El periodismo es una profesión de alto riesgo en México. Si un periodista denuncia la corrupción, el crimen organizado o el narcotráfico puede recibir desde una amenaza y una agresión hasta ser acribillado a balazos, y lo más probable es que el crimen quede impune. Solo en lo que va de año, cuatro profesionales de la prensa han sido asesinados en México, el país más violento del hemisferio occidental para ejercer el periodismo.
La víctima más reciente es el reportero Roberto Toledo, quien fue asesinado a tiros frente a su casa el 31 de enero en Michoacán (suroeste) tras haber recibido amenazas por su cobertura del nuevo gobierno municipal. Antes que él fueron asesinados los periodistas José Luis Gamboa en Veracruz (sureste) el 10 de enero y Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Tijuana (sur), el 17 y el 23 de enero, respectivamente.
Según la organización Artículo 19, que promueve y defiende la libertad de expresión, desde el año 2000 un total de 149 periodistas han sido asesinados en México.
29 asesinados en el mandato de AMLO
De acuerdo con esa misma ONG, 29 periodistas han sido asesinados desde el inicio, en diciembre de 2018, del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien prometió justicia y protección a los profesionales de la prensa dentro de su ambicioso plan de seguridad. Pero la situación apenas ha cambiado y el Estado sigue siendo incapaz de frenar estos crímenes.
“En México prevalece un 98% de impunidad en los crímenes contra la prensa. Las investigaciones no avanzan debido a los intereses políticos que hay detrás, protegidos por las propias instituciones mexicanas”, dice a elDiario.es el abogado Leopoldo Maldonado, director regional de la oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, quien aclara que el 50% de las agresiones registradas durante el primer semestre de 2021 estaban relacionadas con la cobertura de temas de corrupción y política, y en segundo lugar, con temas de seguridad y justicia.
En la mayoría de ocasiones los asesinatos a periodistas suelen ir precedidos de amenazas, “pero las instancias de procuración de justicia no las atienden”. Por tanto, a juicio de Maldonado, se está enviando el mensaje de que la violencia se puede seguir perpetrando “y puede escalar a los niveles que ya conocemos: asesinato, desaparición y tortura”.
A nivel federal, en México existe el mecanismo de protección para periodistas, un instrumento que puso en marcha el Gobierno mexicano en 2012 gracias al impulso de asociaciones de la sociedad civil y el gremio periodístico. Sin embargo, no dispone de suficientes recursos humanos y económicos, entre otros problemas. A día de hoy se está discutiendo un nuevo marco legal para el mecanismo, pero Artículo 19 considera más conveniente adoptar un enfoque integral que atienda cuatro puntos básicos: la prevención, la protección, la mejoría de los errores del mecanismo y, por último, el acceso a la justicia y a la reparación del daño.
La relación de AMLO con la prensa
El 28 de enero, cuando el gremio periodístico aún estaba asimilando el asesinato a balazos de Lourdes Maldonado, el presidente López Obrador dijo en una de sus ruedas de prensa matutinas que son “muy pocos los periodistas que están cumpliendo con el noble oficio de informar” en el país, unas declaraciones que no sorprenden a quienes están acostumbrados a sus palabras sobre la prensa.
“Su discurso solo enrarece más el ambiente para una prensa de por sí vulnerable y que vive en condiciones profundas de inseguridad en muchas regiones de México”, dice el director de Artículo 19.
La relación que López Obrador mantiene con la prensa es tensa desde que llegó al poder hace tres años, sobre todo con aquella que critica su Gobierno. Tacha de conservadores, elitistas y mercenarios a los medios de comunicación que no defienden su gestión. “López Obrador se coloca como víctima de una prensa que quiere acabar con la Cuarta Transformación”, su gran proyecto político, dice Maldonado.
La llamada Cuarta Transformación es el proceso de cambio que quiere llevar a cabo el mandatario para dar continuidad a los otros tres momentos clave del país: la independencia del dominio español (1810-1821), la Guerra de la Reforma (1958-1861) y la Revolución (1910-1917) que dio lugar a la actual Constitución de México.
Y en esa Cuarta Transformación con la que López Obrador pretende terminar con la desigualdad social y económica, solo hay lugar para dos tipos de mexicanos: los que están a favor o los que están en contra, explica Maldonado. “Este Gobierno se ha enrolado en una dinámica política de polarización donde no hay medias tintas y cualquier cuestionamiento es visto como un ataque político, lo cual es desafortunado no solo para el Gobierno, sino la propia salud de la democracia”.
Asignaturas pendientes
Estos tres años de Gobierno de izquierdas –de un total de seis que dura el mandato–han sido decepcionantes para buena parte de la ciudadanía, ya que López Obrador generó expectativas que no han sido cumplidas. Pese a sus promesas, la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y la violencia criminal continúan siendo algunos de los principales problemas que azotan el país. Tampoco ha sido exitosa su estrategia en materia migratoria ni la gestión de la pandemia.
“En el terreno de la violencia y la impunidad no hemos avanzado, el país está cada vez peor. Y en la lucha contra el narcotráfico tampoco, pues hay más territorios tomados por los cárteles (de la droga), y la creación de la Guardia Nacional no ha logrado contener la violencia. Zonas del sur de México como Michoacán están tomadas por el narco y no hay una estrategia clara para combatir esa violencia”, que afecta también a la población civil, dice a elDiario.es Esperanza Palma, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de México.
La violencia contra las mujeres también sigue figurando entre las asignaturas pendientes. En 2021, México contabilizó 966 presuntos feminicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la cifra más alta desde 2015.
Por otro lado, y pese a los esfuerzos de algunos actores institucionales, el número de personas desaparecidas en el país también va en aumento. La verdad, la justicia y la reparación no llega para los colectivos de familiares que denuncian el escaso avance en las investigaciones.
Las desapariciones forzadas ascienden a más de 94.000 en todo el país, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, una crisis que comenzó en 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles de la droga.
Durante el Gobierno de López Obrador –datos entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2021–, 21.546 personas han desaparecido y no han sido localizadas, según el informe oficial de búsqueda e identificación, la cifra más alta que ha tenido una administración.
Más allá de la crisis de derechos humanos
Pese a todos los problemas, López Obrador mantiene un elevado nivel de aprobación ciudadana, en parte porque ha sido el primer presidente en décadas que privilegia la atención a grupos históricamente olvidados en el país o poco atendidos, como jóvenes y personas mayores, entre otros.
“Hay una especie de ‘triunfo simbólico’ de este Gobierno porque el presidente, incluso a pesar del pésimo manejo de la pandemia, tiene un 65% de apoyo. Ha dado voz a los sectores más excluidos y ha generado un enorme sentido de representatividad”, dice Palma, integrante de la Red de Politólogas.
López Obrador ha conseguido aumentar la recaudación de impuestos, así como el gasto social y las pensiones para las personas mayores. Los ingresos de los trabajadores también han mejorado considerablemente y para este 2022 el salario mínimo diario aumentará hasta los 260 pesos (11 euros) en el norte del país –tiene un estatus económico particular– y de 172 pesos (7,4 euros) en el resto del país, según datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
“Es simbólico porque no se corresponde con las cifras respecto a la crisis de derechos humanos. Pero quien cree en este proyecto, lo hace a pesar de cualquier mala estadística y eso evidencia la enorme eficacia de liderazgo presidencial” de López Obrador, según Palma, quien confía en que los próximos tres años de gobierno haya una nueva estrategia para mejorar la seguridad y la vida de las víctimas de violaciones de derechos humanos.