Portugal se ha convertido en el séptimo país del mundo en aprobar la despenalización de la eutanasia después de que el Parlamento diera luz verde a un proyecto de ley que debe ser sancionado ahora por el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa.
Aprobada por 136 votos a favor, 78 en contra y 4 abstenciones, es una ley “totalmente plural, que respeta a quien escoge el día de su muerte con la ayuda de terceras personas”, según Isabel Moreira, diputada de gobernante Partido Socialista (PS).
El país se suma así a una lista en la que se encuentran ya España, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Canadá y Colombia. La propuesta ha salido adelante, tras un año de trámite parlamentario, con el apoyo de los grupos de izquierda, con el rechazo de la derecha, y en medio de un tenso debate sobre la idoneidad del momento, cuando el país está azotado por una ola descontrolada de COVID-19 que hoy ha dejado 278 muertos.
Tanto socialistas como el Partido Social Demócrata (PSD), de centroderecha y principal fuerza de la oposición, dieron libertad de voto a sus diputados. En el caso del PS, todos votaron a favor salvo 11 (9 en contra y dos abstenciones), mientras que en las filas del PSD, 56 rechazaron la medida, 2 se abstuvieron y 14 la apoyaron.
La norma establece que el solicitante de muerte asistida debe ser mayor de edad, sin problemas mentales y en situación de sufrimiento “duradero e insoportable”. Además de tener una enfermedad o lesión incurable, la decisión final será evaluada por un comité de expertos y solo podrá practicarse en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
La iniciativa ha provocado una gran polémica en la sociedad portuguesa, que se ha visto reflejada en la sesión parlamentaria. El Partido Comunista (PCP) ha apoyado la propuesta porque supone la comprensión de una situación límite en la que una persona se puede encontrar. Para el portavoz de los Verdes, Luís Pereira, es “una buena ley”, porque al fin “la muerte médicamente asistida no es punible”, aunque ha lamentado que sólo sea posible en el sistema público de salud.
Según el líder de Partido Animalista, André Silva, esta ley recoge el “sentimiento general de los portugueses de dar libertad a quienes pueden elegir lúcidamente en el final de su vida”. “Es una ley justa, rigurosa y confiable en la que un acto de bondad deja de ser un acto punible que condena a prisión”, argumentó Silva.
Desde la derecha, por el contrario, Telmo Correia, diputado de CDS-PP, ha asegurado, parafraseando al papa Francisco, que supone “una derrota para todos”, ya que “la respuesta no es abandonar a los que sufren”. Esta ley “es un error porque permite matar vidas que podían ser salvadas. Es una indignidad y va en contra de la Constitución de la República Portuguesa”, ha concluido Correia.
La reacción de la iglesia católica no se ha hecho esperar. Los obispos de Portugal han expresado su “tristeza e indignación” ante la despenalización de la eutanasia “en el momento de mayor gravedad de una pandemia mortífera, donde todos nos empeñamos en salvar el mayor número de vidas”. “No podemos aceptar que la muerte provocada sea la respuesta a la enfermedad y al sufrimiento”, recoge un comunicado.
La iniciativa se ha debatido en diferentes Comisiones del Parlamento luso desde hace un año tras las cinco propuestas, todas muy similares y presentadas por el PS, el Bloque de Izquierda (BE), el partido animalista PAN, el grupo ecologista PEV, e Iniciativa Liberal. Durante este largo proceso se han sucedido movilizaciones de partidarios y detractores de la despenalización de la muerte asistida. Hoy, con el país confinado, no ha habido manifestaciones.
Ahora, la última palabra la tendrá el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que debe ratificarla para su entrada en vigor.