El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias considera que la detención del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, es arbitraria, en una opinión legal publicada este viernes.
El jueves, Assange aseguró que si Naciones Unidas fallaba en su contra abandonaría la embajada ecuatoriana en la que se encuentra asilado desde 2012 y se entregaría en Londres. Pero advirtió de que si, como ha ocurrido, le daban la razón, exigiría “la devolución inmediata de mi pasaporte y el final a nuevos intentos de arrestarme”.
Assange presentó su caso a ese órgano de la ONU en 2014, tras ser reclamado por Reino Unido y Suecia por las acusaciones de delitos sexuales contra él en el país nórdico. Unas acusaciones negadas por el activista australiano, que además podría enfrentarse a una extradición a EEUU para ser juzgado por los secretos estadounidenses revelados por WikiLeaks. Una causa que podría incluso acabar con una condena a muerte.
“Las opiniones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias son jurídicamente vinculantes en la medida en que están basadas en normas internacionales de derechos humanos” de obligatorio cumplimiento, aclaró el órgano de la ONU. Además, sus opiniones son consideradas como referentes entre las instituciones jurídicas internacionales y regionales, incluida la Corte Europea de Derechos Humanos.
Esto choca con la posición común adoptada por autoridades en el Reino Unido y Suecia, que dijeron que, incluso en el caso de que el Grupo de Trabajo declarase ilegal la privación de libertad de Assange, esto no tendría impacto en el proceso que se sigue en su contra. “La declaración del Grupo de Trabajo no tiene ningún impacto formal en la investigación, de acuerdo con las leyes suecas”, dijo la Fiscalía de Suecia.
En Londres, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se indicó que “Assange nunca ha sido detenido arbitrariamente” y que, en cambio, “está evitando voluntariamente una detención legal al elegir permanecer en la embajada”. Se enfatizó que “hay una acusación de violación pendiente y una orden de arresto europea” emitida por Suecia, a donde las autoridades del Reino Unido tienen la “obligación legal” de extraditarlo.
En su opinión legal, el Grupo de Trabajo considera que “las variadas formas de privación de libertad que ha sufrido Julian Assange constituyen una forma de detención arbitraria”. Enumera su detención inicial en la prisión Wandsworth de Londres, seguida de su arresto domiciliario y de su confinamiento en la Embajada ecuatoriana.
Los expertos critican que en primer lugar Assange estuvo aislado y que la Fiscalía sueca actuó con “falta de diligencia en sus investigaciones, lo que ha resultado en una prolongada pérdida de su libertad”.
De forma concreta, el Grupo de Trabajo de la ONU establece que en el caso Assange se han violado los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 7, 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Grupo de Trabajo está compuesto por cinco juristas de gran reputación que sirven a título individual y trabajan independientemente de cualquier gobierno u organización.
Se trata de personalidades del mundo del derecho que no forman parte del personal de la ONU ni reciben un salario por este trabajo.