El último de los escándalos ha salpicado al sindicato alemán del ramo de los servicios Verdi. Según ha publicado el diario junge Welt, varios de los máximos representantes de dicho sindicato tienen funciones en el consejo de administración de la Fundación DAA Educación y Trabajo (DAA-Stiftung Bildung und Beruf, en alemán). Esa fundación participa en una veintena de empresas, la mayoría relacionadas con la impartición de cursos, y en 2010 tuvo ingresos por valor de 200 millones de euros. Dos de ellas son empresas de trabajo temporal y emplean a unos 80.000 trabajadores.
Uno de los tres presidentes de dicha fundación es Gerd Herberger, que hasta 2011 era presidente del sindicato Verdi a nivel nacional. De los nueve miembros del consejo de administración de la fundación, seis son representantes de Verdi, entre ellos la actual vicepresidenta, Andrea Kocsis. Para más inri, el gerente de una de las dos empresas, llamada ZAP, es el director de la patronal de empresas de trabajo temporal (IGZ) en la región de Brandenburgo.
El sindicato Verdi ha criticado en numerosas ocasiones el trabajo temporal, al que ven como una de las causas de destrucción de empleos fijos y de aumento de la precariedad laboral. Las ETT son un mercado floreciente en Alemania. A pesar de que los datos de empleo en el país son aparentemente los mejores desde la reunificación, los sindicatos denuncian que uno de cada cuatro empleos no permite a los trabajadores vivir en condiciones y han de recibir ayudas del Estado para llegar a fin de mes.
El portavoz de Verdi, preguntado por dicho diario, explicó la relación del sindicato con estas empresas de trabajo temporal con el argumento de que emplean a personas de forma temporal “solo cuando hay picos de producción”. Sin embargo, en la web de una de las empresas puede leerse: “Nosotros le buscamos el trabajador que le venga bien... y usted solamente paga por el trabajo realizado. De ese modo, se ahorra riesgos, como el pago del sueldo en caso de enfermedad o vacaciones”.
El caso del sindicato Verdi no es el único. En enero se supo por el semanario Der Spiegel que la Federación Alemana de Sindicatos (DGB) posee una empresa de trabajo temporal llamada Weitblick-Personalpartner que paga a sus trabajadores un salario inferior al que dicha federación reclama al Gobierno central.
En Alemania no existe un salario mínimo y su reivindicación se ha convertido en uno de los temas estrella de las próximas elecciones de septiembre, así como en punta de lanza de la lucha sindical. Mientras el jefe de la federación, Michael Sommer, reclamaba un salario mínimo nacional de 8,5 euros brutos, esa ETT pagaba a sus empleados 7,89. Por otro lado, esta empresa se encuentra registrada en la asociación de la patronal de ETT (IGZ), que se opone a la idea de la introducción de un salario mínimo a nivel nacional.
Los sindicatos alemanes viven una constante crisis de afiliación desde los años 90. Tras la reunificación alcanzaron el mayor número de cuotas, al aglutinar a los trabajadores de la mitad comunista. Sin embargo, dicha cifra ha ido reduciéndose de manera continuada en las últimas décadas. Si en 1991 había casi doce millones de afiliados, hoy queda poco más de la mitad.
Un papel fundamental en dicho retroceso lo ha jugado el desmantelamiento de las industrias en el este y la deslocalización de numerosas industrias, en especial hacia Europa del este. También el debilitamiento de la protección laboral, que ha dado lugar a formas de empleo precarias crecientes como los minijobs o el trabajo temporal, ha influido en la baja afiliación actual.
Una especialista en mercado laboral de Verdi ya contó en eldiario.es que los trabajadores que sufren dichas condiciones precarias no suelen afiliarse. Los escándalos actuales vienen a complicar aún más la captación de afiliados a los sindicatos alemanes.