Las protestas contra el Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, han dejado en el país al menos 24 muertos en una semana, según ha informado este miércoles la Defensoría del Pueblo. La institución, además, ha revelado que, en 11 de los casos, la policía del país es la presunta responsable de las muertes.
Según el informe, los demás casos corresponden a víctimas de particulares y agresores desconocidos, mientras que una de las víctimas ha fallecido de causa natural presuntamente por una enfermedad cardíaca. Este primer informe oficial de la Defensoría incluye información sobre la identidad de las víctimas y las circunstancias en las que fallecieron.
Los datos han sido revelados después de ocho días de intensas jornadas, violencia, bloqueos de vías y decenas de denuncias en contra del abuso policial.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, en las protestas también han resultado heridas unas 800 personas y hay, todavía, un número de desaparecidos por determinar.
Víctimas de la policía
El informe recoge la muerte de Andrés Murillo, un joven de 19 años que fue víctima de un disparo en el pecho en la ciudad de Ibagué el sábado pasado. Los testigos del ataque acusan a un agente de la Policía de disparar contra el joven mientras este caminaba hacia su casa por un lugar en el que varios manifestantes se enfrentaban con uniformados.
Además, está anotado el asesinato de Marcelo Agredo, un menor de 17 años que recibió en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (al suroeste del país), varios disparos a quemarropa de un policía al que agredió con una patada en la espalda. En Cali también se produjo el asesinato de Nicolás García Guerrero, presuntamente por un uniformado. Como estos casos, están también documentadas las muertes de otras ocho personas con heridas de armas de fuego o artefactos de granadas de gas lacrimógeno.
Responsabilidad de la fuerza pública
El pasado domingo el presidente Duque ordenó el retiro del proyecto de reforma fiscal que ha detonado las manifestaciones y por el que el pasado lunes renunció el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Sin embargo, miles de colombianos volvieron este miércoles a las calles en una nueva jornada de “paro nacional” convocada por los sindicatos y las centrales obreras en contra de una reforma sanitaria. Las convocatorias transcurren, hasta el momento, de forma pacífica.
El descontento social sigue volcado en las calles, donde también se han vivido caóticos días de violencia y destrucción. Al menos 72 civiles y 19 policías fueron heridos en las concentraciones de este martes por la noche en Bogotá. Además, 23 estaciones de policía fueron atacadas.
El Gobierno ha insistido en que grupos armados ilegales han sido los instigadores de la violencia, pero ha eludido dar explicaciones sobre el desproporcionado uso de la fuerza pública que han denunciado organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea y Amnistía Internacional.
“Nos duelen las miles de familias colombianas que han sido víctimas del vandalismo”, ha asegurado este miércoles el presidente Duque en una declaración en la que ha responsabilizado de la violencia a “una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar”.
Mientras tanto, distintos sectores acusan al mandatario de esquivar la responsabilidad de la fuerza pública que es acusada, según los datos revelados por la Defensoría, de la mitad de los asesinatos ocurridos durante las manifestaciones.
Congresistas opositores colombianos presentaron el pasado martes una propuesta de debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por las “violaciones de derechos humanos” cometidas por la fuerza pública en las protestas.