El Parlamento Europeo (PE) ha reclamado este jueves que Bruselas no apruebe el acceso de Hungría a los planes de recuperación pospandemia, de los que les corresponden en torno a 7.000 millones de euros, hasta que se constate que el presupuesto de la Unión no vaya a “contribuir activamente a la violación de los derechos fundamentales en Hungría”.
En una resolución aprobada este jueves por 459 votos a favor, 147 en contra y 58 abstenciones, la Eurocámara reclama también a la Comisión Europea que emprenda acciones legales “inmediatas” respecto a la ley que vincula la homosexualidad con la pedofilia y prohíbe hablar de la identidad sexual en escuelas y medios de comunicación. Dentro del Partido Popular Europeo, 12 de los 13 eurodiputados españoles del PP se han abstenido, a pesar de que la mayoría de su grupo ha votado a favor. Solo Esteban González Pons, vicepresidente del grupo popular europeo, ha votado a favor.
La norma, que entra en vigor este mismo jueves, ya fue objeto de un agitado debate en la cumbre de líderes del pasado mes de junio y ha supuesto un punto de inflexión en el tira y afloja entre Budapest y Bruselas por su cumplimiento de los valores comunitarios, que dura ya varios años.
Esta ley, aseguran los eurodiputados, “no es un caso aislado, sino otro ejemplo deliberado y premeditado del desmantelamiento gradual de los derechos fundamentales en Hungría”. “Las campañas de desinformación y la LGBTIQ-fobia organizadas y promovidas por el Estado se han convertido en herramientas de censura política en manos del Gobierno húngaro”, advierten.
La Comisión ya está trabajando en la apertura de este procedimiento de infracción después de que su presidenta, Ursula von der Leyen, advirtiera este miércoles de que Bruselas emplearía todos los medios de los que dispone ante este nuevo desafío de Budapest a los principios del Estado de derecho comunitarios.
Respecto a los 7.000 millones de euros a los que Hungría accedería a través del plan de recuperación, los eurodiputados piden a la Comisión que “analice cuidadosamente” cada medida del plan de reformas presentado por el Gobierno de Viktor Orbán para acceder estos fondos y “que solo lo apruebe si se constata que no contribuirá a la aplicación de la ley” anti LGTBIQ+.
“Y, por ende, que el presupuesto de la Unión no contribuya activamente a la violación de los derechos fundamentales en Hungría”, añaden.
Aunque aún no ha tomado ninguna decisión de manera oficial sobre este plan, uno de los prerrequisitos de Bruselas para dar su visto bueno es que los planes nacionales aborden “todas o una parte significativa” de las recomendaciones que se le hacen a cada uno de los Estados miembros.
En el caso de Hungría, se trata de recomendaciones en el área del cumplimiento del Estado de derecho, la lucha contra la corrupción, la independencia judicial, el acceso a la información pública y una mayor vigilancia sobre las contrataciones públicas.
El Parlamento Europeo también insta a la Comisión a que active inmediatamente el mecanismo de condicionalidad que en ciertos casos vincula la obtención de fondos comunitarios con el cumplimiento de los valores europeos, creado a final de 2020.
El requisito para activar este mecanismo es que la violación de estos principios afecte de un modo suficientemente directo al buen uso del dinero europeo o a los intereses financieros de la Unión Europea, un extremo que, según un informe encargado por un grupo de eurodiputados a varios expertos y profesores universitarios.
Según el informe, Hungría “no puede ser un administrador de confianza para los fondos europeos” hasta que resuelva sus problemas en áreas como la gestión transparente de esta financiación, la ausencia de una fiscalía nacional efectiva y la falta de garantías de independencia judicial.