Joel Rubenzahl no es el tipo de persona que parece necesitar asistencia del Gobierno en materia de vivienda. Vive solo en una casa de cuatro habitaciones que compró por 923.500 dólares en el año 2000, en una zona lujosa de Berkeley, California.
Tras 45 años en el negocio de construir viviendas para personas de bajos ingresos, está medio retirado y vive con tranquilidad gracias a algunas buenas inversiones. Aun así, cada año, Rubenzahl, de 71 años, se beneficia de una generosa exención fiscal que en su mayor parte solo va dirigida a los propietarios más ricos, reduciendo los impuestos que debe pagar en miles de dólares. ¿Cómo se siente por ello? “Terrible”, asegura.
Esto es porque al Gobierno de EEUU le cuesta más del doble subvencionar exenciones fiscales para propietarios ricos, que probablemente podrían permitirse sus casas de igual forma, de lo que se gasta en ayudar a las familias más pobres a pagar el alquiler y evitar la indigencia –60.100 millones contra 29.900 millones de dólares en 2015–. En un momento en que el Congreso aborda la reforma fiscal, activistas y economistas de todo el espectro político reclaman que se aborde la exención fiscal, pero las posibilidades de que eso ocurra no están claras.
“Toda mi carrera he intentado proporcionar viviendas de calidad asequibles para la gente de más bajos ingresos a la que podía llegar, pero claramente no es suficiente”, cuenta Rubenzahl. Mientras, ve que a los compradores que se mudan cerca de su casa, perder los subsidios “no les haría daño”.
Un nuevo estudio elaborado por Apartment List, un agregador de alquileres, muestra que más de la mitad de las familias de ingresos altos solicitan el beneficio fiscal, llamado Deducción del Interés de la Hipoteca (MID, por sus siglas en inglés) porque reduce el ingreso imponible del contribuyente por el monto de intereses que adeuda en su hipoteca. Más de 10.000 millones de dólares van a familias con ingresos en el 1% más rico de la población.
Las propiedades más caras obtienen una deducción mayor, por lo que los propietarios en las zonas costeras caras como Silicon Valley, San Francisco y otras poblaciones adyacentes como Berkeley y el sur de Connecticut son los más beneficiados por el Gobierno en todo el país, con subvenciones de unos 3.500 dólares por familia.
En comparación, solo uno de cada cuatro estadounidenses con necesidad de ayudas al alquiler las recibe. De hecho, el sistema de asistencia al alquiler –que se llama Sección 8 y que generalmente cubre los costes que superan el 30% de los ingresos de la familia– está tan sobrecargado que, hasta hace poco, la ciudad de Los Ángeles había rechazado aceptar nuevas solicitudes durante la impactante cifra de 13 años. La lista de espera en Nueva York ha estado cerrada desde 2009. Cuando Los Ángeles volvió finalmente a aceptar nuevas solicitudes, casi 200.000 personas intentaron entrar en una lista de espera de 20.000 plazas en un periodo de solo dos semanas.
De hecho, en ninguna de las 25 grandes ciudades de EEUU los residentes de bajos ingresos reciben más de la mitad del dinero dirigido a beneficios en vivienda. Esto a pesar del hecho de que la estabilidad en la vivienda se ha vinculado a mejores resultados educativos, salud y bienestar psicológico. La mayor parte va a los pudientes.
Prioridades inadecuadas
“Creo que sus prioridades son totalmente inadecuadas”, sostiene Steven Bourassa, experto en el programa MID y director de la Escuela de Planificación Urbana y Regional en la Florida Atlantic University. “Probablemente mucha gente piense que algunas personas no se merecen ese tipo de ayuda. Personalmente lo encuentro difícil de explicar”, añade.
El MID se ha vendido como una forma de fomentar la compra de viviendas. En realidad, los estudios muestran que tiene un efecto limitado en las tasas de propiedad. “No ayuda a la gente a pasar de inquilinos a dueños”, sostiene Bourassa. “Lo que hace es fomentar que algunas personas que ya tienen casas en su propiedad compren casas más grandes de las que comprarían”, añade.
Las críticas al MID vienen de todos lados. Ilya Somin, profesor de derecho en la George Mason University, sostiene que economistas y académicos “de todo el espectro político” estarán de acuerdo con la idea que expresó en una columna reciente: que se trata de una “mala política”. Y aun así, a pesar de los esfuerzos durante años para reformarla, “todas las veces, esta peculiar vaca sagrada se ha resistido a la matanza”, indica Somin.
Hay enmiendas que podrían reducir el uso del MID en las actuales propuestas de leyes fiscales del Senado y de la Cámara de Representantes, especialmente en esta última. Si logran pasar por las dos cámaras, los activistas de la vivienda afirman que el dinero que se recuperaría debería invertirse en viviendas de bajos ingresos en lugar de cualquier otra cosa.
“La Cámara de Representantes ha dado un paso positivo histórico al estar dispuesta a reformar directamente el MID, pero usar esos ahorros para pagar más exenciones fiscales a las empresas y a los individuos más ricos es un completo fracaso”, explica Diane Yentel, presidente y consejero delegado de National Low Income Housing Coalition (Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos).
En Berkeley, Rubenzahl reconoce la extraña posición en la que se encuentra. “Claro que me encuentro en un conflicto”, explica. “La legislación fiscal es la legislación fiscal y nadie quiere pagar más impuestos”.
Traducido por Javier Biosca Azcoiti