Hace poco más de un año, en su primer discurso después de ser reelegido, Emmanuel Macron anunció un cambio en la manera de gobernar para unir a los franceses. “Esta nueva era no será una continuación del mandato que hoy acaba, sino la invención colectiva de un nuevo método para cinco años mejores al servicio de nuestro país”, dijo. Poco después, el presidente daba los primeros pasos para la creación del Consejo Nacional de la Refundación (CNR), una institución encargada del “renacimiento democrático del país, mediante una reforma institucional”.
Pero 12 meses después, no es cuestión de renacimiento, sino de crisis. La aprobación por decreto, sin el voto del Parlamento, de la reforma laboral que eleva la edad de jubilación de los 62 a los 64 años ha creado un profundo malestar en la ciudadanía, en los sindicatos y en la oposición parlamentaria. Desde entonces el presidente y los miembros del Gobierno han sido recibidos a golpe de cacerolada en sus desplazamientos. Para contrarrestar las protestas Macron ha desplegado una estrategia de omnipresencia mediática, incluyendo una entrevista en televisión en la que anunció una bajada de impuestos de “2.000 millones de euros para las clases medias”.
La promulgación de la ley, a la que se opone la mayoría de la ciudadanía, ha precipitado el debate sobre lo que algunos analistas están llamando crisis de la democracia francesa. “Tres meses de enfrentamientos en torno a la reforma de las pensiones y una aplicación vertical, incluso brutal, de la Constitución de 1958 han dañado un poco más a la Quinta República”, resumía recientemente Libération. Y según una encuesta realizada por el instituto demoscópico Viavoice para el mismo diario, tres de cada cuatro franceses consideran que la democracia en su país “goza de mala salud”, principalmente a causa de un presidente que consideran “autoritario” y a unos representantes del Estado “desconectados”.
“Estamos atravesando la crisis democrática más grave que ha conocido Francia desde el final de la guerra de Argelia”, se lamentaba en una entrevista el mes pasado el historiador y sociólogo Pierre Rosanvallon. “Lo que estamos viviendo es la repetición de los chalecos amarillos, pero aún más grave. Existe ese mismo sentimiento de no ser escuchados”.
Críticas a la verticalidad del poder
En realidad, las críticas a la verticalidad del poder que ejercen el presidente y el Ejecutivo son anteriores a la elección de Emmanuel Macron, aunque la forma de gobernar y las declaraciones del actual jefe de Estado han contribuido a reactivar el debate. “Si la gente quisiera jubilarse a los 60 años, yo no hubiera sido elegido como presidente de la República”, aseguró a los periodistas franceses durante su visita a China el mes pasado.
“En una democracia, la legitimidad no puede reposar únicamente en las elecciones presidenciales, debe recaer también en la reacción de los ciudadanos a las medidas, debe convencer y requiere el consentimiento de la ciudadanía”, dice a elDiario.es Loïc Blondiaux, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne y especialista en democracia y participación. “Cuando el poder está obligado a repetir constantemente que ha sido elegido en unas elecciones, eso quiere decir que ese hecho ya no es una evidencia. Significa que el poder está fragilizado”.
Durante esta crisis abierta por la reforma de las pensiones, el presidente ha opuesto en varias ocasiones la legitimidad que le dan las urnas a la de la “masa” (foule) que se manifiesta en las calles. “Las revueltas no prevalecen sobre los representantes y la masa no tiene legitimidad ante un pueblo que se expresa, soberano, a través de sus representantes electos”, ha repetido el jefe de Estado.
“A toda esta situación hay que sumar el sentimiento de una parte de la opinión pública de que el mero hecho de expresar los desacuerdos es cada vez más difícil, en parte por la actitud de la Policía en las manifestaciones”, dice Loïc Blondiaux. “Todo esto provoca un clima democrático que revela una pérdida de confianza y una crisis general de la democracia”.
Un sistema en cuestión
El actual sistema político francés no fue concebido para durar. En 1958, en plena guerra de Argelia, el llamado golpe de Estado de los generales abrió una profunda crisis institucional. El presidente y el Parlamento recurrieron al general De Gaulle –que llevaba una década alejado de la actividad política– para sacar al país del bloqueo. En ese contexto, De Gaulle pudo negociar un nuevo sistema político a su medida, un sistema semipresidencial con la figura central del jefe de Estado, que desde 1962 es elegido directamente por los franceses por sufragio universal. En otras palabras, un sistema diseñado para evitar bloqueos institucionales de la autoridad presidencial, plasmado en la Constitución de la Quinta República.
Desde entonces, ningún presidente ha querido renunciar a los poderes presidenciales para equilibrar el reparto de poder (ni siquiera François Mitterrand que en 1962 había escrito un libro, titulado El golpe de Estado permanente, criticando el sistema). Un poder vertical que ha sido frecuentemente criticado por políticos de todas las tendencias, desde la exministra francesa y expresidenta del Parlamento Europeo Simone Veil a Jean-Luc Mélenchon, líder de la formación de izquierdas Francia Insumisa. Este último incluía en su programa electoral una propuesta para lanzar unas cortes constituyentes de las que naciera una Sexta República.
En el caso de Emmanuel Macron se añade además la circunstancia de que otorga poca importancia a los actores sociales –como los sindicatos–, que no le parecen interlocutores prácticos en su “voluntad de transformación” del país. En su lugar Macron prefiere apoyarse en los cargos locales y en los delegados de Gobierno. “Un sentimiento de desprecio que conduce a la cólera social” y a una “desconfianza muy fuerte hacia las instituciones”, acusaba el Secretario General del sindicato CFDT, Laurent Berger.
¿Cambios en el sistema?
Macron se ha mostrado reacio a una reforma constitucional profunda, pero sí ha prometido cambios en las instituciones antes del fin de su mandato en 2027. “Se pueden introducir reformas para mejorar la participación, incluso dentro del marco actual”, dice Loïc Blondiaux. “Yo defiendo los referéndum –en particular los de iniciativa ciudadana– que sirven para que la vida democrática respire, además de otras formas de democracia deliberativa como las convenciones ciudadanas”.
No obstante, para el politólogo, el problema ahora es que Macron ya no tiene credibilidad suficiente al afirmar que quiere abrir nuevos espacios de participación. “Ya en la campaña de 2017 prometió un cambio de estilo en la forma de gobernar, pero ha ejercido el poder de la manera más autoritaria posible. Y en la Convención Ciudadana para el Clima, en cuya organización participé, dio la sensación de traicionar sus promesas al no traducir ‘sin filtro’ las proposiciones en medidas legislativas”.
Esa crisis democrática de la que hablan los expertos tiene un impacto especialmente grave entre los jóvenes. En la segunda vuelta de las elecciones legislativas de 2022, cerca del 70% de los jóvenes de 18 a 24 años no acudieron a las urnas. Las encuestas evocan un alejamiento de los políticos y una desconfianza hacia las instituciones, a pesar de que esos mismos sondeos reflejan un interés creciente por temas centrales de la vida pública, como los derechos de las minorías y la emergencia climática.