Polémica por la violenta represión de las protestas de profesores en la provincia argentina de Jujuy
Una modificación en tiempo récord de la constitución de la provincia argentina de Jujuy, limítrofe con Bolivia, provocó multitudinarias protestas de docentes, organizaciones sociales e indígenas, que fueron reprimidas por la Policía provincial en las últimas 96 horas. La provincia está gobernada por Gerardo Morales, una de las principales figuras de la alianza conservadora Juntos por el Cambio.
La capital, San Salvador de Jujuy, y las principales ciudades de esa provincia en gran parte andina, la de mayor proporción de población indígena de Argentina, vivieron escenas que recordaban a diciembre de 2001, cuando colapsó el régimen de convertibilidad del peso con el dólar y el país vivió una de las mayores confrontaciones sociales.
Vehículos no identificados con policías a bordo transitaron las calles de San Salvador y detuvieron violentamente a manifestantes el martes. Las fuerzas de seguridad entraron a domicilios y arrastraron a mujeres y niños, según múltiples testimonios de familiares. Imágenes televisivas y fotográficas mostraron a policías y agentes de civil arrojar piedras a los manifestantes, mientras que otros registros evidenciaron anuencia de las fuerzas de seguridad para la ruptura de vidrieras en locales comerciales.
Tras el pico de violencia, una multitudinaria marcha de antorchas transitó la capital de Jujuy en la fría noche del miércoles, con especial protagonismo de los docentes.
La mayor crudeza de la represión se inició el martes al mediodía, después de que decenas de manifestantes intentaran entrar en el edificio de la Legislatura local, donde estaban reunidos los convencionales constituyentes electos el 7 de mayo, para dar impulso al tramo final de la reforma. Los manifestantes, identificados con partidos de izquierda, organizaciones sociales y sindicatos, casi no encontraron resistencia, pese al amplio dispositivo policial dispuesto por el gobernador Morales, y comenzaron a prender fuego algunas oficinas que dan a la calle. Ello dio lugar a la reacción policial, que con el correr de las horas se descontroló.
Hasta el miércoles por la tarde, permanecían en prisión en el penal de Alto Comedero, inmediaciones de la capital, 53 personas, incluido un niño con espectro autista que era buscado desesperadamente por su madre. Unos 15 detenidos habían sido liberados más temprano. Los heridos llegaban a 170, uno de ellos de gravedad. Un adolescente de 17 años perdió un ojo por una bala de goma policial, según la agencia de noticias estatal Télam.
Advertencia de la ONU
La violencia de la represión motivó la reacción de decenas de organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales y Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Reporteros Sin Fronteras también denunció el disparo de balas de goma contra periodistas y la detención de al menos dos cronistas durante más de 24 horas.
Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) llamó a “investigar todo indicio de violaciones” de los derechos humanos, en una carta enviada a Morales por el representante en América del Sur, Jan Jarab.
“Hacemos un llamado urgente al diálogo constructivo e intercultural en Jujuy, que garantice la participación efectiva de los pueblos indígenas y de todas partes interesadas, para superar la crisis mediante vías democráticas e institucionales”, agregó Jarab.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, se había expresado en términos similares el martes.
Las denuncias, amplificadas por el presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, enemistados entre sí, pero coincidentes en este tema, hicieron que los dirigentes de Juntos por el Cambio defendieran de manera unificada sus posiciones. Sus dos principales candidatos presidenciales, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, superaron sus diferencias para denunciar la “injerencia” y “total irresponsabilidad” de la CIDH, y acusaron al gobierno nacional de provocar el caos.
El contrapunto tiene lugar en las horas previas a la oficialización de las candidaturas presidenciales para las primarias obligatorias del 13 de agosto, cuando quedan muchas postulaciones por definir.
En un mensaje emitido el miércoles por la tarde, el presidente Fernández instó a Morales “a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”. El mandatario peronista de centroizquierda envió a funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Justicia a constatar los hechos en las calles y las prisiones de Jujuy, y anticipó que analizará la constitucionalidad de la reforma propuesta por el gobernador.
El presidente argentino exigió al gobernador que “no utilice al pueblo” de Jujuy “banco de prueba de represión y saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante”. Fernández reiteró la demanda para que el mandatario jujeño “convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticas”. El pueblo “cuenta conmigo personalmente y con apoyo del Gobierno nacional”, subrayó Fernández.
Morales, presidente de la tradicional Unión Cívica Radical (UCR), se jactaba de haber puesto “orden” en una provincia que años antes había sido sinónimo de inestabilidad. Entre sus activos, el propio gobernador se atribuyó en reiteradas oportunidades haber “puesto presa” a Milagro Sala, una dirigente social que manejó planes sociales y obras públicas cuando los Kirchner habitaban la Casa Rosada (2003-2015). Todo el arco de Juntos por el Cambio, la alianza liderada hasta hace poco por Mauricio Macri, y los medios afines reconocen en Morales “coraje” por haber detenido a Sala no bien asumió en Jujuy, en diciembre de 2015, mientras que organizaciones de derechos humanos e incluso la CIDH advirtieron por la violación de garantías básicas de la dirigente.
Reforma relámpago
El dominio de la política local por parte de Morales lo impulsó como uno de los principales líderes de Juntos por el Cambio, la coalición que integran el PRO (derecha) y la UCR (centroderecha). En mayo, un aliado de Morales fue elegido gobernador por amplio margen y Juntos or el Cambio ganó las elecciones constituyentes.
El panorama se alteró en pocas semanas. La convención constituyente hizo valer la hegemonía de la UCR en connivencia con el peronismo local, en manos de una élite intocable desde hace décadas, propietaria de medios de comunicación y de excelente relación con Morales. Ese pacto sórdido es uno de los motivos por los que el trotskista Frente de Izquierda tiene su presencia relativa más importante en Jujuy, donde llegó a obtener 25% de los votos.
En poco más de 10 días de sesión, los convencionales intentaron plasmar en la constitución de Jujuy la criminalización de la protesta, la desaparición de organismos de control y el rechazo a las pretensiones sobre la tierra de comunidades indígenas. Cuarenta votos a favor y ocho ausencias de la izquierda y el peronismo determinaron que, a partir de ahora, sólo se podrá manifestar en rutas y calles con permiso previo, aunque Morales aceptó dar marcha atrás con la vía exprés de desalojo de comunidades indígenas. Morales promulgó la reforma incluido el artículo 67 denominado “Derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”, uno de los apartados más rechazados por los manifestantes.
Antesala electoral
La suma de reclamos salariales de docentes —que protagonizaron manifestaciones multitudinarias como hacía tiempo no se veían en la provincia—, indígenas, grupos de izquierda, ambientalistas que resisten la concesión de grandes yacimientos de litio y kirchneristas trastrocó los planes de Morales en la semana en que los frentes electorales deben presentar las candidaturas a presidente, vicepresidente, diputados y senadores.
Lo que no está claro es si la mano dura perjudica o beneficia a Morales en su intención de ser candidato a vicepresidente de Rodríguez Larreta. Probablemente sea lo segundo.
En los últimos años, Argentina ha girado a la derecha. Por un lado, el economista Javier Milei, socio ideológico de Vox, irrumpió con fuerza al punto de que podría obtener cerca de 20% de los votos en las primarias obligatorias del agosto, que funcionan como un anticipo de las generales del 22 de octubre.
El crecimiento de Milei empujó a Juntos por el Cambio a radicalizar sus posiciones. En el caso de Bullrich, la promesa de represión de la protesta, incluido el uso de armas de fuego y la participación del Ejército, es utilizada como una herramienta indisimulada para captar votos. Rodríguez Larreta apela a un lenguaje algo menos belicista, pero finalmente suele justificar situaciones como la de Jujuy o las que perpetra la Policía de la ciudad de Buenos Aires, bajo su órbita. En este contexto, Morales se define a sí mismo como centrista y moderado, una condición que lo lleva a ofrecerse como compañero de fórmula del alcalde de Buenos Aires.
El ejemplo de Jujuy, a 1.500 kilómetros al norte de Buenos Aires, alcanza para prever que la ofensiva de recortes y la advertencia de mano dura policial que prometen las diferentes versiones de la derecha argentina no será sencillo de llevar a cabo. A eso se refería Fernández con la utilización de Jujuy como “banco de prueba” del próximo gobierno conservador que podría asumir el 10 de diciembre.
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