El Gobierno de Finlandia, formado por una coalición de partidos conservadores encabezada por el primer ministro Petteri Orpo y la formación de ultraderecha Partido de los Finlandeses, está en guerra abierta contra los sindicatos del país nórdico. La agenda económica del Gobierno de derechas ha desencadenado una oleada de huelgas sin precedentes que lleva paralizando de manera intermitente el país desde el pasado mes de noviembre.
Orpo salió elegido en las últimas elecciones generales de 2023 con la promesa de “flexibilizar el mercado laboral”, para, según argumenta, hacerlo más competitivo y así hacer frente a la recesión y al incremento de la deuda pública que arrastra la economía finlandesa desde antes de la pandemia. Sin embargo, los sindicatos entienden la reforma como un ataque directo a los derechos de los trabajadores y al modelo laboral del país nórdico, basado en los convenios de negociación colectiva.
El primer ministro del país ha declarado que la serie inaudita de huelgas que se están produciendo desde hace cinco meses “está produciendo un daño enorme” en la sociedad finlandesa. Desde el inicio del conflicto, la ministra de Economía del país y líder de la formación de ultraderecha, Riikka Purra, también se ha mostrado tajante con la voluntad del Ejecutivo: “El Gobierno no tiene ninguna intención de anular la reforma, ya que es esencial, y hemos recibido el mandato de las urnas para hacerla”.
Oleada de huelgas desde noviembre
Las posiciones entre la Organización Central de Sindicatos Finlandeses (SAK) y el Gobierno de Orpo llevan meses enrocadas, por lo que, en las últimas semanas el conflicto, ha derivado en una nueva huelga que empezó el 11 de marzo y se alargará hasta finales de este mes. En estos 15 días, el transporte de mercancías en los puertos finlandeses ha quedado prácticamente saturado, amenazando el suministro de combustibles para los coches privados y para el transporte público en la capital, además de provocar interrupciones en la distribución de productos de consumo que no sean comida. Los bienes importados desde el extranjero podrían quedarse atascados en los puertos durante meses. Esta nueva huelga también está afectando duramente a los sectores industriales exportadores del país, como son la metalurgia, las empresas tecnológicas y las forestales.
A pesar de que el Gobierno cuenta con el apoyo parlamentario suficiente para aprobar la reforma, el malestar es muy transversal entre los sindicatos, como lo demuestra el gran número de sectores que se han sumado a las protestas en los últimos meses. A finales de noviembre fueron los sindicatos de la construcción y del sector servicios quienes empezaron con las huelgas, que paralizaron todas instalaciones deportivas del país y los servicios de comedores en empresas y colegios.
El 14 de diciembre se convocó un nuevo paro al que se sumó el sindicato que representa a los trabajadores de la industria del automóvil y de los transportes, lo que provocó el paro total del transporte público en todas las regiones, y el cierre de los comedores escolares durante un día. A finales del mes de enero, fue el turno de los trabajadores de la educación infantil, cuyas protestas provocaron el cierre durante dos días de todos los parvularios en el área de Helsinki. Una semana más tarde, la huelga se amplió a los sindicatos del servicio postal, la aviación y el sector alimentario, provocando el colapso del sistema de trenes, metro y tranvías en todo el territorio, y la cancelación de centenares de vuelos en el aeropuerto de Helsinki, que quedó prácticamente paralizado.
Los medios de comunicación del país explican que este panorama es excepcional en Finlandia, ya que desde el año 2000 se había registrado un número muy bajo de huelgas y protestas sindicales. Como resultado, los expertos aseguran que las protestas están empezando a tener efectos notables en la economía. Según la organización patronal en Finlandia (EK), es imposible dar una estimación exacta del coste de los paros sobre el PIB del país, aunque la cifra podría ascender hasta los 1.000 millones de euros, sumando toda la cadena de paros desde otoño. En una entrevista para la cadena pública YLE, el economista Reijo Heiskanen también se manifestó preocupado por el escenario turbulento e incierto que, dice, “sin duda hace prolongar la recesión y reduce la confianza de los ciudadanos en la economía”.
La propuesta de reforma laboral
El Ejecutivo de Petteri Orpo defiende que este panorama de huelgas consecutivas “son la prueba factible de que la reforma laboral es necesaria”, entre otras cosas, para limitar el derecho a huelga. De hecho, uno de los puntos en la reforma que ha provocado más críticas es la propuesta de limitar las huelgas a 24 horas. Otro de los puntos polémicos es la reducción de las prestaciones por paro o enfermedad, que prevé que el primer día de baja laboral sea de “autorresponsabilidad”, es decir, que no sea remunerado para el trabajador.
El plan del Gobierno también tiene la intención de facilitar los despidos y permitir que todas las empresas puedan negociar con los trabajadores de forma individual, fuera de los convenios colectivos. La patronal EK apoya la reforma del Gobierno alegando que, desde 2008, la economía finlandesa no crece, a diferencia de la de sus vecinos como Suecia, Dinamarca o Alemania. Un análisis publicado en el Helsinguin Sanomat, el mayor periódico en el país, recoge que, frente al bloqueo en las negociaciones con el Gobierno, el verdadero objetivo de los sindicatos ahora es negociar con la patronal, con la esperanza que pueda hacer cambiar de opinión al Ejecutivo conservador.
“Será una primavera muy desafiante”
A pesar de la presión de los sindicatos, el plan de ajuste económico va más allá de la polémica reforma laboral. La ministra de Economía y Finanzas, Riikka Purra, anunció en enero que el Gobierno tiene previsto recortar 2.000 millones de euros adicionales de las finanzas públicas en este año. El recorte de presupuesto probablemente se hará con ajustes en la Seguridad Social, aunque la ministra aclaró que no se tocarían los presupuestos ni de educación ni de defensa, después de que el país entrara recientemente en la OTAN. “Pero puedo garantizar que será una primavera muy desafiante”, dijo Purra.
De hecho, reducir el déficit y el gasto público ha sido la obsesión del Gobierno conservador desde que fue nombrado. El Ejecutivo de Petteri Orpo asegura que no tiene otra opción, ya que “Finlandia es un país con un nivel de deuda muy peligroso, donde uno de cada ocho euros gastados en el presupuesto público se financia con nueva deuda”. Según datos del Gobierno, el país nórdico terminó el 2023 con una deuda del 59% del PIB, pero en los últimos años continuamente ha excedido el límite del 60% del PIB impuesto por la Unión Europea. El crecimiento de la economía tampoco ha sido bueno para el país nórdico, que terminó el último trimestre del 2023 con una contracción del 0,4% y las instituciones financieras prevén una lenta recuperación.