La Policía de Israel ha utilizado el software de espionaje Pegasus de la empresa israelí NSO Group para rastrear los teléfonos de ciudadanos israelíes de distintos perfiles sin orden judicial, según ha revelado este martes el diario económico local Calcalist, aunque las autoridades niegan haber realizado esta práctica sin premiso previo de la Justicia.
Los cuerpos policiales habrían usado el programa para extraer información y espiar a alcaldes, antiguos empleados gubernamentales, activistas del movimiento Bandera Negra, que lideró las protestas contra el exprimer ministro Benjamín Netanyahu, e incluso una persona cercana a un cargo político de alto rango, dice el medio, que no ha desvelado la identidad exacta de los supuestamente espiados.
Según Calcalist, el pirateo de sus teléfonos móviles se hizo sin permiso ni supervisión de ningún tribunal, ya que la Policía no solicitó previamente una orden de registro o escucha. Tampoco hubo control ni rendición de cuentas sobre la información y datos recopilados y se desconoce si todos estos detalles se enviaron a otras agencias estatales de investigación.
La orden de vigilar a ciudadanos israelíes que no son investigados por sospechas de haber cometido crímenes partió de altos cargos policiales, sostiene la investigación. Se habría usado, entre otros casos, para buscar pruebas de soborno en el móvil de un alcalde, en una etapa en que las pesquisas sobre este asunto aún eran confidenciales.
Pegasus también se ha utilizado para obtener información de un objetivo de inteligencia, pese a no tener detalles previos de que este hubiera cometido algún delito, y se pirateó el teléfono de una persona cercana a un alto cargo político para recoger evidencias como parte de una investigación por corrupción, sostiene el medio. Además, el software se instaló en los teléfonos de empleados de una empresa gubernamental bajo el pretexto de que eran sospechosos de fraude.
Otra investigación del periódico israelí Haaretz sugiere que NSO cobró 2,7 millones de shekels (759.000 euros) a la Policía israelí en 2013 por una versión básica del programa.
Según la legislación israelí, sólo la agencia de inteligencia nacional, el Shin Bet, tiene autoridad para llevar a cabo este tipo de pirateo de teléfonos móviles sin una orden judicial y sólo lo puede hacer para prevenir ataques terroristas inminentes de palestinos, árabes israelíes o judíos israelíes. Este tipo de interceptaciones requieren la aprobación de un alto funcionario del Shin Bet o de la oficina del fiscal general.
El servicio de Policía israelí, sin embargo, no tiene esta exención y está obligado a solicitar una orden judicial. El cuerpo ha negado la validez de las informaciones de Calcalist y ha asegurado que “no hay base para tales acusaciones”. En un comunicado dice que “toda la actividad policial en este ámbito es conforme a la ley, en base a órdenes judiciales y estrictos procedimientos de trabajo”. Según la investigación, la Policía adquirió por primera vez el software Pegasus en 2013 y lo comenzó a utilizar en 2015.
El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, ha dicho también en Twitter que “no hay prácticas de escuchas telefónicas o intrusión en dispositivos por parte de la Policía de Israel sin la aprobación de un juez”.
La empresa de ciberseguridad israelí NSO Group fue una de las compañías de las que más se habló el año pasado, con múltiples casos de espionaje a políticos, activistas y periodistas de todo el mundo por el uso indebido de su polémico software Pegasus. Ante ello, el Gobierno israelí endureció el control de las exportaciones cibernéticas de la empresa.
La supuesta inmunidad de los israelíes, en tela de juicio
Aunque ya han surgido otros informes sobre el uso indebido del programa, vendido por el grupo israelí NSO a Gobiernos extranjeros, las últimas afirmaciones suponen un cambio importante al sugerir que los propios israelíes también han sido objeto de espionaje. Altos funcionarios de NSO han afirmado que el uso de su software contra números de teléfono israelíes y estadounidenses no está autorizado.
Es la primera vez que una información cuestiona las garantías dadas a los israelíes de que no podían ser víctimas de Pegasus, así como su supuesta protección a las intrusiones sin orden judicial.
El Jerusalem Post ha comentado al respecto que “de ser cierto, la investigación abriría brechas en una serie de narrativas de la NSO, la Policía y potencialmente la fiscalía estatal sobre el equilibrio adecuado entre la obtención de pruebas y el respeto de los derechos de privacidad de los ciudadanos y las protecciones judiciales contra los registros e incautaciones ilegales”.