Análisis

El temor a una segunda Nakba en Gaza

16 de octubre de 2023 23:11 h

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Los atroces crímenes de Hamás del sábado 7 de octubre con 1.300 muertos y 200 secuestrados israelíes no justifican la masacre israelí en Gaza y, sin embargo, esta prosigue mientras escribo estas líneas, con 2.800 muertos y más de 9.000 heridos, hospitales sin material esencial y morgues colapsadas. También en Cisjordania hay ya 56 muertos palestinos y mil doscientos heridos desde entonces, sin apenas atención mediática, como tampoco la tuvieron los más de doscientos asesinatos de palestinos en Cisjordania desde enero hasta octubre.

El castigo colectivo a la población gazatí y la orden de Israel a más de un millón de palestinos de Gaza exigiendo su “evacuación” hacia el sur de la Franja violan la ley internacional humanitaria y constituyen un nuevo ejemplo de desplazamiento forzado.

Las advertencias se multiplican por parte de algunos representantes de Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos. En la memoria de quienes conocen bien este mal llamado conflicto están presentes capítulos del pasado en los que Israel empujó a miles o incluso a cientos de miles de palestinos fuera de sus hogares y de sus tierras, condenándolos desde entonces a vivir como refugiados, sin posibilidad de regreso.

El Plan Dalet

La primera de esas expulsiones se produjo ya antes de la creación del Estado de Israel que iba a constituirse tras el Holocausto. Una parte importante de la población judía que tuvo que huir de sus países para salvar su vida eligió Palestina como destino, a través de varias oleadas migratorias cuando el territorio estaba aún bajo mandato británico.

En noviembre de 1947 Naciones Unidas aprobó el plan de partición de Palestina por el cual asignaba el 54% del territorio al futuro Estado judío, con Jerusalén como enclave internacional. En aquel momento vivían en Palestina 1.300.000 palestinos y 600.000 judíos.

Poco después de esa aprobación, las fuerzas armadas judías impulsaron el Plan Dalet. En el marco del mismo, en abril de 1948 se desarrolló una operación destinada a controlar pueblos palestinos situados en el entorno de la vía que unía Jerusalén con Tel Aviv, y que en el plan de partición de Naciones Unidas había quedado fuera del futuro Estado judío. Uno de los pueblos situados en ese área era Deir Yassin, con ochocientos habitantes aproximadamente. Allí las organizaciones armadas judías Irgun y Lehi asesinaron a unos doscientos cincuenta palestinos, en su mayoría mujeres, niños y ancianos.

También en el marco del Plan Dalet las fuerzas judías de elite de la Haganá atacaron con morteros importantes ciudades, como las costeras Jaffa y Haifa, provocando la huida de gran parte de la población. Milicianos hebreos también tomaron la mayoría de los barrios del oeste de Jerusalén, que se vaciaron casi por completo de población palestina en esa mitad de la Ciudad Santa.

El éxodo de 1948

Tras ello, llegó la declaración de independencia del Estado israelí, el 14 de mayo de 1948. Los países árabes vecinos, que temían la apropiación de más tierras por parte del recién creado Estado judío y decían simpatizar con la causa palestina -priorizaban sus propios intereses-, declararon la guerra a Israel. Los ejércitos de Egipto, Siria, Líbano, Transjordania (la actual Jordania), Irak y Arabia Saudí, junto a las milicias palestinas, se enfrentaron a los soldados de la Haganá, que dos semanas después pasaría a llamarse Ejército israelí, en el que se integraron los grupos Irgun y Lehi, ambos autores de varios atentados contra diplomáticos y población civil en meses y años anteriores.

De los métodos “terroristas” del Irgún y del carácter “cercano a los partidos fascistas y nazis” de su líder Menachem Beguin −que después sería primer ministro de Israel− alertaron en 1948 varias personalidades judías, como Albert Einstein o Hannah Arendt, en una carta enviada a The New York Times.

En el transcurso de la guerra, Jordania se hizo con el control de parte del este de Palestina −la llamada Cisjordania− y Egipto detuvo el avance de los soldados israelíes en Gaza. El Ejército israelí, por su parte, conquistó un 24% más de territorio y destruyó 418 localidades palestinas, sobre todo las situadas en el corredor que une Jerusalén con Tel Aviv.

El historiador israelí Benny Morris escribió en su libro The Arab-Israeli War: “Con la suficiente perspectiva resulta evidente que lo que se produjo en Palestina en 1948 fue una suerte de limpieza étnica perpetrada por los judíos en las zonas árabes”.Durante la ocupación de Lydda y de la localidad de Ramla, en julio de 1948, al menos cincuenta mil palestinos fueron expulsados de sus hogares. Decenas de ellos murieron en su desplazamiento bajo el calor del verano, sin apenas agua y alimentos.

Las acciones del Ejército israelí antes y durante la guerra provocaron la huida de setecientos cincuenta mil palestinos, que abandonaron sus casas con las llaves en el bolsillo pensando que podrían regresar cuando todo se calmara. Naciones Unidas aprobó la resolución 194, que establecía el derecho de los refugiados a regresar a sus hogares o a recibir indemnizaciones, incumplida hasta hoy.

El éxodo condujo a 100.000 palestinos a Líbano, 70.000 a Jordania, 75.000 a Siria, 5.000 a Irak, otros 190.000 se instalaron en campamentos en Gaza y 280.000 en Cisjordania. En los mismos espacios sobre los que se levantaron aquellas tiendas de campaña se construirían después casas de cemento. Son los campos de refugiados palestinos, donde habitan quienes tuvieron que huir y sus descendientes: sin patria, sin plenos derechos, sin posibilidad de vivir en la tierra en la que nacieron ellos o sus padres, ni de recuperar las propiedades arrebatadas. En Gaza hoy en día el setenta por ciento de la población es refugiada, descendiente de los desplazados del 48.

Ese éxodo forzado es denominado Nakba por los palestinos −'el desastre'− y a él se refería hace unos días el diputado israelí del Likud, Ariel Kallner, cuando hizo un llamamiento a una segunda Nakba para los palestinos de Gaza.

Leyes para apartar a la población palestina

Tras la guerra del 48, Israel pasó de tener el 54% concedido por la ONU antes de la contienda a hacerse con un 78% del territorio. Cisjordania y Jerusalén Este fueron integradas dentro de las fronteras de Jordania y Gaza quedó bajo control provisional de Egipto.

La aprobación de la Ley de Bienes Ausentes gestionó desde 1950 el traspaso a judíos israelíes de viviendas palestinas en el nuevo territorio israelí. Se impulsó también la Ley del Retorno, que establece el derecho de todos los judíos del mundo, de quienes sean hijos o nietos de judíos y de quienes se conviertan al judaísmo a emigrar a Israel y recibir la ciudadanía. No incluye a los judíos convertidos a otra religión. La polémica reside en que Israel niega el permiso a regresar a su hogar a los palestinos allí nacidos y de allí expulsados, y a sus descendientes. Pero un europeo o un indio −por poner dos ejemplos al azar− que se conviertan al judaísmo sí tienen ese derecho. 

Otra controvertida ley es la que impide a palestinos de Cisjordania y Gaza menores de 35 años y a las palestinas de Cisjordania o Gaza menores de 25 residir en Israel aunque se casen con alguien israelí. Sin embargo, si una persona de cualquier otra nacionalidad contrae matrimonio con un ciudadano israelí, sí tiene derecho tanto a la residencia como a la ciudadanía.

El segundo gran desplazamiento

En 1967 se produjo otro desplazamiento forzado, en el marco de la guerra de los Seis Días, en la que Israel invadió y ocupó ilegalmente Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este −provocando la huida de otros 250.000 palestinos− así como de los Altos del Golán sirios y el Sinaí egipcio, en lo que se conoce como la Naksa (el retroceso). Naciones Unidas exigió a Israel su retirada de esos territorios a través de la resolución 242 que, salvo en el caso del Sinaí, Tel Aviv sigue sin cumplir a día de hoy.

A partir de 1967 hasta hoy, los mecanismos de control contra la población palestina se han ido sofisticando. La ocupación israelí en Cisjordania se ha extendido y multiplicado, lo que impide la creación de un Estado palestino, como se explica en este artículo. A ello se suma el bloqueo que Israel mantiene sobre Gaza desde 2007, señalado como una práctica ilegal por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Alerta ante la orden de 'evacuación' en Gaza

Los dos grandes desplazamientos forzados de población palestina en 1948 y 1967, junto a la presión actual a través de un sistema de apartheid, están en la memoria colectiva de la población asediada de Gaza, que ahora teme abandonar sus hogares y no poder regresar más. Por eso desde organismos internacionales de derechos humanos se ha advertido contra la orden lanzada por Israel para que más de un millón de palestinos abandonen sus barrios y se dirijan al sur de Gaza, cuando además los bombardeos ya han provocado el desplazamiento interno de cientos de miles de personas que en muchos casos se han quedado sin casa y no tienen a dónde ir.

Si la ofensiva terrestre termina produciéndose −como anuncia el Gobierno de Netanyahu−, es posible que aquellos territorios de Gaza que tome el Ejército israelí pasen a estar bajo su control por un tiempo indefinido, en la dinámica de hechos consumados habitual. A los desplazados internos forzados a trasladarse a causa de los bombardeos en esta y pasadas ofensivas israelíes se sumarían otros nuevos. Por eso la relatora especial de la ONU sobre la situación de los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, ha señalado que “existe un grave peligro de que lo que estamos presenciando pueda ser una repetición de la Nakba de 1948 y de la Naksa de 1967, aunque a mayor escala”. “En el nombre de la autodefensa, Israel intenta justificar lo que equivaldría a una limpieza étnica”, ha añadido.

Cuando el exviceministro de Exteriores israelí Danny Ayalon sugiere que quienes huyan de Gaza se instalen en el desierto egipcio del Sinaí −“Hay un gran espacio, casi interminable, en el desierto del Sinaí justo al otro lado de Gaza (...), la idea es que se vayan a esas áreas abiertas donde crearemos ciudades de tiendas de campaña”− está describiendo esa nueva Nakba que reduciría nuevamente la población palestina dentro del territorio palestino y facilitaría la toma de parte de Gaza por Israel.

El Gobierno israelí lleva diez días sin permitir la entrada en Gaza de ningún producto básico −la necesidad de la población es extrema− y en su lugar propone el desplazamiento de palestinos hacia el sur o incluso su salida de la Franja, siempre por una única puerta, que no es la que conduce a Israel −el paso de Erez−, sino la que los expulsará a territorio egipcio a través del paso de Rafah.

En el marco de las dinámicas de impunidad Israel está cometiendo otra violación más del derecho internacional, con el permiso de buena parte de la comunidad internacional occidental e incluso con el empuje de algunos de sus principales actores, corresponsables de que la situación haya empeorado durante décadas hasta llegar hasta aquí.

Esos actores -con Estados Unidos a la cabeza- han entregado durante días un cheque en blanco a Israel para que impulse su estrategia en Gaza mediante bombardeos y, si nada lo impide, con el riesgo de otra limpieza étnica a través del desplazamiento forzado. El sendero narrativo que nos acostumbra a la guerra presentada como única y mejor opción lleva tiempo allanado, y no solo para este escenario. Por eso mismo la paz, la negociación, la defensa de los derechos humanos y de la ley internacional son más necesarios que nunca.

Como ha indicado el jurista Luis Moreno Ocampo, primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (2003-2012), “la Corte Penal Internacional podría investigar el asesinato de civiles en Gaza como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La respuesta de Israel a los crímenes de Hamás no debería ser un pogromo en Gaza. La justicia es la forma de controlar los delitos. Israel no debería acelerar hacia el abismo del desorden mundial”.

Nunca es tarde para una diplomacia de altura, que esté dispuesta a trabajar por la aplicación del derecho internacional y a abordar la cuestión de fondo −eternamente pospuesta− que lo enquista todo: la ocupación ilegal y el régimen de segregación y discriminación que sufre la población palestina.