La Unión Europea sabe bien de las derivas autoritarias en países como Hungría y Polonia. Hasta tal punto, que la Comisión Europea ha llevado a los dos países a los tribunales por su trato con los migrantes y por la cooptación del sistema judicial por parte del Ejecutivo, por ejemplo. Es más, ambos países están sometidos a la aplicación del Artículo 7 por violar los “valores de la UE”, que podría terminar en algún tipo de sanción si no fuera porque se requiere unanimidad en el Consejo –los Gobiernos–, algo impensable.
A mediados de julio, cuando los líderes de la UE acordaron un marco financiero plurianual –presupuesto para 2021-2027– y un fondo de recuperación de 750.000 millones, incluyeron como condición para el acceso a los fondos europeos el respeto al Estado de Derecho pendiente de concretar: “El Consejo Europeo subraya la importancia del respeto del Estado de Derecho. Sobre la base de esta premisa, se introducirá un régimen de condicionalidad para proteger el presupuesto y el Next Generation UE [fondo de recuperación]. En este contexto, la Comisión propondrá medidas en caso de incumplimiento para que el Consejo las adopte por mayoría cualificada”.
Hace diez días, la Comisión Europea incluía esta directriz en su propuesta de reglamento del fondo de recuperación: “Las reformas vinculadas a la mejora del entorno empresarial, una administración pública eficaz, la eficacia de los sistemas judiciales y, en un sentido más amplio, el respeto del Estado de Derecho son elementos esenciales de la estrategia global de recuperación de los Estados miembros, ya que contribuyen a garantizar una rápida aplicación de las reformas y las inversiones”.
En paralelo, el Parlamento Europeo negocia con el Consejo y la Comisión para aumentar la condicionalidad del Estado de Derecho, tal y como han pedido todos los grupos parlamentarios salvo los de extrema derecha. Sin embargo, la propuesta de la presidencia de turno de la UE, Alemania, no es particularmente ambiciosa y cuenta con una “amplia mayoría” entre los 27 –se oponen Hungría, Polonia, por excesiva; y Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Austria y Finlandia, por corta– .
Una fuente diplomática próxima al expediente, afirma: “La propuesta recoge de manera muy precisa las conclusiones del Consejo Europeo de julio. Se basa en el borrador de la Comisión de 2018, adaptado en virtud del acuerdo de los jefes de Estado y de gobierno. El borrador da forma jurídica a ese acuerdo europeo, delicado y duramente conseguido. Por primera vez en la historia de la UE, habrá un mecanismo que vincule la gestión de los fondos europeos con el Estado de Derecho. es un importante paso adelante. Confiamos en que la propuesta pueda obtener una mayoría cualificada en el Consejo de la UE [cosa que ha pasado este miércoles]. Es importante que todas las partes se sumen al delicado acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo. Lo que no contó con el apoyo del los jefes de gobierno y de Estado en aquel momento, ciertamente no lo tendrá ahora”.
Es decir, que los esfuerzos por aumentar la condicionalidad pueden estar abocados al fracaso, en tanto que el acuerdo de julio, de mínimos para muchos, era de máximos para quien puede vetarlo: Hungría y Polonia.
Así, la propuesta alemana limita la exigencia del respeto del Estado de Derecho a la gestión de los fondos europeos, al “correcto funcionamiento de las autoridades de ese Estado miembro que ejecutan el presupuesto de la Unión”. En efecto, la UE perfectamente seguiría liberando fondos a Polonia o Hungría mientras retuercen el sistema judicial, maltratan a los migrantes, acosan a los colectivos LGTBI o limitan las libertades, siempre y cuando la gestión de ese dinero sea correcta.
El Gobierno húngaro, no obstante, ha rechazado con vehemencia la propuesta de la presidencia alemana del Consejo de la UE. La ministra de Justicia, Judit Varga, ha dicho que la propuesta es “inaceptable”, en tanto que defiende que “significaría una modificación unilateral de los tratados de la UE y, por tanto, violaría los valores fundamentales de la Unión Europea”. Varga ha hablado de “chantaje”.
Acoso a la Comisión Europea
Precisamente el respeto a una de las libertades fundamentales, la de prensa, ha sido reclamado por la vicepresidenta comunitaria de Valores y Transparencia, la liberal checa Vera Jourova, quien en la prensa alemana calificó de “alarmante” la situación de los medios de comunicación en Hungría. Y añadió sobre el primer ministro húngaro, Viktor Orbán (Fidesz/PPE): “Está construyendo una democracia enferma”.
La respuesta de Orbán ha sido muy sintomática: ha pedido la destitución de Jourova, algo que sólo depende de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Al llamar a Hungría una 'democracia enferma', la vicepresidenta de la Comisión ha insultado a Hungría y al pueblo húngaro”, escribió Orbán en una carta enviada a Von der Leyen, quien anunció que su país suspendía “relaciones bilaterales” con Jourova. Además, el primer ministro húngaro ha afirmado que su destitución es “esencial y necesaria”.
“La Comisión Europea y los comisarios deben poder hablar con los Estados de cualquier asunto para poder resolverlo”, ha afirmado la portavoz comunitaria, Dana Spinant, al ser preguntada por la misiva de Orbán, quien ha asegurado que Bruselas mantiene contactos “a todos los niveles, técnicos y políticos”. La posición de la Comisión Europea respecto a la situación en Hungría “es bien conocida”, ha expresado el portavoz de Jourova, Christian Wigand, quien ha reconocido que observan con “preocupación” la degradación del Estado de Derecho en Hungría, si bien mantienen “abierta la puerta” del diálogo.
Este miércoles la Comisión Europea hará público el primer informe sobre la situación del Estado de derecho en los 27, marco a través del cual quiere abordar Bruselas el diálogo con Budapest.