Cuando Giorgia Meloni acaba de cumplir los 100 días al frente del primer Gobierno liderado en Italia por la ultraderecha, el Ejecutivo se ve envuelto en una tormenta política desatada por dos de los representantes más destacado de su partido, Hermanos de Italia: Giovanni Donzelli, vicepresidente del Comité parlamentario de control de los servicios secretos (Copasir), y Andrea Delmastro, viceministro de la Justicia. Ambos están en el ojo del huracán después de unas declaraciones de Donzelli, el pasado martes en Parlamento, sobre el caso de Alfredo Cospito, el anarquista en huelga de hambre desde hace 106 días para protestar contra el 41bis, el régimen carcelario duro pensado para los mafiosos y que a él se le aplicó en mayo.
La protesta de Cospito llevaba ya días ocupando el debate político italiano por el empeoramiento de sus condiciones de salud después de más de tres meses sin tomar nada más que agua y suplementos alimenticios y haber perdido 40 kilos de peso. Hasta el punto que, a principio de la semana, ha sido trasladado desde la cárcel de Cerdeña en la que se encontraba al centro penitenciario de Opera, en Milán, otra de las 12 prisiones donde se aplica el 41bis pero más equipada para tratar a los presos en graves condiciones de salud.
Este régimen de cárcel duro, instituido en 1986, se aprobó en la forma actual en 1992, para extremar la lucha contra la mafia después de los atentados a los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino que sacudieron a Italia. El objetivo era cortar al máximo las comunicaciones de los presos con el exterior: viven en una celda con seguridad reforzada durante 22 horas al día, solo pueden salir a un patio interior durante dos horas, que coinciden con el único momento de contacto con otros presos; las visitas familiares se reducen a una al mes, están grabadas y se realizan en locales donde la interlocución de desarrolla a través de una pared de vidrio. En su momento, el régimen especial se pensó como una medida de emergencia, pero treinta años después son muchas las voces que apelan a una reformulación, aunque también es mucha la presión para que se mantenga como una herramienta de presión y contraste en la lucha a la mafia.
El 'caso Cospito'
La gran mayoría de los 728 presos sometidos actualmente al 41bis lo está por delitos mafiosos, como es el caso del capo de Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, detenido el 16 de enero tras 30 años huido de la justicia. Los casos de terrorismo interno o internacional son cuatro, y entre ellos está el de Cospito quien, después de recibir una sentencia a 10 años por haber herido a balazos a un empresario en 2012, fue condenado a otros 20 años por el atentado a una academia de los Carabinieri, en 2006, en el que no hubo muertos ni heridos. Una condena en vía de revisión y que podría ser convertida en cadena perpetua, tras un cambio en la definición del tipo penal del ataque que pasaría a ser “atentado contra la seguridad del Estado”, un delito que no se ha aplicado ni a las matanzas cometidas por la mafia en el terrible verano de 1992.
Mientras se espera la revisión de la condena, se decidió aplicar a Cospito el régimen del 41bis, porque para los jueces el anarquista podría dar órdenes a otros miembros de su grupo anarquista, algo que él niega. Cospito pertenece a la Fai-Fri, Federación anarquista informal-Frente revolucionario internacional, caracterizada por ser una estructura horizontal con grupos presentes en varios países que actúan de forma autónoma. No hay que confundirla con la Fai, la Federación anarquista italiana, que, a diferencia de la Fai-Fri, condena el recurso a la violencia.
En las últimas semanas, además de las pintadas aparecidas en varias localidades de Italia y Europa con el mensaje “Alfredo libre” o “No al 41bis”, se han registrado actos de vandalismo, como un ataque incendiario a dos vehículos de la policía local en Milán. Actos similares han ocurrido en Berlín, donde fue incendiado el coche del primer consejero de la Embajada italiana, como ya había ocurrido en diciembre en Atenas. Y en Barcelona, unos desconocidos irrumpieron en el edificio que aloja la sede del Consulado Italiano, rompieron una cristalera y dejaron pintadas en la entrada. “El Estado no debe dejarse intimidar por quienes piensan en amenazar a sus funcionarios”, dijo Meloni el lunes.
Del “caso Cospito” al “caso Donzelli”
Pero la presión sobre el Ejecutivo ha ido en aumento, después de que el “caso Cospito” se convirtiera en el Parlamento en el “caso Donzelli”, por las declaraciones del vicepresidente del Copasir y jefe de organización de Hermanos de Italia el martes en la Cámara de los diputados, que han abierto más de un frente, no solo entre el Ejecutivo y la oposición sino también en la mayoría de Gobierno.
En un intento de atacar a la oposición, Donzelli reveló conversaciones que Cospito había mantenido en la cárcel con miembros de la mafia sobre 41bis y las relacionó con una visita realizada el mismo día por unos diputados del Partido Democrático, la principal fuerza de la oposición, a Cospito en la cárcel para cerciorarse de las condiciones de salud del anarquista.
“Cospito es un terrorista y orgullosamente lo reivindicó desde la cárcel. Según los documentos en posesión del Ministerio de Justicia, Francesco Di Maio, del clan [de la Camorra] Casalesi, dijo, al encontrarse con Cospito: 'Poco a poco llegaremos al resultado', que sería la abolición del 41bis. Cospito respondió: 'Debe ser una lucha contra el 41bis'. Pero, el mismo día, 12 de enero de 2023, mientras hablaba con los mafiosos, Cospito también se reunió con los parlamentarios Serracchiani, Verini, Lai y Orlando [diputados del PD]. Me gustaría saber si la izquierda está del lado del Estado o de los terroristas”, dijo Donzelli en la Cámara.
Unas declaraciones que no solo desataban la indignación de toda la oposición, sino que estaban revelando informaciones desconocidas hasta aquel momento.
Donzelli dijo que las había recibido de Delmastro, el viceministro de Justicia, responsable también del Departamento de Administración Penitenciaria, con el que comparte piso en Roma.
Una situación que, según las reconstrucciones publicadas por la prensa italiana, ha causado la ira del ministro de la Justicia, Carlo Nordio, quien el miércoles en una comparecencia en el Parlamento defendió la necesidad de mantener el 41bis como régimen carcelario y en cuanto a Cospito dijo que no se podía expresar de momento sobre una revoca. Pero el ministro tuvo también que intervenir sobre el “caso Donzelli”, diciendo que todo lo que concierne los detenidos en el 41bis son datos “sensibles”. Tras una reconstrucción de los hechos, el ministro informó este jueves, en un comunicado, que el documento mencionado por Donzelli no estaba cubierto por secreto.
La Fiscalía de Roma ha abierto una investigación por revelación y uso de secreto oficial.
El diputado del PD Andrea Orlando, uno de los mencionados por Donzelli por su visita a Cospito, aseguró en una entrevista al Corriere della Sera que se trata de palabras “inquietantes” por el uso de informaciones reservadas “para intimidar a la oposición”. El PD pidió las dimisiones de Donzelli y Delmastro.
El día terminó el miércoles con la llamada de la primera ministra, Giorgia Meloni, a un programa de televisión, una intervención que recordó las llamadas que solía hacer Silvio Berlusconi para replicar en directo.
Meloni intervino en el debate diciendo: “El Gobierno no ha creado el problema y aquí hay gente que decide abiertamente desafiar al Estado”. Pero el caso Cospito, después de las declaraciones de Donzelli, corre el riesgo de ser un bumerán para el Gobierno en un momento en el que la primera ministra repetía a socios y aliados que hacía falta sobriedad.
Y, mientras tanto, con la salud de Cospito empeorando, parece lejana la fecha del 24 de febrero fijada por la Corte de Casación para examinar el recurso de su abogado defensor contra la aplicación del 41bis.