¿Será detenido Netanyahu si entra en España?: “La posición del Gobierno es clara, vamos a cumplir con todas las obligaciones”

¿Detendrán a Benjamín Netanyahu si entra en España como pide la orden de la Corte Penal Internacional? “A mí no me gusta hacer política ficción”, ha respondido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en los pasillos del Congreso tras el pleno sobre Oriente Medio: “Pero he sido muy claro al respecto: la Corte Penal Internacional tiene un Estatuto de Roma del que España es fundador, y que implica una serie de obligaciones”.

Albares ha proseguido: “Y nosotros vamos a cumplir con todas las obligaciones que impone el Estatuto de Roma y el apoyo a la Corte Penal Internacional. Estamos entre los diez principales contribuyentes y financiadores a la Corte Penal Internacional para todas sus acciones. Hoy mismo he anunciado una nueva contribución. Por lo tanto, nuestra posición es muy clara: respetaremos las obligaciones que tiene España, igual que el resto de los Estados miembros de la Corte Penal”.

Ya el jueves pasado, cuando se conoció la orden de detención emitida por la CPI, fuentes de Exteriores afirmaron: “España respeta la decisión de la Corte Penal Internacional y cumplirá con sus compromisos y obligaciones en relación al Estatuto de Roma y el Derecho Internacional”.

El alto representante de la UE para la política exterior, Josep Borrell, recordó que la decisión de la CPI es “vinculante para todos los Estados parte del tratado, incluidos todos los miembros de la UE”.

“No es una decisión política, es una decisión de un tribunal internacional de Justicia, y la decisión del tribunal tiene que ser respetada y aplicada”, dijo Borrell preguntado por la decisión de la CPI en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, en Amán.

“Tomo nota de la decisión de la Corte Penal Internacional de dictar órdenes de detención contra el primer ministro (israelí, Benjamín) Netanyahu, el ex ministro de Defensa (Yoav) Gallant y los dirigentes de Hamás”, agregó en su intervención.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió las órdenes de detención solicitadas en mayo por el fiscal del tribunal, Karim Khan, contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su antiguo ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra. De acuerdo con la estatuto del tribunal, “el Estado Parte que haya recibido una solicitud de detención provisional o de detención y entrega tomará inmediatamente las medidas necesarias para la detención de conformidad con su derecho interno y con lo dispuesto en la Parte IX del presente Estatuto. Una vez que el Estado de detención haya ordenado la entrega, el detenido será puesto a disposición de la Corte tan pronto como sea posible”.

Las órdenes de detención están clasificadas como “secretas”, sin embargo, el tribunal ha hecho pública parte de la información porque “al parecer, se están llevando a cabo conductas similares a las contempladas en la orden de detención”, sostiene la Corte Penal Internacional en un comunicado. “Además, la sala considera que redunda en interés de las víctimas y de sus familiares que se les ponga en conocimiento la existencia de las órdenes de detención”.

“Con respecto a los crímenes, la sala ha encontrado motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant tienen responsabilidad criminal por los siguientes crímenes: el crimen de guerra de inanición como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”, sostiene el comunicado.

Netanyahu ha dicho que las acusaciones contra él son “absurdas y falsas” y ha rechazado la orden emitida por la CPI. “La decisión antisemita de la CPI equivale al moderno juicio a Dreyfus, y también terminará así”, ha asegurado.

Los jueces también creen que hay “motivos razonables” para pensar que ambos líderes políticos israelíes tienen “responsabilidad criminal” como superiores civiles para crimen de guerra de “atacar directa y deliberadamente a la población civil”.

El tribunal considera que también hay motivos razonables para pensar que ambos “negaron a sabiendas e intencionadamente a la población civil de Gaza elementos indispensables para su supervivencia, incluida la comida, el agua y suministros médicos”. El comunicado del tribunal sostiene que cuando esa asistencia humanitaria se produjo “fue una respuesta a la presión de la comunidad internacional o solicitudes de EEUU”, no por cumplir sus obligaciones del derecho internacional humanitario.

Lo Corte justifica el “crimen de persecución” argumentando que “la población fue atacada en base a razones políticas y/o nacionales”.

Más de 44.000 palestinos han muerto en Gaza desde octubre de 2023 y miles se encuentran bajo los escombros, según las autoridades locales, que denuncian que Israel ataca viviendas y edificios en los que se cobijan los desplazados, así como los campos de tiendas de campaña en los que se han reubicado.