La derrocada líder birmana Aung San Suu Kyi ha sido condenada este lunes a cuatro años de cárcel, que se suman a otros dos que ya cumple, a raíz de los procesos judiciales impulsados en su contra tras el golpe de Estado militar de febrero de 2021.
La nobel de la paz, sobre quien penden además otras acusaciones que todavía se dirimen, ha sido hallada culpable este lunes por la importación ilegal de dispositivos de telecomunicaciones y por vulnerar las leyes implementadas contra la pandemia, informan a Efe fuentes cercanas al caso.
En dos procesos diferentes, el panel de jueces del tribunal especial habilitado por la junta militar en Naipyidó ha estimado que Suu Kyi violó la Ley de Exportación e Importación y la ley de telecomunicaciones por la tenencia sin licencia de varios walkie-talkies y un inhibidor de señales. En este caso, los jueces han decidido condenar a la acusada a dos y un año de prisión, respectivamente, si bien las penas se cumplirán de manera simultánea, por lo que solo cumplirá dos años de cárcel.
Suu Kyi también ha sido condenada este lunes a otros dos años de prisión por saltarse durante un acto electoral para los comicios de noviembre de 2020 las medidas contra la propagación de la COVID-19.
Las dos sentencias se suman a otras dos emitidas a principios de diciembre, que sumaban también cuatro años de prisión aunque fueron rebajadas posteriormente a dos por un indulto de la junta militar, por otro delito de vulnerar las restricciones contra la COVID-19 y por el delito de incitación contra los militares.
Causas pendientes
Suu Kyi, de 76 años, todavía se enfrenta a numerosos procesos puestos en marcha tras ser derrocada durante el golpe de Estado militar del pasado 1 de febrero.
La política, quien permanece detenida desde las primeras horas de la toma de poder de los militares y cumple condena en un lugar desconocido, debe aún enfrentarse en Naipyidó a una acusación por presuntamente violar la Ley de Secretos Oficiales, con un máximo de 14 años en la cárcel, por obtener, guardar y compartir documentos con información clasificada.
Y otros seis cargos de corrupción, castigados con hasta 15 años cada uno, por una serie de acusaciones tales como el supuesto uso fraudulento de fondos de una fundación caritativa que ella misma presidía, obtener descuentos en el arrendamiento de tierras o aceptar sobornos de 600.000 dólares y 11,4 kilos de oro.
“Rehén” de los militares
Los abogados de Suu Kyi indicaron al inicio de los procesos judiciales que su representada niega todas las acusaciones, mientras que desde octubre la junta militar impuso a los letrados la prohibición de hablar con los medios de comunicación.
Por su parte, el subdirector para Asia de la ONG Human Right Watch, Phil Robertson, opina que Suu Kyi “es una rehén de los militares”, mientras estos tratan de controlar el país mediante “la intimidación y la violencia”. “La junta militar todavía ve (a Suu Kyi) como una gran amenaza política que necesita ser neutralizada permanentemente”, dice Robertson en un comunicado al calificar de absurdos los cargos contra la lideresa juzgados por un “tribunal afín” a los militares. “Afortunadamente para ella y para el futuro de Myanmar, el movimiento popular birmano ha crecido mucho más allá del liderazgo de una mujer y un partido político”.
Acercamiento de Camboya
Estas últimas sentencias contra Suu Kyi llegan dos días después de la visita a Myanmar del primer ministro de Camboya, Hun Sen, en el primer viaje oficial de un líder político al país desde el golpe de Estado.
Hun Sen, cuyo país preside este año la presidencia rotatoria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), trata de distanciarse de otros líderes políticos regionales críticos con los militares birmanos y se ha mostrado más comprensivo con el general golpista Min Aung Hlaing, con quien se reunió el viernes.
Sin embargo, durante el viaje oficial de dos días, el mandatario jemer no se reunió con Suu Kyi ni con miembros de la oposición.
El líder camboyano pretende que Min Aung Hlaing y los representantes de la junta militar birmana participen en las reuniones de la presente edición de la ASEAN tras el veto al general golpista en la cumbre de líderes de octubre, organizada por Brunéi.
El golpe de Estado ha sumido a Myanmar en una profunda crisis política, social y económica, y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Al menos 1.447 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados desde el golpe, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos, según los partes diarios de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también cifra en más de 11.400 los opositores detenidos, entre ellos Suu Kyi.