El Gobierno y, en particular, el presidente chileno Sebastián Piñera respiraban tranquilos la mañana de este martes. Aunque el Senado tendría que votar el impeachment (acusación constitucional) en su contra por las revelaciones de los Papeles de Pandora, sabían a ciencia cierta que la oposición no tenía los votos, por lo tanto, la acusación no saldría adelante. “No tenemos ninguna duda de que hoy día el Senado va a estar completamente a la altura y que no va a haber los votos para destituir al presidente […] se requieren 29 votos, la oposición tiene 24, por lo tanto, es evidente que la acusación no va a prosperar”, aseguró el subsecretario general de la Presidencia (Segpres), Máximo Pavez. No hubo sorpresas.
Aunque la sesión se alargó hasta casi las 23 horas de la noche, a las 20.30 horas se confirmó que el impeachment no avanzaría porque falta de cuórum. De hecho, a diferencia de la votación del martes pasado en la Cámara de Diputados, el juicio del Senado siempre se dio por perdido. Por 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención en el primer capítulo, que se refería a “haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes”; y 22 a favor, 20 en contra y una abstención en la segunda parte, que apuntaba a “haber comprometido gravemente el honor de la nación”, el texto se rechazó. A pesar de que la mayoría optó por la destitución del presidente y que la oposición se cuadró en sus votos, la cifra no fue suficiente porque, a diferencia de la votación en la Cámara Baja que solo necesitaba la mayoría, en el Senado se requerían dos tercios de los senadores en ejercicio.
La abstención la marcó el senador Manuel José Ossandón que, si bien es parte de la misma coalición del Gobierno, hace tiempo que muestra diferencias con el mandatario: “Todos sabemos quién es él, cuáles son sus formas, dónde están sus límites y lo que ha hecho en su vida empresarial y política. Yo he dicho siempre que no comparto las maneras en que ha mezclado la política y los negocios, lo privado y lo público, porque creo que no ha sido capaz de poner límites”, dijo. Aunque aseguró que “la acusación no tiene ningún sustento probatorio”, continuó: “Quizás la decisión que voy a tomar genere más de una crítica, pero estoy tranquilo porque sé que lo estoy haciendo en conciencia”.
Ambiente de “indiferencia”
“Esperábamos que el Senado actuara auténticamente como un jurado, pero vimos senadores que, pese a escuchar argumentos irrefutables, tenían el voto previamente redactado”, criticó el abogado defensor de Piñera, Jorge Galvéz, al terminar la sesión. El portavoz del Gobierno, Jaime Bellolio, por su parte, dijo que durante la exposición de varios parlamentarios hubo “repetición de un conjunto de mentiras, de fake news” y, aunque valoró el rechazo del impeachment –“infundado, falso, mentiroso”, dijo–, admitió estar “tristes” en el gobierno porque “no se quisieron escuchar los argumentos y más bien se repitió el mismo espectáculo de la Cámara de Diputados”.
La Cámara Baja aprobó la acusación la semana pasada con los 78 votos de la oposición en una maratónica sesión de más de 22 horas, en la cual el diputado socialista Jaime Naranjo habló durante casi 15 horas para esperar el voto clave –que sumaba la mayoría– de un parlamentario que estaba en cuarentena. La jornada se vivió como una especie de reality que la ciudadanía siguió con atención y que fue transmitida por todos los canales, emisoras y por redes sociales. Una situación muy distinta a la ocurrida este martes: “Para la ciudadanía, el juicio a Piñera se hizo la semana pasada. Hoy [por este martes] el ambiente en Santiago y en las otras ciudades del país era de indiferencia; la acusación pasó a segundo plano”, dice el politólogo del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile Jaime Baeza. Según la encuesta Pulso Ciudadano, que preguntó a más de 1.600 personas, el 64% de la población estaba “de acuerdo o muy de acuerdo” con la acusación constitucional al presidente.
Momento, Antecedentes y Fundamento
La tramitación de la acusación ha coincidido con la recta final de la campaña para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el próximo domingo. La campaña está muy polarizada entre el candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, y el de la izquierda, Gabriel Boric, a quienes las encuestas dan el pase a segunda vuelta. Aunque los diputados de la Cámara se esforzaron para que el texto se votara antes de los comicios, para algunos senadores este no era el mejor momento para impulsar un impeachment, a cuatro meses del cambio de mando y en medio de una crisis social y política: “Hubiera preferido que esta acusación se hubiera producido en otro momento”, dijo el senador socialista José Miguel Insulza, antes dar su voto a favor de la destitución. “Aunque el timing no era el mejor, si hubiese sido en otro momento, el resultado habría sido el mismo”, dice Baeza. Según el académico, aunque “el resultado no tendrá efecto en las elecciones del domingo”, a los diputados de oposición “les permitió mostrar un momento unidad que no habían tenido en los últimos años, y para muchos [diputados] era un problema de principios”.
Sin embargo, abogados constitucionalistas han expresado, ley en mano, las dificultades para que la acusación pudiese prosperar: “Se refiere a presuntos actos y omisiones ocurridas antes de la actual administración del acusado, y la Constitución solo autoriza a condenar a un primer mandatario por actos de la actual administración, durante la misma, y hasta seis meses después de transcurrido el fin del período de que se trate”, dice Javier Couso, abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales.
En su opinión, si bien “el presidente es una persona que se ha caracterizado por actuar al límite de la Constitución y la ley, el Senado no puede seguir su ejemplo, y actuar al margen de la misma, condenando a alguien por hechos u omisiones que –aunque estuvieran probados, que no lo están– ocurrieron en su primer gobierno, entre 2010 y 2014, o antes de su segundo período, de 2018 a 2022”.
Los Papeles de Pandora vinculan al mandatario chileno con presuntas irregularidades por la venta de un proyecto minero en Islas Vírgenes Británicas en 2010. Su versión siempre ha insistido en que la venta de la minera Dominga es un hecho ya conocido e investigado en 2017. Sin embargo, la Fiscalía ha reabierto el caso y por primera vez un presidente chileno es investigado por su función pública.