Abusos sexuales en puestos de control. Permisos especiales para poder moverse de un Estado a otro. Hospitales vetados incluso para tratar simples infecciones. Bloqueo de acceso a sus cultivos. Aunque el Gobierno de Myanmar se empeñe sacudirse la presión internacional afirmando que ya puede repatriar a la minoría rohingya que acoge ahora Bangladesh, Amnistía Internacional (AI) y la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) creen que esto es imposible.
“Myanmar y Bangladesh están sometidos a presión internacional para que resuelvan la crisis, pero desde el punto de vista de AI la crisis no puede resolverse en falso”, dice Olatz Cacho, especialista de Myanmar de la organización. “Ellos pueden decir que se dan las condiciones, pero de facto sabemos que no se dan porque hemos desplazado a gente a Bangladesh y sabemos que las personas siguen huyendo del país [Myanmar]”, añade.
La semana pasada, el Gobierno de Bangladesh entregó a Myanmar una lista de 8.032 refugiados de la etnia rohingya que están “preparados para llevarlos de vuelta”, según el ministro de Interior bangladesí Asaduzzaman Khan. En ese acto también dijo que todavía no había una fecha para el inicio de la repatriación aunque, según el acuerdo al que llegaron los dos países, las devoluciones deberían haber empezado ya. Los ministros de Interior de Myanmar y Bangladesh coincidieron en que “el proceso” iba a empezar “muy pronto”.
El Gobierno de Myanmar está preparando en tres fases el regreso de 1,1 millones de rohingyas que Dacca ha contabilizado en una lista con familias y zonas. Ese documento puntualiza también que unos 688.000 refugiados de esta etnia llegaron a Bangladesh desde el pasado mes de agosto.
“Hemos dicho una y otra vez que si los rohingyas van hacia una incertidumbre, si se sienten intimidados de nuevo, si necesitan volver de nuevo por falta de comida o techo, van a volver, no se van a quedar allí”, apuntó la autoridad bangladesí.
Pero no solo son las ONG las que consideran que el retorno de los rohingyas es, por el momento, imposible. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, también dijo hace unos días que aún no se dan las condiciones. Confirmó que el movimiento de población continua, aunque a un nivel mucho menor, y que en los primeros 15 días del mes de febrero habían llegado a Bangladesh otros 1.500 refugiados.
“Responder a las raíces de la indignante violencia y discriminación sistemática que ha llevado a cientos de miles de personas lejos de sus casas repetidamente durante décadas, y lograr soluciones para la crisis actual, requerirá apoyo tanto a Myanmar como a Bangladesh”, dijo Grandi ante el Consejo de Seguridad.
“Desde Amnistía nos vamos a oponer con toda nuestra maquinaria a la repatriación. Por las imágenes por satélite, algo que el Gobierno de Myanmar no puede impedir, hemos visto pueblos enteros arrasados. ¿A dónde vas a repatriar a más de 600.000 personas? ¿A dónde las vas a llevar? ¿Qué condiciones y qué derechos les vas a dar? Todo esto está en el aire y hasta que no se establezca, no hay repatriación posible”, apunta Cacho.
“Hay que imponer un embargo de las armas”
Para empezar, la ONG pide que el Consejo de Seguridad actúe con un mensaje claro y conjunto al Ejército de Myanmar para que cesen las atrocidades y que no haya impunidad a sus crímenes. “Estamos pidiendo a través de la comunidad internacional que cesen la venta de armas y las ayudas económicas al país hasta que no se respeten los derechos internacionales”, añade la especialista.
La represión por parte del Ejército de Myanmar comenzó el pasado 25 de agosto cuando un grupo insurgente atacó un puesto policial. A partir de ahí, la respuesta violenta contra la minoría musulmana se intensificó. Cientos de miles de personas huyeron en apenas tres meses. Ahora mismo, hay más de medio millón de rohingyas en Bangladesh y, según las imágenes por satélite, cientos de poblaciones ahora no son más que ceniza.
En su huida han sufrido todo tipo de acosos. Se han denunciado casos de agresiones machistas contra mujeres y menores. Se les ha acorralado en playas para que no puedan continuar su marcha y que tampoco tengan acceso a comida ni a agua dulce. Y ahora su Gobierno les dice que todo está preparado para su regreso.
Fin al sistema de apartheid
Para que la vuelta de estas personas sea posible, apuntan los activistas, hay que poner fin al sistema de apartheid que anula los derechos de los rohingyas desde hace décadas. La represión contra la minoría es muy anterior al mes de agosto. “No tienen derechos legales, hay leyes discriminatorias, especialmente la del 82 que les niega la nacionalidad por su etnia. Como las autoridades de Myanmar no les considera del país, hay toda una serie de derechos de los que no pueden disfrutar”, recuerdan desde AI.
Todo esto se traduce en que no pueden acceder libremente a sus territorios o a los hospitales. En los centros de salud hay salas específicas para ellos, por ejemplo. Tampoco pueden desplazarse por vías fluviales y tienen que tener permisos especiales para salir de Estado de Rakhine. “Después de todo lo que han pasado estas personas, que les devuelvan a un país que abusa así de los derechos humanos nos parece un escándalo”, concluye Cacho.