De Lituania a Perpiñán. La oleada de protestas recorre Europa en un momento clave: a menos de seis meses de las elecciones en las que la extrema derecha hará una demostración de fuerza con victorias en hasta nueve países, según un estudio del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. El próximo Parlamento Europeo sufrirá, sin duda, un viraje a la derecha.
No es algo nuevo, los partidos populistas se nutren (y alimentan) el malestar. Un estudio de 200 procesos electorales en los últimos 40 años constató que las políticas de austeridad favorecieron el auge de las formaciones extremistas. Ocurrió en la crisis financiera y ahora se está viendo con la policrisis que ha afectado a Europa: la pandemia, la guerra en Ucrania, la inflación…
Con ese panorama, los gobiernos tratan de capear el temporal y es lo que está intentando también la Comisión Europea en pleno auge de movilizaciones, que tienen especificidades en cada uno de los países. La que más preocupa desde hace tiempo en Bruselas es la revuelta agraria, fruto del descontento por la regulación y limitaciones que a lo largo de la legislatura se han puesto en marcha con el Pacto Verde Europeo, la gran agenda verde encaminada a lograr la neutralidad climática en 2050, o iniciativas como ‘De la granja a la mesa’.
Arrastrado por su competencia con la extrema derecha, el Partido Popular Europeo hace tiempo que comenzó a marcar distancias con la Comisión Europea, presidida por su correligionaria Ursula Von der Leyen, oponiéndose a algunas de las normas que salen del ejecutivo comunitario, como la ley de restauración de la naturaleza o la reducción a la mitad del uso de pesticidas para 2030. Además, apostaron por una moratoria de dos años en la nueva legislación que afecta al sector agrícola.
Von der Leyen cogió el guante y en el último debate sobre el Estado de la Unión lanzó guiños al sector primario y planteó un “diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura”. La estrategia es similar a la que siguió Emmanuel Macron con los ‘chalecos amarillos’ hace unos años. La iniciativa a nivel europeo se puso en marcha esta misma semana pilotada por Peter Strohschneider, que ya desempeñó esa función para el Gobierno alemán en 2020.
La intención es recopilar ideas a partir de conversaciones con los sectores interesados para tener un informe a finales de agosto o principios de septiembre que dé respuesta a cómo mejorar la situación económica de los agricultores y ganaderos, cómo gestionar la producción ante el cambio climático, entre otras.
“Todos tenemos la sensación de que hay una creciente división y polarización cuando se trata de temas relacionados con la agricultura. Creo que sólo podemos superar esta polarización, a menudo aguda, mediante el diálogo”, expresó Von der Leyen en la sesión inaugural de ese diálogo estratégico con el sector del que espera que salga un “nuevo consenso”. “Queremos escuchar, discutir y desarrollar escenarios para el futuro. Se trata de describir el camino adelante juntos”, dijo la alemana, que citó el “exceso de regulación” entre los desafíos que encara el sector. Sus palabras se produjeron un día después de que las movilizaciones agrarias se trasladaran a las puertas del Parlamento Europeo en Bruselas, donde participaron algunos eurodiputados de la extrema derecha.
España cree que Bruselas llega tarde
“La Comisión Europea lo ha planteado muy tarde en esta legislatura”, lamentó el ministro de Agricultura español, Luis Planas, que consideró que el gobierno comunitario pisó el acelerador “sin el debido diálogo o explicación ni apoyo económico”. “Habría sido mejor en 2018, cuando se iniciaron los nuevo cambios en la PAC o cuando se planeó la iniciativa ‘De la granja a la mesa’ o el Pacto Verde”, agregó.
“Hay mucha gente que está intentando meter lío”, admitió Planas: “Hay una tentación de la extrema derecha de utilizar a agricultores y ganaderos como un instrumento político. Me parece lamentable. Lo que necesitan es que se les defienda, se les escuche, que se trabaje con ellos. En modo alguno que se les manipule políticamente. Pero ahora hay elecciones europeas y evidentemente la tentación es grande por esos sectores de la derecha extrema y la extrema derecha que no proporcionan ninguna solución y sí muchos problemas para el sector primario”.
Aunque en España la situación está apaciguada desde que a principios de 2020 se levantó el sector del campo, Vox ha penetrado en el mundo rural. Las protestas agrarias fueron uno de los primeros conflictos a los que se enfrentó el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos, pero capearon el temporal. Planas presume ahora de que España es el país que, después de Alemania, da más ayudas de estado al sector.
La casuística de las protestas es, no obstante, muy distinta entre los países. En los del este hay un frente común que lleva meses en pie de guerra por la suspensión de los aranceles a Ucrania desde la invasión rusa, que ha provocado una competencia a la baja que ha perjudicado al sector primario de países como Polonia, Hungría o Eslovaquia, que pelearon por excepciones para que el grano ucraniano sólo pudiera pasar por su territorio pero no comercializarse. Ahora Bruselas está estudiando la extensión de la medida hasta 2025. “Al hacerlo, tenemos que tener en cuenta las sensibilidades de los sectores agrícolas, especialmente los países vecinos, que son los más afectados”, señaló el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis. El conflicto está escalando, no obstante, por otros productos como las importaciones de aves de corral, azúcar y huevos ucranianos.
Pero el bloqueo de carreteras y demás imágenes icónicas de las protestas tienen lugar en otros países por conflictos meramente nacionales, que es lo que reiteran en Bruselas. 1.300 tractores se concentraron en Vilnius los últimos días para exigir un cambio en la política agrícola (mejores precios, menos impuestos para los combustibles y simplificación de normas). Lo mismo ha sucedido en Grecia, donde los agricultores reclaman al Gobierno exenciones fiscales al combustible, para reducir los costes de producción, y ayudas por la pérdida de cosechas debido a las inundaciones.
El primer ministro de Rumanía, el socialdemócrata Marcel Ciolacu, anunció la concesión de 72 millones de euros en ayudas para responder a las demandas y está estudiando subsidiar el 25% del coste del gasóleo de los agricultores, según informa la Agencia EFE.
También Macron ha tenido que mover ficha e iniciar negociaciones con unos manifestantes que han atacado a los camiones procedentes de otros países, como España, y que han llevado el bloqueo a las puertas de París. Entre sus exigencias, están las ayudas inmediatas y la reducción de las limitaciones ambientales, así como planes para combatir el aumento de costes y la falta de poder adquisitivo así como contra los excesivos trámites administrativos.
También en Alemania la extrema derecha está espoleando las protestas de agricultores y camioneros, especialmente por la eliminación de las subvenciones al gasóleo. Se da la circunstancias de que la idea fuerza de Alternativa por Alemania siempre había sido “limpiar la jungla de subvenciones”, pero ahora ve la forma de sacar tajada al descontento.
Y, con esos mimbres, las protestas se extienden por todo el continente casi a la misma velocidad que los partidos de extrema derecha van aumentando su poder.