Durante años, los sucesivos gobiernos han montado lo que ellos llaman una hoguera de normativas. El argumento era que “la burocracia” restringía la libertad y la productividad. Nos aseguraron que Reino Unido sería un sitio mejor si había menos formularios que rellenar, menos inspecciones y menos normas que seguir.
Pero lo que ellos llaman “burocracia” a menudo son protecciones básicas que defienden nuestras vidas, nuestro futuro y al resto del mundo. La libertad que ellos celebran es muy selectiva: en muchos casos es la libertad de los ricos para explotar a los pobres, la libertad de las empresas de explotar a sus empleados, la libertad de los propietarios de explotar a sus inquilinos y la libertad de las industrias de utilizar al planeta como si fuera un cesto de basura. Como dijo R. H. Tawney, “la libertad del pez grande es la muerte de los peces pequeños”.
Pasará mucho tiempo antes de que sepamos exactamente qué provocó el espantoso incendio en la torre Grenfell, y por qué el fuego se propagó tan fácilmente, causando la muerte de tantas personas. Pero hasta ahora parece que la razón por la que el fuego se propagó tan rápidamente fue el revestimiento del edificio.
Ya ha habido muchas advertencias sobre el peligro de incendio que puede representar el revestimiento de los edificios. Por poner un ejemplo, en 1999 un comité sobre medio ambiente, transporte y asuntos rurales de la Cámara de los Comunes publicó un informe titulado Peligro potencial de incendio en edificios con sistemas de revestimiento exteriores.
Pero tanto los gobiernos conservadores como los laboristas han sido muy reticentes a la hora de introducir nuevas protecciones públicas, incluso cuando la necesidad apremia. Siempre se han mostrado dispuestos a eliminar protecciones existentes para beneficiar a organizaciones empresariales o lobbies. Este tipo de desregulación es una premisa básica de la ideología neoliberal a la que sucumbieron tanto el conservadurismo como el laborismo de Tony Blair.
En 2014, el entonces viceministro de Vivienda (que ahora es viceministro de Inmigración), Brandon Lewis, rechazó la iniciativa de obligar a las constructoras a poner rociadores de agua en las viviendas que construían con el siguiente argumento: “En nuestro compromiso de ser el primer gobierno que reduce la regulación, hemos introducido la regla de 'entra una, salen dos' para las normativas. Según esa regla, por cada normativa que introduce el gobierno, tenemos que identificar otras dos que podemos eliminar. El Ministerio para las Comunidades y el Gobierno Local ha ido más lejos y ha eliminado una proporción aún mayor de normativas. En ese contexto, los diputados comprenderán por qué queremos explorar todas las otras opciones antes de aprobar normativas nuevas”.
En otras palabras, aunque aceptó que los rociadores “son un método efectivo para controlar incendios y proteger tanto la propiedad como las vidas humanas”, obligar a los constructores a colocarlos entraba en conflicto con su programa desregulador. En cambio, se dejó a criterio de los dueños de los edificios decidir cómo abordar el peligro de incendio: “Aquellos que tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad en sus empresas, sus hogares, o como propietarios, deben tomar decisiones bien informadas sobre cómo manejar los riesgos a los que se enfrentan sus propiedades”, dijo Lewis.
Esto me hace recordar la famosa frase del periodista del Financial Times Willem Buiter, cuando dijo que “la autorregulación es a la regulación lo que la arrogancia es a la importancia”. Caso tras caso, en todos los sectores, se ha demostrado que la autorregulación no puede reemplazar la existencia de normas coherentes, controladas y ejecutadas por el gobierno.
Medidas esenciales de protección pública han sido denostadas por la prensa hegemónica como “la locura por la seguridad”: no es difícil ver que los empresarios pueden escudarse en este argumento para reducir presupuestos y obtener ventajas sobre sus competidores.
La “paradoja de la contaminación” (aquellas empresas cuyas prácticas son más criticadas por los votantes deben gastar mucho más dinero en política, con el resultado de que sus demandas terminan dominando la vida política) garantiza que las medidas que nos protegen son poco a poco desmanteladas por los gobiernos que responden a los intereses de los grandes donantes en las campañas electorales.
Los parlamentarios conservadores ven al Brexit como una excelente oportunidad de retroceder en materia de regulación. La velocidad con la que quieren aprobar en el Parlamento la gran ley de derogación (eso suponiendo que todavía se pueda poner en práctica algún proyecto de Theresa May) sirve de precedente para destruir todas las protecciones garantizadas por las normativas europeas. La ley se apoyará mayormente en instrumentos reglamentarios que permiten mucho menos escrutinio parlamentario que la legislación primaria. Sin debate y sin que nadie lo note, podrían desaparecer elementos cruciales de la sanidad, la seguridad, los derechos de los trabajadores y de protección medioambiental.
En demasiadas ocasiones hemos visto qué significa en la vida real la hoguera de normativas, que puede sonar muy bien en boca de los ministros. Las protecciones públicas que los gobiernos describen como burocracia son lo que marca la diferencia entre una sociedad sana y la barbarie. Es hora de acabar con esa agenda desreguladora y poner la seguridad pública y otras garantías básicas por encima de los recortes de presupuestos y de la codicia.
Traducido por Lucía Balducci