Es difícil no estar de acuerdo con el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, quien al referirse a la crisis política en Catalunya afirmó: “Algunos caminan por una gasolinera llena de combustible con un mechero en la mano”. En el centro del debate hay un principio democrático básico: el derecho a la autodeterminación o, como indica el eslogan de los defensores del referéndum, el derecho a decidir.
No tienes que querer la independencia de Catalunya para apoyar este principio; de la misma forma que puedes estar de acuerdo con el derecho al divorcio sin querer que todas las parejas se separen. Imaginemos que en una pareja, uno de sus miembros se cuestiona si la relación va bien, y el otro no solo le niega la posibilidad de divorciarse sino que además le impide sopesar esta posibilidad.
Esta reacción es mucho más que una afrenta. De hecho, no hace más que alimentar el deseo de separación del miembro de la pareja que ya tenía dudas. Y esta es precisamente la reacción ante la intransigencia del Gobierno español, sus políticas económicas desastrosas, su negativa a negociar y las medidas brutales con las que intentó impedir el ejercicio de las libertades civiles en Catalunya.
El presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, ha actuado con una prudencia admirable tras la celebración de un referéndum que terminó con cientos de ciudadanos heridos y con policías agarrando a mujeres mayores por el pelo. Estas personas solo querían ejercer el derecho democrático más básico: el derecho al voto. Algunos grupos independentistas más radicales se han estado movilizando para que se proclame una declaración unilateral de independencia, pero Puigdemont ha optado por suspender esta declaración para fomentar el diálogo y la negociación.
Sin embargo, cuando personas como Rafael Hernando, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, describe una huelga general celebrada en Catalunya en apoyo a la democracia como una “huelga de corte nazi” se hace evidente que por parte de Madrid hay poca voluntad de diálogo. Ahora, el peligro es que el Gobierno español active el artículo 155 de la Constitución y suspenda la autonomía de Catalunya. Altos funcionarios de la administración temen que esto provoque disturbios y una nueva ofensiva policial, que tendría consecuencias imprevisibles.
La situación en Catalunya no puede ser comprendida si no se analiza el contexto. Estamos ante otra reacción a la crisis que sacude al mundo occidental; otro síntoma de un sistema en decadencia. “2017 podría convertirse en el año en el que la política finalmente alcanzó la crisis financiera del 2008”: así describió Jeremy Corbyn el auge del partido laborista, pero lo cierto es que la crisis económica ha provocado muchas otras reacciones políticas. Dio lugar a una nueva izquierda, que abarca desde el partido Syriza en Grecia, Jeremy Corbyn en el Reino Unido a Bernie Sanders en Estados Unidos. También alimentó el populismo xenófobo de derechas, con políticos como Donald Trump en Estados Unidos, Nigel Farage en el Reino Unido, el Frente Nacional en Francia y la extrema derecha en Austria. Así mismo, jugó un papel crucial en el resultado del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea (Brexit). Sin lugar a dudas esta crisis también ha dado lugar al nacimiento de un nacionalismo ciudadano en Escocia y en Catalunya.
España fue uno de los países más afectados por la crisis. La tasa de desempleo entre los jóvenes llegó a ser del 50%. Cientos de miles de familias perdieron sus casas cuando explotó la burbuja inmobiliaria. Hace seis años, el movimiento de los indignados ocupó plazas de ciudades de todo el país, entre ellas Barcelona. Fue el principio del fin de la hegemonía de los dos partidos que habían estado en el Gobierno desde la llegada de la democracia en España tras la muerte de Franco. El desengaño político se ha convertido en una de las características que mejor definen lo que está pasando en Catalunya. En la Diada de 2012, el día nacional de Catalunya, unos dos millones de catalanes salieron a la calle para protestar contra los recortes en el sector público, el desempleo y el estancamiento de las condiciones de vida.
El Gobierno de centroderecha catalán aprovechó este estado de ánimo para pedir al Gobierno de Rajoy más soberanía presupuestaria. De lo contrario, indicó, Catalunya se independizaría.
Al mismo tiempo que las fuerzas independentistas pedían a los catalanes que dieran la espalda al sistema español, Podemos, el nuevo partido de izquierdas en el país, y sus aliados abogaban por una reforma radical del sistema.
La propuesta de independencia, como explica el periodista Raphael Minder [corresponsal del The New York Times en Madrid] en su excelente nuevo libro, The Struggle for Catalonia, “prometía cambio y prosperidad en un nuevo Estado catalán, en contraposición al estancamiento en una España corrupta”.
El comportamiento autoritario y despectivo del PP
En 2015, prácticamente la mitad de los catalanes votaron a partidos que se posicionaron a favor de la independencia. Todo parece indicar que los partidarios de la independencia se duplicaron en una década. La crisis económica no fue el único factor que alimentó el descontento. También lo fue el comportamiento autoritario y despectivo del Partido Popular. Los catalanes habían aprobado en referéndum un estatuto que definía a Catalunya como “nación” y daba un estatus especial a la lengua catalana. Sin embargo, el Partido Popular consiguió que estos artículos quedaran sin efecto. Desde entonces, no se han parado de oír peticiones para que se celebre un referéndum de independencia. La situación ha ido a peor, ya que el Partido Popular ha exacerbado la crisis catalana porque eso le da votos.
Cuando el Gobierno de Rajoy se opone a las fuerzas “separatistas” catalanas, como ellos las llaman, consiguen fortalecer el nacionalismo y el patriotismo español. Y, todavía más conveniente, consiguen que los electores no presten atención a los escándalos por corrupción que han sacudido al Partido Popular en los últimos años. Algunos catalanes de izquierdas, que defienden la necesidad de que se celebre un referéndum pero no quieren la independencia, temen que el Gobierno español ya haya dado a Catalunya por perdida y que simplemente este alimentando el resentimiento y las quejas del resto de los españoles para ganar votos en otras partes de España.
¿Qué pasará a continuación? La Unión Europea no ha condenado explícitamente el comportamiento de Rajoy. Ahora debería presionar al Gobierno para que negocie con Puigdemont y con otros políticos. Los Gobiernos del Reino Unido y de Canadá permitieron que se celebraran referéndums de independencia en Escocia y Quebec.
Obviamente, los catalanes deberían tener derecho a votar sin ser atacados por los antidisturbios. Mientras que el partido Podemos defiende este argumento, el Partido Socialista, bajo presión de su sector más conservador, de momento no ha sido capaz de apoyar la que probablemente es la única vía para resolver esta crisis.
No suelo posicionarme a favor de los movimientos independentistas salvo que una nación esté siendo oprimida, como las que estaban dominadas por expotencias europeas. Catalunya no es una nación sometida. Defender que Catalunya tiene derecho a divorciarse no significa querer que eso pase. Cuando se está atacando la democracia tenemos el deber de solidarizarnos.
Algunos señalan que la experiencia de Escocia y el Brexit demuestran que los referéndums dividen a un país. La negativa a que se celebre un referéndum en Catalunya ha servido precisamente para provocar esa división. Si el Gobierno español hubiera querido que Catalunya se fuera, probablemente habría seguido la misma hoja de ruta. Es el principal responsable de esta crisis.
Al final, solo un nuevo Gobierno que aborde el agravio social y económico de Catalunya podrá garantizar que España no se desintegre. El Gobierno actual ha creado una olla a presión que está a punto de explotar.
Traducción de Emma Reverter