100 días de estado de emergencia después, Perú es el segundo país más afectado de América Latina por la COVID-19 y uno de los más golpeados de mundo, con más casos confirmados que otros territorios como Italia, Francia o Irán. Esta semana se han cumplido 100 días de cuarentena obligatoria a nivel nacional y, aunque el ritmo de nuevas infecciones parece haberse moderado, persiste la incertidumbre sobre cuándo mejorará la crisis sanitaria, así como los interrogantes sobre por qué, pese a la celeridad y contundencia de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia, el virus se ha propagado con tanta velocidad en el país.
El 15 de marzo, el presidente Martín Vizcarra ordenó cerrar las fronteras y declaraba el estado de emergencia. Había 71 personas contagiadas, ninguna había fallecido y solo habían pasado nueve días desde que se dio a conocer el primer caso de coronavirus en el país, pero el mandatario peruano optó por aplicar medidas drásticas desde el primer momento. Antes que ninguno de sus vecinos –Argentina, Chile, Brasil, Bolivia o Colombia–, instauró el confinamiento y limitó la circulación de la población.
Sin embargo, el virus continuó propagándose a una velocidad mayor de lo previsto, poniendo en cuestión la efectividad de la medida. Perú registra ya más de 265.000 casos y supera los 8.500 fallecidos, aunque se cree que la cifra real triplica este número. Las nuevas infecciones diarias siguen siendo más de 3.000. Es el sexto país del mundo con más contagiados y el segundo de América Latina, solo por detrás de Brasil, muy cuestionado por la gestión de la crisis. ¿Cómo ha llegado el país latinoamericano hasta aquí?
Una cuarentena “imposible”
Expertos coinciden en que pese al acierto de las decisiones iniciales, ha habido limitaciones de puesta en marcha y cumplimiento y una mala gestión para resolver los problemas que han ido surgiendo en el camino. “Inicialmente el país reaccionó bien, pero las medidas fueron calco y copia de lo que se hizo en Europa y nos olvidamos de que somos diferentes. Copiar el martillazo europeo no tenía porqué funcionarnos. Nos hizo falta una adaptación que no hemos hecho”, señala Hugo Ñopo, doctor en Economía e investigador principal de Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).
Como ha ocurrido en otros países de la región, el virus entró por los barrios más pudientes y acomodados de la capital, donde residen personas que habían viajado a Europa, Asia o Estados Unidos. A través de quienes diariamente se desplazan hacia estos lugares –como los jardineros, las empleadas del hogar, los porteros o los barrenderos– llegó a las zonas más humildes, donde estalló con mayor virulencia y el confinamiento resultó imposible de cumplir. Se cree que las aglomeraciones en el transporte también ayudaron a propagar el virus.
La informalidad laboral en Perú llega al 70% y la gran mayoría de los trabajadores por cuenta propia se ganan su sueldo al día. “Para ellos la cuarentena era materialmente imposible, no pueden quedarse en sus casas porque, si no, al día siguiente no comen”, indica Ñopo. La mayoría de las familias del país, apunta, no estaban preparadas para una cuarentena prolongada. “Uno de cada cinco hogares tiene condiciones de hacinamiento y casi la mitad de los hogares no tienen una nevera en casa, por lo que necesitan salir con mucha frecuencia a comprar”, añade el experto.
Para frenar el impacto económico en la ciudadanía, el Gobierno anunció un bono de 380 soles (casi 100 euros) destinado a los hogares más vulnerables. Al alargarse la cuarentena lo duplicó y, luego, estableció otra ayuda casi universal de 760 soles (190 euros). Pero aún hay gente que no ha recibido ni siquiera el primer monto. El segundo aún no se paga. “Hay mucha diferencia entre el diseño de las políticas gubernamentales y su implementación”, apunta Ñopo.
Según el economista, muchas familias no han recibido nada porque ni tan solo aparecen en los padrones, y solo el 40% de los peruanos dispone de una cuenta bancaria para transferir la ayuda. La baja inclusión financiera provocó la imagen de largas colas y aglomeraciones en las sucursales bancarias para poder cobrar la prestación.
Por otro lado, los mercados, uno de los pocos sitios a los que estaba permitido salir bajo las estrictas condiciones iniciales del confinamiento, se convirtieron rápidamente en grandes focos de contagio. La limitación de horarios de apertura por los toques de queda también favorecieron grandes aglomeraciones en estos espacios. En el Mercado de Frutas de Lima, por ejemplo, el 80% de los vendedores dieron positivo. Asimismo, muchas familias que se quedaron sin recursos ni alojamiento durante la cuarentena comenzaron a migrar desde Lima hacia sus regiones de origen, pese a la prohibición. Aunque las autoridades trataron de controlar estos grandes grupos con pruebas y traslados, en algunos casos el virus acabó llegando a zonas remotas donde hasta entonces no estaba presente.
Test rápidos, mascarillas y oxígeno
La política de pruebas también ha sido controvertida. Si bien el país ocupa el segundo lugar de la región en cantidad de test efectuados, apostó por utilizar las pruebas rápidas, a pesar de su considerable margen de error y que son menos fiables que las PCR. “No tenemos suficientes laboratorios para procesar las PCR”, argumenta Hugo Ñopo.
Sin embargo, el epidemiólogo y doctor en salud pública Sergio Recuenco asegura que se decidió utilizar los test serológicos como instrumento de detección “contra todas las normas”. Según reveló la prensa peruana, el Ejecutivo adquirió 700.000 pruebas rápidas a China sin certificación. “Los test rápidos sí iban a ayudar, pero no para detectar. Hubo una cuestión técnica fundamental fallida”, recalca el doctor. “Hay un 40% de falsos negativos con esos test y ya asumimos que los números no serían los más adecuados”, agrega Recuenco.
La compra de mascarillas inadecuadas que terminó en miles de policías infectados –170 fallecieron– o el abandono de los internos de las cárceles, donde han muerto más de 200 presos, han sido otras sombras de la gestión de Vizcarra. En las últimas semanas, se ha abierto un nuevo flanco: la escasez de oxígeno. Cientos de personas circulaban por las ciudades en búsqueda de tanques y recargas de oxígeno, que ahora se vende a precios muy superiores. Se han visto filas de gente en los locales que lo comercializan e incluso se ha generado un mercado negro de este insumo. Vizcarra llegó a declarar el oxígeno como producto de “interés nacional” ante la situación de emergencia.
Un sistema de salud precario
“Nuestro sistema de salud estaba muy descuidado”, afirma el doctor Recuenco. Al inicio de la crisis, el país andino contaba solo con cinco ventiladores mecánicos por cada 100.000 habitantes –una de las tasas más bajas de la región– y 525 camas UCI en total.
Con la pandemia han llegado ventiladores y se han reconvertido camas, pero –claramente– la infraestructura es muy deficiente para la cantidad de enfermos. “Durante décadas se impulsó un programa según el cual el acceso a los servicios básicos dependía del bolsillo de la gente y hoy esto nos explota en la cara porque es el servicio público el que está desbordado”, destaca Recuenco. La sanidad privada también ha estado en el ojo del huracán. El presidente ha llegado a un acuerdo con las clínicas privadas para regular los precios “extremadamente altos” que cobran a pacientes de COVID-19: ha habido denuncias de personas contagiadas a las que se les facturaron 500.000 soles (unos 126.000 euros) por su estancia, unos 10.000 soles por día.
Las medidas estrictas adoptadas por Perú como sus escasos resultados tienen mucho que ver, precisamente, con la precariedad de su sistema de salud pública. “El Gobierno sabía lo que se le venía encima; sabía que el país no tenía capacidad para responder y por eso declaró la emergencia temprana”, precisa la directora del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (Cisepa) de la Universidad Católica de Perú, Camila Gianella.
Para ella, esta pandemia ha develado “las debilidades del Estado” que, a pesar de las reformas, ha acabado convertido en “un mero gestor sin ninguna capacidad de servicio público real”. El “milagro peruano”, que en la última década ha significado un crecimiento sostenido para el país, no se ha traducido en mejoras para la salud pública. Proyectarlas a partir de ahora será complejo: el Banco Mundial estima una contracción de la economía nacional del 12% del PIB y posiciona a Perú como el segundo país de la región más perjudicado por la crisis del coronavirus.
Como parte del plan para la reactivación económica, y a pesar de que las cifras de contagios diarios siguen superando los 3.000, el lunes se autorizó la reapertura de los centros comerciales. El siguiente paso llegará en los próximos días: después de cinco prórrogas consecutivas, finalmente, el Gobierno pondrá punto final a la cuarentena el 30 de junio. Al cumplirse 100 días de confinamiento, el presidente rechazó las críticas a su gestión y aseguró que será la historia la que “juzgará las decisiones” tomadas para enfrentar la pandemia en el país.