regular la acción en la actividad digital en la que “grandes multinacionales acaparan un inmenso poder”.
“Se requiere de la cooperación, la colaboración y una acción conjunta para poder garantizar los derechos de las personas consumidoras”, subrayó, antes de destacar que España ha emprendido “una serie de iniciativas valientes e interesantes” y lo que quiere en encuentros como el de hoy es “compartir esa experiencia y poder avanzar” en una regulación común.
A ese respecto, el ministro avanzó que iba a presentar su anteproyecto de ley sobre el consumo sostenible“ con las actuaciones que ha llevado a cabo su departamento para la regulación y la prevención de fraudes en el transporte aéreo, en el comercio electrónico, en particular con las plataformas de alquiler vacacional y pisos turísticos o con la publicidad encubierta.
“Creemos -subrayó- que tenemos mucho que aportar y al mismo tiempo también sabemos que necesitamos la cooperación y la colaboración de nuestros socios internacionales para poder generar un entorno digital seguro”.
Más allá de sus intervenciones de la reunión ministerial, Bustinduy señaló que también tenía “una intensa agenda de reuniones bilaterales donde vamos a compartir información” de algunas de sus actuaciones en los últimos tiempos.
Recordó también que dentro de la Unión Europea se ha avanzado con dos directivas que afectan a la reparabilidad de los productos y al ecopostureo, y que se están transponiendo en la Ley de Consumo Sostenible para intentar “llevarlas más allá”.
Sobre el lavado de imagen verde, el ministro consideró que hacen falta reglas comunes para prevenirlo y para garantizar que en la transición ecológica los consumidores “cuentan con información fiable y suficiente” cuando compran bienes y servicios.