El gobierno de Estados Unidos podría quedarse sin dinero para pagar sus facturas el próximo 1 de junio. Es la voz de alarma que levantó la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en una carta enviada hace unos días al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. En ella, pedía a los miembros del legislativo que dejen de lado sus diferencias y aprueben una suspensión o una ampliación del techo de deuda, es decir, del límite máximo de endeudamiento que se puede permitir la administración federal.
La Casa Blanca busca a contrarreloj un acuerdo con los republicanos para ampliar dicho límite, algo que se ha hecho hasta en 78 ocasiones desde 1960. Pero, a cada reunión de Joe Biden con los líderes del Congreso, se evidencia más lo alejadas que están ambas posturas: en el último intento, este martes, demócratas y republicanos salieron de su encuentro en el Despacho Oval sin “ningún nuevo movimiento”, según resumió McCarthy.
Por un lado, los conservadores no se muestran dispuestos a aumentar el techo de deuda y están aprovechando la situación para pedir importantes recortes de gasto público. Por el otro, los demócratas quieren seguir adelante con su agenda legislativa, que prevé un aumento del gasto, y optan incrementar el límite, algo que ya hizo el Congreso hasta en tres ocasiones durante el mandato de Donald Trump, sin la necesidad de ningún recorte.
Ello demuestra que el debate sobre la deuda nacional, una carga que lleva décadas creciendo durante los sucesivos gobiernos demócratas y republicanos, no tiene que ver con la ampliación —o reducción— de su techo. Más bien, tiene que ver con una cuestión ideológica: si se amplía, como ha venido ocurriendo, ¿es preferible hacerlo como consecuencia de una reducción de impuestos o de un mayor gasto público?
“Una crisis catastrófica y evitable”
Si no se actúa, el gobierno podría quedarse sin liquidez, por muy pronto, el primer día del próximo mes. Si eso ocurre, no podrá hacer frente a sus pagos, lo que generaría “una crisis económica catastrófica y completamente evitable”, según apuntó Yellen en su carta. Por primera vez en su historia, EEUU ni podría pagar la deuda, ni sus intereses, ni las facturas, ni las nóminas de los trabajadores públicos, ni partidas como la seguridad social, el Medicare o el ejército. Por si este escenario no fuera lo suficientemente trágico, la volatilidad de los mercados financieros se encargaría de añadirle otra capa al caos, detonando en una inevitable recesión y crisis crediticia severa, y la pérdida de confianza de los inversores en el dólar.
Todo ello es evitable, y la pelota está en las manos de la Cámara de Representantes. La Constitución de EEUU da al Congreso la última palabra para marcar el techo de deuda, después de negociarlo con el Ejecutivo. Por ello, se han repetido en los últimos meses varios encuentros, formales e informales, entre McCarthy y Biden, para tratar de dar salida a esta situación. Pero, a falta de acuerdo, el país se acerca peligrosamente al precipicio.
Los republicanos, que desde las elecciones de mitad de mandato dominan la Cámara Baja, no están dispuestos a ceder a la exigencia de Yellen y el Partido Demócrata en su conjunto, a la que se sumó el miércoles pasado la Reserva Federal. De hecho, han aprobado una iniciativa legislativa que propone su propia ampliación del techo, pero la condicionan a un recorte significativo del gasto.
Concretamente, quieren rebajar 4,8 billones, y señalan partidas concretas, especialmente del gasto social, que consideran “innecesarias”: la condonación de préstamos estudiantiles, las subvenciones al desarrollo de energías renovables, los cupones de alimentos, los fondos no utilizados para el coronavirus y otras ayudas públicas. De este modo, han pasado el testigo a los demócratas, que ya han avanzado que rechazarán la iniciativa en el Senado, pues consideran que estas partidas son innegociables y afirman que no están dispuestos a aceptar recortes.
No es un escenario inédito
Cada cierto tiempo, EEUU se ha encontrado en el borde de este precipicio, pero siempre ha podido salir: o bien ampliando el techo, o bien suspendiéndolo, como ocurrió en dos ocasiones entre 2014 y 2016. Y a medida que ha aumentado el gasto federal, los sucesivos gobiernos se han encargado de ir ampliando este límite, hasta 78 veces desde 1960. Si al final de esa década se encontraba en unos 2 billones de dólares, en la actualidad asciende a los 31,4 billones.
En los últimos diez años, el déficit anual del gobierno ha oscilado entre 400.000 dólares y 3.000 millones de dólares, que se han ido añadiendo a la deuda total del país. Algo que ha ocurrido tanto con gobiernos demócratas como republicanos. Los primeros han contribuido al déficit por medio de mayor gasto social; los segundos, como ocurrió en el mandato de Trump, principalmente por medio de recortes fiscales a los ricos. En cualquiera de los dos casos, ello ha provocado a lo largo de este siglo continuas suspensiones y aumentos del techo, dos posibles medidas que, en esta ocasión, podrían volver a solucionar el lío financiero.
Desde le llegada del nuevo milenio, se ha llegado en numerosas ocasiones a una situación parecida. La más grave fue en 2011, cuando ostentaba la presidencia Barack Obama, sin el control del Congreso. Entonces, los republicanos usaron la misma táctica que ahora: aprovecharon el calendario para presionar a los demócratas hasta que aceptaron recortes de gasto público, 72 horas antes de la suspensión de pagos. Aunque ello logró evitar consecuencias más graves, la resolución tardía significó una importante caída de la bolsa, que se desplomó un 20% en un mes.
En esta ocasión, en realidad, el techo de deuda se alcanzó en enero y, desde entonces, la secretaria del Tesoro ha ido logrando evitar el default a base de maniobras financieras “extraordinarias”. Pero las alternativas se acaban, y Yellen ha reiterado que la fecha en que se agote la liquidez de la administración podría llegar en junio. El incumplimiento de pagos por parte del Gobierno “causaría un daño irreparable a la economía estadounidense, a los medios de subsistencia de todos los americanos y a la estabilidad financiera mundial”, alertó la secretaria del Tesoro.
Una batalla ideológica: ¿menos gasto o más impuestos?
El conflicto del techo de deuda es parte, en la forma y en el fondo, de una lucha ideológica. Y la discusión no está en si se debe ampliar o reducir el déficit: ambos partidos, cuando han estado en el gobierno, lo han ampliado, y cuando han estado en la oposición, han llamado a reducirlo. El debate se encuentra en el motivo de la ampliación —o reducción— del déficit y, por tanto, del límite de la deuda: el aumento del gasto público o la rebaja fiscal.
De hecho, a pesar de que la derecha acostumbra a defender la idea de un estado mínimo, austero, y con un funcionamiento parecido al de una empresa —que al final de cada ejercicio, cuadre ingresos y gastos—, en realidad han sido sus gobiernos los que han ampliado más el déficit. La prueba está en que la deuda comenzó a crecer de forma desmesurada en los años 1980, después de las rebajas de impuestos aprobadas por Ronald Reagan, uno de los grandes impulsores del Estado mínimo.
En la siguiente década, el fin de la Guerra Fría permitió al gobierno recortar en gasto militar, y los años de bonanza económica contribuyeron a sanear las arcas públicas durante el gobierno del demócrata Bill Clinton. Hasta que a principios de los 2000, ya en tiempos de George W. Bush hijo, explotó la llamada burbuja puntocom, por el crecimiento especulativo vinculado con empresas de internet. Esta nueva crisis, ligada a las dos rebajas de impuestos de Bush (2001 y 2003), así como a las campañas militares en Irak y Afganistán, hizo que la deuda casi se doblara durante el mandato del republicano (pasando de 5,8 billones en 2001 a más de 11,9 billones en 2009).
Durante los años que duró la Gran Recesión (2007-2009) y los años posteriores de crisis, los gobiernos de Bush y Obama tuvieron que aumentar el gasto público, llevando a un nuevo aumento de la deuda. Lo hicieron, primero para rescatar a los bancos, y después, para aumentar servicios sociales y crear un mínimo escudo social en un momento en que el desempleo había alcanzado el 10%. De este modo, durante los años de Obama, la deuda volvió a casi doblarse, de los 11,9 billones a los 19,5 billones de dólares.
Luego llegó Trump quien, tras la recuperación del empleo previo a la recesión, aprobó en 2017 uno de los mayores recortes fiscales a los ricos, que añadió todavía más pendiente al aumento de la deuda. Durante su mandato, que duró cuatro años —la mitad del de sus antecesores—, añadió hasta 7,8 billones de dólares a la deuda nacional.
Y al final de su presidencia llegó la pandemia del coronavirus, durante la cual, tanto él como su sucesor, Biden, aprobaron una serie de paquetes de subsidios. Estos, sumados a medidas que suponen una importante ampliación gasto público, como la Ley de Reducción de la Inflación, la Ley de Infraestructuras o la condonación de la deuda estudiantil, han contribuido a un nuevo incremento de la deuda, de otros 3 billones, durante el actual mandato.