Que las empresas que importen a España productos de territorios ocupados por Israel lo indiquen en el etiquetado. Es lo que ha pedido el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, a las empresas implicadas, de acuerdo con lo dictaminado por la Comisión Europea. Así, según ha podido saber elDiario.es, en una nota informativa, Bustinduy señala a las empresas que importan productos de territorios ocupados por Israel, tanto en Palestina o Líbano, su obligación “de indicar este origen de forma clara en el etiquetado para cumplir con el derecho del consumidor a recibir información veraz”.
De esta manera, los productos importados desde territorios ocupados por Israel “deben ser etiquetados como procedentes de un 'asentamiento israelí' y no como 'productos de Israel”, afirma Consumo, que también da la opción de utilizarse expresiones como “producto de los Altos del Golán (asentamiento israelí)” o “producto de Cisjordania (asentamiento israelí)”.
Así mismo, Bustinduy recuerda que “los productos de Palestina que no provengan de los asentamientos israelíes deben presentar también indicaciones claras sobre su origen como 'producto de Cisjordania (producto palestino)', 'producto de Gaza' o 'producto de Palestina'. El objetivo, ha explicado Bustinduy, es que la ciudadanía tenga estas indiciaciones cuando vayan a comprar ”para garantizar su derecho a tener una información veraz sobre el origen de los productos, especialmente, ante la crítica situación que se vive en Oriente Medio“.
En este caso, además, las personas que prefieran consumir productos palestinos o quieran dejar de consumir productos israelíes, tendrán la capacidad de tomar decisiones al respecto.
En este sentido, el ministro Bustinduy pedía en una entrevista en elDiario.es “un embargo completo y formal de armas a Israel” y “medidas decididas de presión económica y comercial a los responsables de violaciones de derechos humanos en el genocidio en Gaza, pero también en la ocupación ilegal de Palestina y en el régimen de apartheid que sufren millones de palestinos en su tierra natal”.
Reglamento europeo
Consumo basa su nota informativa enviada a los empresarios en el reglamento europeo, que estipula que “el etiquetado de un producto debe ser veraz y no debe inducir a error a las personas consumidoras, especialmente en lo relativo al origen de los productos”.
El ministerio de Bustinduy recuerda que así lo establece el Reglamento (UE) nº 1169/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, de 25 de octubre de 2011, relativo a la información alimentaria facilitada a las personas consumidoras.
Por otra parte, Consumo hace referencia a la nota interpretativa de la Comisión Europea sobre la indicación del origen de las mercancías procedentes de los territorios ocupados por Israel desde junio de 1967 (2015/C 375/05), y a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 2019, en el asunto C.363/18 Organisation juive européenne y Vignoble Psagot, que estipula que la identificación del país de origen debe realizarse así: “Dado que los Altos del Golán y Cisjordania, incluido Jerusalén Este, no forman parte del territorio israelí, según el Derecho internacional, la indicación 'producto de Israel' se considera incorrecta y engañosa en relación con los productos procedentes de dichos territorios. En tales casos, debe añadirse la expresión 'asentamiento israelí' u otra equivalente entre paréntesis. Por consiguiente, podrían utilizarse expresiones como 'producto de los Altos del Golán (asentamiento israelí)' o 'producto de Cisjordania (asentamiento israelí)”.
“Los productos de Palestina que no sean originarios de los asentamientos israelíes deben llevar una indicación que no resulte engañosa acerca del origen geográfico y que corresponda a la práctica internacional”, prosigue el TJUE, “como pueden ser las indicaciones 'producto de Cisjordania (producto palestino)', 'producto de Gaza' o 'producto de Palestina”.
Desde el departamento de Bustinduy también se señala el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de julio pasado, que establecía que la ocupación israelí de los territorios palestinos era ilegal. En su dictamen, el máximo tribunal de la ONU emitía una opinión consultiva solicitada en diciembre de 2022 por la Asamblea General de Naciones Unidas sobre los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este.
El presidente de la CIJ, Nawaf Salam, leyó aquella opinión consultiva, en la que los jueces del máximo tribunal de la ONU establecían que la política de asentamientos de Israel contraviene varias normas internacionales, como la IV Convención de Ginebra, y las prácticas de Israel en esos territorios constituyen de facto la “anexión” de amplias partes de los mismos.
Salam también afirmaba que la ocupación de Cisjordania establecía una “discriminación y segregación sistemáticas, y un apartheid”, debido a las prácticas de Israel, que mantienen separados a los palestinos de los israelíes, limitando sus movimientos, expulsándolos de sus tierras y confiscándolas, y demoliendo sus viviendas. Además, la corte también opinaba que la explotación de los recursos palestinos por parte de Israel y limitar el acceso de los palestinos a sus recursos contraviene la ley internacional y las obligaciones de Israel como poder ocupante. La CIJ ha considerado que las políticas y prácticas de Israel atentan contra el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, que incluye disponer de sus tierras y de sus recursos.
En este mismo dictamen, “el máximo tribunal de la ONU exigió el fin de la presencia de Israel en los territorios ocupados e instó a todos los países a dar pasos para prevenir relaciones comerciales que ayuden a que Israel mantenga esa situación en los territorios ocupados”, recuerda Consumo.
Así mismo, Consumo hace referencia al reconocimiento del Estado de Palestina que llevó a cabo el Gobierno español el pasado 28 de mayo para “comunicar a los operadores económicos la obligación de cumplir con la normativa española y europea, y de asumir las consecuencias jurídicas para los Estados, con arreglo al Derecho Internacional, en las relaciones económicas y comerciales”.
Otras medidas de Bustinduy sobre el genocidio israelí en Gaza
Hace una semana, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abandonó la reunión del Comité de Política del Consumidor (CCP) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) durante dos intervenciones de miembros del Gobierno israelí en protesta por el genocidio en curso en Gaza, uno de ellos el ministro de Economía.
Hace unas semanas, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, varias delegaciones abandonaron el plenario mientras intervenía el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La delegación española, sin embargo, decidió permanecer en su asiento escuchando a quien acababa de dar la orden de invadir el sur de Líbano después de haber causado más de 43.000 muertos en su ofensiva sobre Gaza.
El ministro Bustinduy ha acometido más acciones en relación con el genocidio israelí en Gaza. En mayo pasado envió cartas a empresas españolas con actividad económica destacada en Israel para instarles a que adopten las medidas necesarias, de acuerdo al Derecho Internacional y la propia Agenda 2030. “Se trata de una iniciativa que persigue la búsqueda de soluciones para poner fin al genocidio en Palestina y se enmarca como una acción más en la línea política del Gobierno de España que busca reconocer el Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU”, explicaban en Derechos Sociales.
La intención del ministro de Derechos Sociales, explicaba su departamento, era evitar el riesgo de que las actividades económicas de las empresas españolas en la zona puedan contribuir a las vulneraciones de derechos humanos que el Estado de Israel está cometiendo en los territorios palestinos ocupados, incluyendo la Franja de Gaza, contra la población palestina.
Previamente, el ministro Bustinduy se había reunido en su ministerio con el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, para trasladarle el ofrecimiento para que Palestina fuera el invitado oficial durante la participación de España en el Foro Político de Alto Nivel, que se celebró en la sede de la ONU en Nueva York en julio.