En el distrito berlinés de Friedrichshain, Eckhard Sagitza y su equipo de detectives especializados en Airbnb deambulan por las calles de moda fijándose en los edificios de viviendas: buscan dos o más de las coloridas bicicletas de alquiler estacionadas en la entrada.
El auge de las bicicletas de alquiler en varias ciudades europeas tal vez se haya convertido en un problema para los políticos locales pero para los Sherlock Holmes de las autoridades de vivienda de Berlín, representan una pista inmejorable en su cruzada contra los propietarios deshonestos.
“Si ves un par de esas [bicicletas] dos noches seguidas fuera [del edificio], es muy probable que alguien en tu edificio esté alquilando el piso a turistas”, dice Sagitza, encargado de detectar a los que violan las estrictas reglas de Berlín sobre alquileres vacacionales.
Sus archienemigos son los dueños profesionales de pisos que compran viviendas solo para hacer dinero con el alquiler vacacional, agotando así la oferta de alojamiento de la ciudad y expulsando del barrio a jubilados y personas de bajos ingresos. Como es natural, Airbnb rechaza esa interpretación.
Para localizar culpables, Sagitza también se vale de los residentes que sospechan de vecinos que podrían estar alquilando sus pisos de forma ilegal. Les animan a publicar denuncias anónimas en una “web de soplones” dentro de la página de las autoridades de Berlín, una medida polémica en una ciudad donde sigue vivo el recuerdo de la vigilancia masiva de la Stasi.
Pero el activismo de Berlín para perseguir alquileres vacacionales ya ha empezado a dar sus frutos: unos 8.000 pisos volvieron al mercado del alquiler convencional entre abril de 2016 y finales de 2017. En ese período la ciudad recuperó una antigua ley de apropiación indebida de propiedades y la adaptó para restringir el negocio de los que alquilan pisos por plataformas como Airbnb. Ocho mil viviendas recuperadas significa más de dos veces las construidas por la empresa municipal en el mismo período.
El equipo de Sagitza ha puesto 1,7 millones de euros en multas solo en el moderno distrito de Friedrichshain-Kreuzberg, especialmente popular entre los turistas jóvenes de todo el mundo. Aunque también es cierto que la recaudación de las multas no es fácil: hasta ahora, el Ayuntamiento solo ha ingresado 124.228 euros por este concepto.
Tras una serie de fallos judiciales y debido a la presión ejercida por Airbnb, a principios de 2018 el Gobierno de Berlín y los legisladores de la ciudad relajaron la legislación. Ahora, los propietarios pueden alquilar su propia casa todo el tiempo que quieran mientras se cumplan ciertas condiciones. En el caso de sus segundas residencias tienen un máximo de 90 días anuales.
Pero las multas también se han quintuplicado hasta 500.000 euros. Ahora, cualquiera que desee alquilar su propiedad principal o secundaria debe obtener antes una licencia de 250 euros (una respuesta a las tácticas de camuflaje que utilizan las plataformas de alquiler por Internet).
Ha sido difícil obtener datos concretos. “Cuando tratábamos de tener la información de un apartamento”, dice Sagitza, “nos decían que debíamos ponernos en contacto con Dublín, donde están los servidores de Airbnb”. En Dublín les decían que la legislación irlandesa solo permitía entregar los datos si había una orden judicial.
Según Katalin Gennburg, delegada del partido Die Linke (La Izquierda) en el barrio berlinés de Treptow, el nuevo sistema de licencias podría permitir a la ciudad contrastar con Airbnb la información sobre quién alquila un apartamento por la plataforma y dónde, siempre que el gigante del alquiler vacacional coopere y exija que el número de licencia aparezca en el anuncio. El sistema debería comenzar a funcionar el 1 de agosto, pero Airbnb se queja de que la ciudad ha sido poco específica sobre sus planes.
Los que quieran eludir la ley probablemente lo conseguirán. Según Airbnb, el típico anfitrión berlinés comparte la casa durante 30 noches al año y gana 1.900 euros por eso. Un proyecto reciente de análisis de datos mostró que el 10% de los usuarios alquilaba más de un piso. Algunos, hasta 40 propiedades.
Los distritos de Berlín son administrados como unidades autónomas, lo que significa que cualquier “superanfitrión” que distribuya sus segundas residencias en los 12 distritos de la ciudad tendrá bastantes posibilidades de evadir la red de detectives especializados en Airbnb.
Las esperanzas de que la “ley Airbnb” resuelva la crisis inmobiliaria de la ciudad pueden ser poco realistas: un estudio reciente muestra que Berlín se enfrenta a la subida de precios inmobiliarios más veloz del mundo. “Gran parte de la población de Berlín está siendo excluida de la ciudad”, dice Sagitza. “Si no hacemos nada, marchamos hacia la catástrofe”.
Barcelona
A principios de 2018, la plataforma de alquiler temporal Airbnb lanzó la campaña de vídeo #LoveBarcelona, en la que los anfitriones de la ciudad hablaban de lo mucho que les gustaba que la gente se quedara con ellos y disfrutara de Barcelona. A juzgar por la campaña, quedarse en un apartamento de Airbnb era como visitar a un tío viejo y amable.
Pero para la mayoría de los residentes de la ciudad, la imagen de la compañía está lejos de ser amigable. La opinión general es que hace dinero gracias a la demanda turística y a una legislación favorable a los especuladores. También, que está haciendo subir el precio de los alquileres hasta niveles en que los residentes ya no pueden permitirse seguir viviendo en la ciudad.
Airbnb argumenta que el 80% de las 18.531 viviendas anunciadas en Barcelona son la única propiedad del dueño. También, que más de la mitad de sus anfitriones son “compartidores de casa”, gente que alquila una o dos habitaciones de su hogar para llegar a fin de mes.
Esa no es la experiencia de los inspectores del Ayuntamiento que trabajan sacando del mercado los alquileres temporales ilegales. Con la ayuda de un teléfono directo en el que los residentes denuncian lo que consideran alquileres ilegales, la ciudad ha impuesto 3.000 multas y 2.200 órdenes de cese de actividad, además de multar a Airbnb con 600.000 euros en 2016 por anunciar en su página web apartamentos que carecían de licencia (la empresa todavía no ha pagado esa multa).
“Todo lo que pedimos es que Airbnb obedezca la ley”, dice Janet Sanz, la concejala responsable de vivienda. “A menudo cuando dicen que quieren negociar, en verdad lo que están pidiendo es romper la ley, pero eso no es negociable.”
Sanz dice que Airbnb está haciendo presión en Bruselas para que la Unión Europea apruebe leyes que prevalezcan sobre las leyes municipales, incluso en lo referido al uso compartido de la vivienda, una actividad que en España hoy no está regulada por ninguna legislación. Nadie se opondría a que alguien alquile una habitación en su casa, dice Sanz, pero no cinco o seis. “Eso es explotar tu casa como un hotel”.
Esencialmente, la ley de apartamentos turísticos de Cataluña implica que no se puede alquilar sin licencia. Según Sanz, “hay 9.600 apartamentos con licencia”: “No hemos concedido ninguna nueva desde 2014, y no planeamos hacerlo”.
El problema de Barcelona es especialmente grave, ya que el parque de viviendas sociales representa solo el 1,5% del total, frente al aproximadamente 28% de Berlín y al más del 50% de Ámsterdam. En este momento, el presupuesto nacional para vivienda pública es cero.
Según Sanz, la especulación y las plataformas de alquiler vacacional van de la mano. “Si puedes ganar 3.000 euros a la semana alquilando a turistas en lugar de alquilar por 800 euros al mes a un residente, está claro que es tentador”.
El precio del alquiler en la ciudad ha subido un 29% desde 2014. Esto ha sido impulsado por la demanda turística pero también por la reforma en 2013 de la ley para los alquileres residenciales de largo plazo. En los últimos tres años, el Instituto Nacional de Estadística calcula que en Madrid y Barcelona los alquileres han aumentado 12 veces más rápido que los salarios.
Según Jaime Palomera, de la Unión de Arrendatarios, “España tiene el dudoso honor de ser el país de la OCDE con mayor proporción de hogares que superan el 40% de sus ingresos en gastos de alquiler. En Barcelona, la tasa es del 45%; si tienen problemas financieros, terminan en la calle”.
Según Airbnb, su “comunidad” de anfitriones trajo más de 1.000 millones de euros a Barcelona el año pasado. Pero otros ven a la empresa como un simple parásito. En palabras de Palomera, “las autoridades están en guerra con una plataforma que saca valor de la ciudad y destruye su tejido, sin dar nada a cambio”.
Traducido por Francisco de Zárate