Las purgas de Erdogan se extienden a hospitales, colegios y medios de comunicación
El reloj supera en escasos minutos las diez de la noche del viernes 15 de julio. Se escuchan disparos en la sede del Estado Mayor de Turquía en Ankara. Horas después el alzamiento militar fracasa y deja 265 personas fallecidas y más de 2.000 heridos.
Con la llegada de los primeros rayos de luz a tierras turcas el sábado 16 de julio, empiezan las represalias. Las fuerzas leales al presidente Erdogan comienzan a detener a los militares sublevados. Más de 2.800 soldados son arrestados por su presunta relación con el alzamiento. No obstante, las purgas del presidente no se limitan al Ejército, sino que han alcanzado a todos los estamentos. Son estas:
Destitución de jueces
Turquía ha suspendido de sus funciones a un total de 2.745 jueces de diferentes tribunales, incluidos los de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, acusados sin pruebas de estar detrás detrás del levantamiento militar. Algunos de los magistrados pusieron sobre aviso a sus colegas europeos de lo que se avecinaba, tan solo unas horas después de que se constatase que la rebelión fracasaba: “Puede ser la mayor operación de limpieza de disidentes que se lleve a cabo por el Gobierno”.
Una maniobra que mantendría relación directa con el propósito de Erdogan de reinstalar la pena de muerte para los golpistas -abolida definitivamente en Turquía en el año 2004- . “Como jefe de Estado, aprobaré esa decisión si la ratifica el Parlamento”, aseguró. “¿Por qué debería mantenerlos [a los golpistas arrestados] y darles de comer en la cárcel durante años?”, añadió el presidente turco.
El ministro de Justicia del país, Bekir Bozdag, criticó las advertencias de Bruselas de que ningún país que ejecuta sentencias de muerte puede entrar en la Unión Europea. “Hemos regulado la pena de muerte. Incluso añadimos un artículo a la Constitución diciendo que no podría ser reintroducida. ¿Nos aceptaron en la Unión? No. Siempre encuentran una razón para no aceptarnos”, sentenció.
En España, la Unión Progresista de Fiscales ha emitido una carta al embajador de Turquía en nuestro país en la que aseguran que “la rapidez con la que se ha llevado a cabo la suspensión de funciones y detención de jueces/zas y fiscales hace sospechar seriamente en la premeditación y arbitrariedad de esas medidas”.
Casi 2.000 centros cerrados
Cuando el golpe de Estado fracasa, el presidente turco acusa al predicador islamista Fethullah Gülen de orquestar la sublevación militar. Gülen ha dicho que “es ridículo, irresponsable y falso sugerir que tuve algo que ver con el golpe fallido”. El Gobierno de Erdogan ha pedido a Estados Unidos, país donde reside el predicador islamista, que extradite a Gülen a Turquía.
Entretanto, Turquía ha cerrado más de 1.700 centros privados, desde hospitales hasta universidades, por supuesta vinculación con las redes del predicador islamista. Así lo afirma el primer decreto del Ejecutivo de Erdogan al amparo del estado de emergencia, publicado este sábado en el Boletín Oficial.
El documento puntualiza que se han cerrado 35 hospitales privados, 1.043 colegios y pensiones de estudiantes privados, 1.229 fundaciones, 19 sindicatos y 15 universidades privadas que pertenecen o tienen vínculos con las redes de Gülen.
Además, este mismo sábado la policía turca detuvo al sobrino del predicador, Muhammet Sait Gülen, bajo sospecha de estar vinculado a los responsables del golpe, según informó la agencia semipública turca Anadolu. Sait Gülen fue arrestado en Erzurum, ciudad en el noreste de Anatolia, y enviado a la capital, Ankara, para ser interrogado.
Control de las Fuerzas Armadas
La cuestión militar es uno de los ejes sobre los que pivotan las purgas de Erdogan. Las fuerzas leales al presidente turco han detenido a más de 6.000 militares de diversos escalafones, incluidos 103 generales y almirantes, lo que supone cerca de un tercio de la cúpula de mandos de las Fuerzas Armadas de Turquía.
Además, el primer ministro turco, Binali Yildirim, ha anunciado que la jefatura de las Fuerzas Armadas de Turquía dejará de depender del Ministerio de Defensa y será subordinada directamente a la Presidencia en el futuro.
“El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ya no dependerá del Ministerio de Defensa. Cuando se implante el sistema presidencialista, lo subordinaremos a Presidencia”, ha dicho Yildirim en una entrevista este domingo en la televisión turca ATV-A Haber.
Retirada de licencias y detenciones en los medios
El Ejecutivo de Turquía ha puesto especial énfasis en el control de los medios de comunicación tras el golpe de Estado fallido. El Alto Consejo de Radio y Televisión turco (RTÜK) ha anunciado que se han retirado las licencias a una veintena de cadenas de televisión y radio cercanas a Gülen. Según Anadolu, la decisión concierne a 24 cadenas y 34 periodistas considerados cercanos al enemigo de Erdogan. El pasado marzo, la agencia de prensa Cihan y el diario Zaman fueron embargados, y su dirección, confiada a administradores del Estado.
La policía turca también ha detenido a la periodista Zehra Dogan, editora de la agencia feminista JINHA Women’s News Agency. El arresto, en el marco del estado de emergencia, se practicó este viernes en Mardin. Desde entonces nada se sabe de la comunicadora, sobre la que se puede establecer el nuevo periodo de detención sin cargos en Turquía, que ha aumentado de 4 a 30 días, según informó este sábado la agencia de noticias Reuters.
