La ONU encargó y después “ocultó” un informe que cuestionaba su estrategia en Myanmar y alertaba de que no estaba preparada para abordar la crisis rohingya. Así lo afirman varias fuentes contactadas por the Guardian.
Un consultor redactó el informe y lo entregó en mayo. Se mostraba muy crítico con la estrategia de Naciones Unidas en el país y señalaba que la organización no podía permanecer callada ante posibles violaciones de derechos humanos.
The Guardian ha tenido acceso a una copia de este informe, que predijo correctamente que la situación se deterioraría en los seis meses siguientes y urgía a la ONU a poner en marcha mecanismos de planificación para situaciones de emergencia.
“Se recomienda que en la mayor brevedad posible la sede de la ONU identifique las vías necesarias para abordar esta situación de una manera coherente”, indicaba el analista independiente Richard Horsey, autor del informe.
Horsey alertaba de que las fuerzas de seguridad del país harían un uso de la fuerza indiscriminada y brutal contra los rohingya. Este pronóstico se convirtió en una realidad el 25 de agosto, cuando los rebeldes rohingya atacaron decenas de puestos militares, con la consiguiente campaña de represión por parte del ejército.
En menos de un mes, más de medio millón de rohingya ha huido a Bangladesh y han denunciado las masacres perpetradas por el ejército de Myanmar y las fuerzas rebeldes rohingya.
El informe se titula “El papel desempeñado por las Naciones Unidas en el estado de Rakhine”. Renata Lok-Dessallien, la coordinadora residente de la ONU en Myanmar y la diplomática de mayor rango de la organización en este país, encargó este análisis, que hace 16 recomendaciones.
Se necesita diálogo con el gobierno
Horsey subraya la necesidad de contratar a más personal y de tener un diálogo abierto y sincero con el gobierno de Myanmar. También pide que la ONU envíe el informe a todas las agencias de ayuda humanitaria. Asimismo urge a la ONU a garantizar que la iniciativa 'Human rights up front' (Los derechos humanos primero), una estrategia presentada por el exsecretario general Ban Ki-moon con el objetivo de evitar la comisión de atrocidades masivas, se implemente en su totalidad. En su evaluación, Horsey indica que esta iniciativa tiene que ser la esencia de todas las operaciones de la ONU y puntualiza que en lo relativo a los derechos humanos y a la protección [de la población] la organización no se puede quedar callada.
Sin embargo, fuentes de la ONU y de algunas agencias de ayuda humanitaria aseguran que la organización ignoró estas recomendaciones y optó por hacer desaparecer el informe.
Una fuente bien informada, que pidió permanecer en el anonimato, afirma que el informe fue acogido con rechazo y que no se hizo llegar a las agencias humanitarias o de la misma organización porque “a Renata [Lok-Dessallien] no le gustó este análisis”. “Renata lo recibió y no lo distribuyó porque no le gustaron las conclusiones”, indica otra fuente conocedora del caso.
El documento, de 28 páginas, señala que el autor del mismo facilitaría información al equipo de trabajadores humanitarios de la ONU que trabajan sobre el terreno en el país; un grupo integrado por agencias de Naciones Unidas y otras agencias de ayuda humanitaria como Save the Children. The Guardian asume que nunca se celebró esta reunión.
Un miembro de la oficina de comunicación de la coordinadora residente en Myanmar ha indicado que la reunión para explicar el informe preliminar, a la que estaban invitadas todas las agencias de la ONU, se celebró en abril.
“La ONU estuvo de acuerdo con algunos de los planteamientos del informe sobre la necesidad de proporcionar paz y ayuda humanitaria y contribuir al desarrollo en el estado de Rakhine, así como la posibilidad de nuevos brotes de violencia”.
“De hecho, antes de recibir el informe, la ONU ya había impulsado algunas de las medidas que se proponen en este documento”, ha indicado. También ha puntualizado que entre las medidas que ya se habían impulsado está el mecanismo “los derechos humanos primero”.
El informe se envió a “varios cargos importantes de la organización”, ha puntualizado el representante. Sin embargo, no ha querido proporcionar sus nombres. Algunas fuentes en Myanmar indican que se mencionó el informe en dos reuniones y después “desapareció” de la agenda. A partir de ese momento ya nadie tuvo acceso a ese documento.
Un cargo importante de una agencia humanitaria indica que al informe “se le dio poca importancia”. “Las críticas constructivas casi nunca se ven como una oportunidad de mejora; se perciben como un ataque personal y provocan una actitud defensiva”, añade la fuente.
Lok-Dessallien también tiene que hacer frente a la acusación de que socavó varios intentos encaminados a promover los derechos de los rohingya, la minoría musulmana sin Estado. Trabajadores de agencias humanitarias afirman que la ONU priorizó su relación con el gobierno de Myanmar sobre la defensa de los derechos humanos y la causa humanitaria.
Un portavoz del secretario general de la ONU ha negado esta acusación. “La coordinadora residente ha sido una firme defensora de los derechos humanos”, ha señalado el portavoz: “Los derechos humanos son la pieza esencial de la labor de la ONU”.
The Guardian ha contactado con Horsey, el autor del informe. “La ONU sabía, o debería haber sabido, que la situación en Rakhine podía deteriorarse hasta convertirse en una grave crisis”, ha indicado por correo electrónico.
No obstante cree que las críticas dirigidas contra Lok-Dessallien carecen de fundamento. “Si bien podría ser cierto que la coordinadora residente pudo haber actuado de otra manera o hacerlo mejor, la responsabilidad última de cualquier error que haya podido cometer la ONU es de la sede”, ha puntualizado.
“No han sido capaces de ofrecer una respuesta coordinada en Myanmar, especialmente en Rakhine, ni han proporcionado a su equipo en el terreno la orientación ni el apoyo político necesario”.
En su informe indica que algunos altos cargos en la sede de la ONU en Nueva York mandaron “mensajes confusos” y no se reemplazó al asesor especial del secretario general; un alto cargo de la ONU que tiene una gran influencia diplomática. Con ello, situaron a la coordinadora residente en una posición imposible.
El estudio señala “la percepción generalizada” de que para tener acceso al gobierno de Myanmar la ONU renunció a impulsar medidas humanitarias o de defensa de los derechos humanos por miedo a que se complicara o se deteriorase la relación con el gobierno.
Un diplomático de la ONU en Yangon indica que “no se está ejecutando el mecanismo de priorizar los derechos humanos. Pueden decir que han dado algunos pasos pero lo cierto es que no hemos visto resultados”.
Phil Robertson, subdirector en Asia de Human Rights Watch, ha señalado que “no han seguido la política de 'los derechos humanos primero' sino más bien 'los derechos humanos, lo último”.
“La ONU va a tener que reconocer que si la situación se ha deteriorado hasta este punto y tan rápidamente ha sido, en parte, por su culpa”.
Traducido por Emma Reverter