Human Rights Watch ha acusado a las autoridades israelíes de poner en práctica un apartheid y persecución contra los palestinos, afirmando también que el Gobierno impone una política global para “mantener la dominación de los judíos israelíes sobre los palestinos”.
En un informe publicado el martes, la ONG con sede en Nueva York se convirtió en el primer organismo internacional de DDHH en formular tales acusaciones. HRW dice que tras décadas advirtiendo de que el control arraigado de la vida de los palestinos podría llevar a un apartheid, el “umbral” ya se ha cruzado.
“Esta es la conclusión más dura a la que ha llegado Human Rights Watch sobre la conducta israelí en los 30 años que llevamos documentando los abusos sobre el terreno”, dice Omar Shakir, director del grupo para Israel y Palestina. Shakir señala que su organización nunca había acusado directamente a las autoridades israelíes de crímenes contra la humanidad.
En respuesta a las afirmaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha acusado a Human Rights Watch de tener una “agenda antiisraelí” y ha dicho que el informe es un “panfleto de propaganda” que no tiene “ninguna conexión con los hechos o la realidad sobre el terreno”. “Las afirmaciones ficticias que HRW se ha inventado son absurdas y falsas”.
El informe se basa en años de documentación sobre derechos humanos, el análisis de las leyes israelíes, una revisión de los documentos de planificación del Gobierno y declaraciones de funcionarios.
Human Rights Watch ha comparado las políticas y prácticas que se aplican a casi 7 millones de palestinos en los territorios ocupados e Israel con aquellas que afectan prácticamente al mismo número de israelíes judíos que viven en los mismos territorios.
Tras estas investigaciones, la organización ha llegado a la conclusión de que existe una “realidad actual de una única autoridad, el gobierno israelí, que privilegia por sistema a los israelíes judíos mientras reprime a los palestinos, especialmente en los territorios ocupados”.
¿Qué es el crimen del apartheid?
Utilizado por primera vez en relación con la segregación racista de Sudáfrica contra los ciudadanos no blancos, el apartheid –que en afrikáans significa “separación”– es un crimen contra la humanidad según el derecho internacional.
De acuerdo con el Estatuto de Roma de 1998, por el que se creó la Corte Penal Internacional (CPI), el apartheid se define como un “régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre otro” con la intención de “mantener ese régimen”. La persecución, que también es un crimen contra la humanidad, se define como “la privación intencionada y grave de los derechos fundamentales” de un grupo de personas.
Human Rights Watch sostiene que dentro de Israel –donde alrededor de una quinta parte de los 9 millones de ciudadanos son palestinos– y en los territorios ocupados, las autoridades han tratado de ampliar la tierra disponible para las comunidades judías y concentrar a la mayoría de los palestinos en densos centros de población.
“Las autoridades han adoptado políticas para mitigar lo que han descrito abiertamente como una 'amenaza' demográfica por parte de los palestinos”, dice HRW, haciendo referencia a la preocupación expresada por los políticos israelíes de que una población palestina mayoritaria pondría en peligro al Estado judío.
“En Jerusalén, por ejemplo, el plan del Gobierno para el municipio (...) establece el objetivo de 'mantener una sólida mayoría judía en la ciudad' e incluso especifica las proporciones demográficas que espera mantener”, asegura la ONG.
El informe afirma que las autoridades israelíes “discriminan sistemáticamente a los palestinos”. Esta situación es más extrema en los territorios ocupados, incluyendo Cisjordania, los cuales Israel consiguió en la guerra de los seis días de 1967. Varios cientos de miles de colonos israelíes viven ahora allí como ciudadanos, mientras que unos 2,7 millones de palestinos no son considerados como tal y viven bajo el régimen militar.
El director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, ha dicho que no se trata simplemente de “una ocupación abusiva”. “Estas políticas, que conceden a los israelíes judíos los mismos derechos y privilegios dondequiera que vivan y discriminan a los palestinos en diversos grados dondequiera que vivan, reflejan una política para privilegiar a un pueblo a expensas de otro”, dijo Roth.
Cuando se han planteado acusaciones similares en el pasado, Israel se ha ofendido especialmente ante la denuncia de que discrimina a los ciudadanos palestinos del país, también conocidos como árabes israelíes. Citan las leyes de igualdad de derechos y el hecho de que los árabes están representados en el gobierno y el sistema judicial.
En lo que respecta a la Cisjordania ocupada, Israel se remite a los acuerdos firmados en la década de 1990 que conceden a los palestinos un autogobierno limitado. Sin embargo, Human Rights Watch afirma que el gobierno israelí sigue “manteniendo el control principal sobre muchos aspectos” de sus vidas, como las fronteras, los recursos naturales y la circulación de personas y bienes.
Mientras tanto, unos dos millones de palestinos viven bajo un estricto bloqueo en Gaza. Las fuerzas israelíes se retiraron de esta zona en 2005, pero aún mantienen el control de sus fronteras, mar y espacio aéreo.
El informe sigue a otras conclusiones similares de ONG israelíes, como un anuncio de enero de B'Tselem que afirmaba que el país no era una democracia, sino un “régimen de apartheid”. Otro grupo nacional, Yesh Din, publicó el verano pasado un dictamen jurídico en el que sostenía que se estaba cometiendo este crimen, pero limitaba sus conclusiones a Cisjordania. Israel rechazó enérgicamente esas afirmaciones.
El cambio de percepción hacia el apartheid forma parte de un movimiento liderado por activistas que cobró impulso tras las amenazas de anexión israelíes que, según ellos, demuestran que la ocupación es permanente, así como las leyes que consagran derechos políticos adicionales para los judíos sobre los árabes, dos hechos que Human Rights Watch cita en su informe.
El documento pide al fiscal de la Corte Penal Internacional que “investigue y enjuicie a los implicados de forma creíble” y solicita que se impongan sanciones que incluyan la prohibición de viajar y la congelación de activos a las autoridades responsables.
El año pasado, el mismo grupo de derechos constató que los abusos cometidos por el gobierno de Myanmar contra los musulmanes rohingyas también constituían delitos de apartheid y persecución.
Traducido por Lucía Hernández