Una coalición de organizaciones de derechos humanos de Alemania, Italia y Yemen ha lanzado una acción legal inusual contra miembros del Gobierno italiano y una de las grandes empresas armamentísticas de Europa por su supuesta participación en los bombardeos de Yemen que han matado a miles de civiles.
Los demandantes presentaron este martes una demanda en la Fiscalía en Roma contra miembros del Ministerio de Exteriores italiano y RWM Italia, filial local del conglomerado alemán Rheinmetall, por la venta de armas a Arabia Saudí. La decisión se anunció el miércoles en Roma durante una rueda de prensa de las organizaciones demandantes.
Arabia Saudí encabeza una coalición que está llevando a cabo una campaña de bombardeos en Yemen contra los rebeldes hutíes y que cuenta con la ayuda de asesores militares británicos y norteamericanos
Acciones anteriores en los tribunales iniciadas por organizaciones de derechos humanos y contra las armas respecto a la campaña saudí de bombardeos han fracasado por su tendencia a ser demasiado amplias.
Los protagonistas en esta ocasión esperan que al centrarse en un incidente específico –un bombardeo bien documentado del 8 de octubre de 2016 que mató a una familia de seis personas, incluidos cuatro menores– aumentarán sus opciones de éxito en los tribunales italianos.
La demanda ha sido presentada de forma conjunta por el European Center for Constitutional and Human Rights de Berlín (ECCHR), la organización de derechos humanos Mwantana de Yemen y la Rete Italiana per il Disarmo.
Los grupos han pedido a la Fiscalía que investigue si existe responsabilidad en los miembros del Ministerio de Exteriores italiano encargados de autorizar la exportación de armamento y en los directores de RWM Italia por las supuestas ventas de armas a la coalición encabezada por Arabia Saudí. Los intentos de The Guardian de contactar con Rheinmetall no han tenido éxito.
Mwatana asegura haber encontrado restos de los artefactos explosivos en el lugar del ataque, cometido en 2016 en el pueblo de Deir al Jari, en Hudaydah, en el noroeste de Yemen.
De acuerdo con la demanda, el número de serie registrado en los restos del explosivo sitúan el artefacto como parte de un lote fabricado en junio 2014 por RWM Italia, que tiene su sede en Ghedi, al norte de Italia, y las instalaciones de producción en Cerdeña.
Mwatana, que afirma que llegó al lugar del bombardeo un día después del ataque para entrevistar a testigos y recoger pruebas, envió fotos de su investigación a la agencia de noticias italiana Ansa el año pasado.
“Lo que hace este caso especial son los restos encontrados en el lugar del bombardeo”, dice Linde Bryk, abogada holandesa que trabajó en Kosovo y que ahora está con ECCHR. “Este caso es emblemático porque no solo concierne al papel de Italia, sino también a la cuestión general sobre la responsabilidad de los gobiernos y de las empresas armamentísticas europeas en las consecuencias de la exportación de armas utilizadas por la coalición liderada por Arabia Saudí”.
Bryk añade que el caso pretende abordar el hecho de que tener la autorización del Gobierno para la exportación de armas no blinda a estas empresas de posible responsabilidad.
Políticos y militares gozan de un alto grado de protección contra este tipo de acusaciones, pero aquellos que han presentado el caso esperan que se establezca un precedente en el que los miembros del Gobierno que autoricen las exportaciones, así como las empresas armamentísticas, no queden eximidas de toda responsabilidad.
“A pesar de las violaciones sobre las que se ha informado en Yemen, Italia continúa exportando armas a miembros de la coalición militar encabezada por Arabia Saudí”, explica Francesco Vignarca, de la Rete Disarmo. “Esto es contradictorio con la ley 185/1990, que prohíbe la exportación de armas 'a países en conflicto armado'. Además, contrasta con las disposiciones vinculantes de la posición común de la UE sobre el control de la exportación de armas y el tratado internacional de comercio de armas”.
La guerra civil estalló en Yemen cuando los rebeldes hutíes apoyados por Irán expulsaron en 2015 de la capital, Saná, al gobierno de Abd Rabbu Mansour Hadi, reconocido por la ONU, lo que desencadenó la intervención encabezada por Arabia Saudí.
Desde entonces, el país ha sufrido la que ha sido calificada como la peor crisis humanitaria del mundo, con tres cuartas partes de la población, de unos 22 millones de personas, en necesidad de algún tipo de ayuda, de acuerdo con la ONU.
Si la Fiscalía italiana no admite el caso a trámite, los grupos pueden considerar ir a tribunales de mayor instancia, incluido el Tribunal Penal Internacional, que hasta ahora no ha investigado lo ocurrido en Yemen.
Traducido por Javier Biosca Azcoiti