El asesinato de un estudiante de 17 años en Filipinas ha despertado protestas en todo el país y varias investigaciones gubernamentales, dando esperanzas a quienes esperan que el país reconsidere su guerra contra las drogas, que ya ha dejado unas 5.500 personas muertas.
Kian Delos Santos fue arrastrado desde su casa en Caloocan, en las afueras de Manila, y supuestamente asesinado por policías de paisano durante una redada en busca de traficantes.
Sus últimas palabras, mientras imploraba a los oficiales antes de ser hallado muerto el 16 de agosto, fueron: “Por favor, parad. Por favor, parad. Mañana tengo examen”, según un testigo. El informe de la autopsia revela que recibió dos disparos en la cabeza y uno en la espalda.
El asesinato ha desatado protestas multitudinarias y varios organismos gubernamentales han comenzado investigaciones sobre el caso.
Ahora, incluso el artífice de estas violentas medidas, el presidente Rodrigo Duterte, ha dicho que algo estuvo mal en cómo se comportó la policía, después de ver imágenes de las cámaras de seguridad que muestran a dos hombres arrastrando al joven indefenso por la calle.
Las imágenes de Santos vivo a manos de la policía pone en duda la versión policial de que el joven quiso utilizar un arma para resistirse al arresto.
“He visto las imágenes en televisión y estoy de acuerdo con que haya una investigación. Si la investigación determina la responsabilidad de uno, dos o todos, los responsables irán a juicio y si son culpables irán a la cárcel”, dijo Duterte en una rueda de prensa.
Fue una admisión poco usual en un presidente que, el año pasado, se refirió a los niños y los inocentes asesinados en la guerra contra las drogas como “daños colaterales”. Hace una semana, cuando la policía mató a 32 personas en la redada más sangrienta hasta el momento, Duterte dio inmediatamente su aprobación. “Estuvo muy bien”, dijo.
Un punto de inflexión
Desde que el antiguo alcalde de la ciudad de Davao se convirtió en presidente en julio de 2016, las cifras dicen que la policía ha matado a cerca de 3.500 “personas relacionadas con las drogas”. Otras 2.000 murieron a causa de crímenes relacionados con el mundo de las drogas y miles más han muerto en circunstancias no determinadas, según cifras oficiales.
Duterte ha respondido agresivamente a las críticas. Le advirtió a la Unión Europea que “no nos joda”, después de que el Parlamento europeo aprobase una resolución expresando “una gran preocupación por los informes creíbles” sobre la participación de la policía filipina en asesinatos extrajudiciales, algo que los altos cargos filipinos niegan rotundamente.
A pesar de las críticas, Duterte sigue siendo un líder popular y los sondeos muestran que cuenta con el apoyo de la población en su guerra contra las drogas.
La muerte de Santos podría ser un punto de inflexión. Tres organismos del gobierno –el Departamento de Justicia, el Senado y la Comisión por los Derechos Humanos– han lanzado distintas investigaciones.
Las últimas palabras de Santos se han extendido en las redes sociales y esta semana hubo una manifestación de protesta en el Monumento del Poder Popular en Manila.
El sitio elegido para la protesta es simbólico: la Revolución del Poder Popular derrocó al dictador Ferdinand Marcos quien, igual que Duterte, utilizaba la ley marcial. El movimiento comenzó hace 34 años, luego del asesinato de un exsenador, Benigno Aquino.
El sobrino de Aquino, también senador, fue uno de los que se acercó a protestar, reclamando que el Congreso investigue la muerte de Santos.
“Esperamos que nuestras resoluciones sean llevadas a cabo, para poder llegar juntos a la verdad de estos asesinatos extrajudiciales y que el gobierno reconsidere su estrategia en la lucha contra el narcotráfico,” le dijo Pablo Benigno Aquino IV a the Guardian.
“Necesitamos que se haga justicia por Santos y otras víctimas del abuso que cometen las fuerzas de seguridad y las autoridades”, añadió.
Una exfuncionaria de gobierno y activista contra la ley marcial, Teresita Deles, dijo que espera que la muerte de Santos –igual que la muerte de Aquino en 1983– abra los ojos a la gente respecto a la brutalidad de Duterte.
“Creo que es un comienzo. Creo que el presidente y la gente que lo rodea debería pensar si van a seguir con esta impunidad”, afirmó Deles. La injusticia del caso de Santos, señala, es innegable.
“Por primera vez, hay testigos. Tenemos la historia de sus últimos momentos. Sabemos que le imploró a los policías que pararan porque tenía un examen el día siguiente. Obviamente era un joven que quería hacer algo con su vida”, añadió.
“En este momento, creo que la mayoría de la gente conoce o sabe de alguien que fue asesinado en la guerra contra el narcotráfico. No hay que mirar muy lejos para ver lo que está pasando”.
Traducido por Lucía Balducci