Si el reciente declive de Brasil se representara en un gráfico con la caída en popularidad de todos sus presidentes, Michel Temer aparecería en el punto más bajo.
En 2010, Luiz Inácio Lula da Silva terminó su segundo mandato con un índice de aprobación del 80%. En marzo de 2016, cuatro meses antes de ser destituida, el índice de su protegida y sucesora Dilma Rousseff era 10%.
El mes pasado, el gobierno de Temer, vicepresidente durante la administración de Rousseff, cayó al 3% en una encuesta. Entre los jóvenes menores de 24 años, el índice de aprobación de Temer ya es cero.
Temer ha sido acusado de corrupción, asociación ilícita y obstrucción a la justicia. Pero en las calles no ha habido aún manifestaciones masivas anticorrupción como las que ayudaron a impulsar el juicio político de Rousseff por violar las normas fiscales.
A diferencia de Rousseff, Temer ha mantenido el apoyo de los mercados financieros, que ven con buenos ojos las medidas de austeridad impuestas por el presidente, como la privatización de los servicios públicos, el congelamiento por 20 años del gasto público y la reforma del régimen de pensiones.
Un país marcado por la desigualdad
Hay señales de recuperación económica, pero el gasto público se ha reducido tanto que, en este momento, algunas funciones básicas del Estado están en peligro.
Sus críticos dicen que la campaña de austeridad de Temer daña más a los pobres que a los ricos. Según una encuesta de Oxfam Brasil, los brasileños ricos pagan menos impuestos que los pobres y la clase media, y el 5% más rico gana lo mismo que el resto de la población. Sin embargo la tasa más alta de impuesto sobre la renta es de solo 27,5%.
A los mercados no les importa demasiado la desigualdad, pero las dañinas acusaciones de corrupción contra el presidente y sus aliados amenazan con infligir aún más daño a las instituciones del país.
Es muy probable que Temer sobreviva a esta última crisis: se espera que gane una segunda votación en la Cámara baja del Congreso sobre si lo suspenden o no para someterlo a juicio. Pero la confianza en los líderes políticos de Brasil ha quedado dramáticamente debilitada.
Esa falta de confianza alimenta el apoyo para una solución autoritaria a la crisis, lo que podría traer graves consecuencias con vistas a las elecciones presidenciales del próximo año.
En su primer voto, la Cámara baja del Congreso decidió no suspender al presidente para que no fuera a juicio acusado de corrupción. Lo hizo poco después de que el gobierno central acordara gastar 1.330 millones de dólares en proyectos en los Estados de los legisladores que debían votar, según informó el organismo de control independiente Open Accounts.
Muchos de esos legisladores están apoyados por poderosos grupos de presión, como los agronegocios y los evangélicos cristianos, y enfrentan sus propias investigaciones por corrupción. Según los ambientalistas, si la Administración Temer está reduciendo la protección del Amazonas es a cambio del apoyo de estos legisladores.
“Nuestro país es prisionero de una banda de políticos sin escrúpulos”, dijo el exjuez de la Corte Suprema Joaquim Barbosa, después de aquel voto.
Una crisis difícil de superar
Desde entonces, Temer ha sido acusado de obstrucción a la justicia; y junto a otros seis dirigentes de su partido, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), fue acusado de asociación ilícita.
El exfiscal general Rodrigo Janot también ha presentado cargos contra Lula, Rousseff y otros importantes miembros del Partido de los Trabajadores (antiguos aliados del PMDB de Temer). Para el exfiscal, los dos partidos fueron parte de una trama criminal que durante 15 años aceptó sobornos a cambio de favores en puertos, aeropuertos, caladeros, plataformas petroleras, exenciones fiscales y centrales hidroeléctricas en el Amazonas.
Janot, que reveló las acusaciones contra los tres, dijo que el partido de Temer había abandonado a la coalición gobernante de Rousseff porque esta había fracasado en su intento de detener la investigación por corrupción, lo que a su vez desembocó en que la Cámara baja del Congreso aprobara el inicio de la moción de censura.
“Todos los miembros de esta organización criminal, sin importar el núcleo al que pertenecían, tenían un interés común que los unía”, escribió Janot. Ese interés era “la máxima e indebida ventaja económica para ellos y otras personas, independientemente de si ese tipo de negocios estaba o no en el interés público”.
Todos los acusados negaron los cargos. Temer dijo que era víctima de una conspiración.
Como dijo hace poco ante unos periodistas extranjeros el juez de la Corte Suprema Luís Barroso, en Río de Janeiro, los intereses muy importantes se protegen entre sí: “Esta gente es muy poderosa y tiene aliados, socios y cómplices en todos lados, en las más altas esferas, en los poderes de la república, en la prensa y donde uno menos se lo imaginaría”.
Posibles sucesores
Pero el 78% del pueblo brasileño apoya la investigación por corrupción. Y la desilusión sobre la manera en la que se está desarrollando la investigación en los más altos niveles abre un espacio muy peligroso para populistas y extremistas en las elecciones presidenciales del próximo año.
Lula busca regresar a la presidencia en 2018 y por el momento encabeza las encuestas, pero le han impuesto una condena de casi diez años de prisión por corrupción y lavado de dinero y tal vez eso lo descarte como candidato.
Un probable candidato de la derecha es João Doria, el ostentoso multimillonario alcalde de San Pablo. Como Donald Trump, Doria fue el presentador de la versión brasileña del programa de televisión El Aprendiz. Asumió su cargo en enero y no tiene experiencia política previa.
En varias encuestas Jair Bolsonaro se coloca en segundo lugar. Ex capitán del ejército, su mensaje autoritario y de extrema derecha suena bien entre los indignados por la corrupción, así como también entre los votantes aterrorizados por los exorbitantes niveles de crímenes violentos de Brasil.
De acuerdo con una encuesta hecha en septiembre por Internet, Bolsonaro goza del apoyo de un número cada vez mayor de personas que sostienen que las fuerzas armadas de Brasil deberían intervenir (como en 1964, cuando instauraron un despiadado régimen dictatorial que duró 21 años). Esta opción cuenta con el apoyo del 43% de los encuestados.
En septiembre, el general de alto rango del ejército Antonio Mourão asustó a muchos cuando dijo que, en su opinión, si las instituciones brasileñas no podían echar de la vida pública a las personas involucradas en actos ilícitos, habría “que imponerlo”.
Bolsonaro defendió a Mourão. “La democracia no se logra comprando votos o aceptando corrupción por gobernabilidad”, tuiteó para sus 602.000 seguidores. “Todo ciudadano o SOLDADO tiene la obligación de reaccionar ante esto”.
Traducido por Francisco de Zarate