Antes de llegar a Downing Street, David Cameron pasó varios años haciendo campaña con el slogan “Broken Britain” (el Reino Unido está roto). “El desafío para los conservadores modernos”, declaró en 2008, “es revivir nuestra sociedad”.
Ese lenguaje parece ahora terriblemente irónico. Reino Unido ya tenía problemas en 2010 –entre ellos el impacto de la crisis financiera de 2008–, pero tenía servicios públicos fuertes y un sector público visiblemente mejorado. De la misma manera, el gobierno 'Tory' que terminó su mandato en 1997, había gobernado con unos servicios públicos en deterioro, pero por lo menos podía presumir de bonanza económica. El gobierno que tiene todas las opciones de abandonar Downing Street ha fracasado en ambos frentes. Resulta que “Broken Britain” era una promesa electoral.
Me pareció que podría resultar divertido, ante las elecciones que se celebran este jueves, catalogar los errores que nos han traído hasta aquí y así cotejar las políticas fracasadas que crearon las condiciones para lo que todo apunta a un fuerte castigo electoral. Después de pasar un tiempo rastreando los archivos de The Guardian para encontrar algunos ejemplos, al final no ha sido tan divertido. Prepárense, lo que viene a continuación es deprimente.
El pecado original
Empecemos por los recortes. George Osborne, canciller británico entre 2010 y 2016, anunció con sus primeros presupuestos que todas las áreas de gobierno excepto el Sistema Nacional de Salud y los desarrollos en ultramar debían recortar su financiación una media del 25%. Algunos de estos ahorros se lograrían con medidas de eficiencia. Pero en la mayoría de los casos no fue así: el Estado simplemente las abandonó.
Y así fue como los centros Sure Start, que ofrecían servicios de guardería y atención a niños, así como asesoramiento personal y profesional a familias, sufrieron recortes masivos y acumularon una demanda de educación especial y asistencia sanitaria para niños que se desbordaba conforme estos se iban haciendo mayores. Connexions, una agencia que ofrecía asesoramiento y apoyo a adolescentes, sufrió el mismo destino. Entre tanto, los recortes en el presupuesto para asistencia legal ciudadana hicieron que se retiraran el 60% de los proveedores, al mismo tiempo que los casos financiados con estos recursos descendieron un 90%. Ahora un gran número de personas con pocos recursos ya no tienen acceso a la justicia.
En un intento de 'redirigir el hacha' –y hacer que otros asumieran la culpa por los recortes de Osborne– los presupuestos de gobiernos locales se redujeron un 40% en una década, lo que recortó desde el servicio de autobuses al de bibliotecas, la recogida de basuras y el alumbrado público (en algunos casos, directamente, se ha apagado). Al mismo tiempo, la demanda de servicios públicos proporcionados por los ayuntamientos –principalmente asistencia social a personas adultas– ha seguido creciendo. En 2012, los ayuntamientos empezaron a compartir el llamado “gráfico del desastre”, que demostraba cómo el coste de esos servicios superaba con creces el presupuesto de los consistorios. Por eso ahora tenemos tantos casos de mala gestión. Puede que tampoco ayudase que el gobierno eliminara la Comisión de Auditoría, cuyo trabajo era vigilar este tipo de asuntos. O que les diera a los ciudadanos poder de veto a las subidas de impuestos que superaran el límite impuesto por los miembros del Parlamento.
Los gobiernos locales no fueron los únicos que se enfrentaron a los recortes, que también afectaron a personas dependientes de ayudas sociales. Los subsidios de vivienda fueron limitados a un 30% de los alquileres locales. En el inicio del ciclo 'tory', tan pronto como en 2014, los ciudadanos vieron que no podían asumir el coste de la vivienda y se quedaban sin techo. Los pagos que permitían a personas con discapacidad vivir de manera independiente también fueron recortados. En 2016, fueron congeladas las prestaciones por antigüedad en la empresa (por supuesto, las pensiones quedaron excluidas), a pesar de que el alquiler y otros costes seguían aumentando. En 2017, el gobierno introdujo el límite de prestación a familias que tuvieran más de dos hijos y defendió que la medida disuadiría de tener más hijos a quienes no pudieran asumir el coste. No fue así. Simplemente empujó a los menores a la pobreza. En 2020, las organizaciones dedicadas a la caridad ya estaban pidiendo una investigación para determinar el posible vínculo entre estos recortes y muertes de menores que se podrían haber evitado.
Los jóvenes, que tradicionalmente no están entre los votantes de los Conservadores, sufrieron un impacto especialmente fuerte. En 2012, desapareció el subsidio que apoya a adolescentes entre 16 y 19 años para que no abandonen los estudios. Dos años después, los precios de las matrículas universitarias se triplicaron hasta las 9.000 libras anuales (unos 10.600 euros): el coste se podía devolver por un método que, en contra de todas las leyes matemáticas conocidas, ponía toda la presión sobre los estudiantes sin beneficiar ni a las universidades ni a los contribuyentes. No pasó nada: en 2016 las becas para estudiantes con pocos recursos también fueron reemplazadas por préstamos bancarios.
Hay otras maneras en las que este gobierno, exactamente de la misma forma en la que había acusado a los laboristas, ha fracasado en su intento de arreglar las cosas cuando tenía el viento a su favor. El proyecto laborista Construyendo Escuelas para el Futuro fue otra de las primeras víctimas de su sistema de austeridad. En 2023, cuando los tejados de los colegios de la posguerra empezaron literalmente a hundirse, se evidenció el error. Sin embargo, este fue solo uno de los grandes recortes a presupuestos departamentales –es resumen, aquellos que tienen un bajo coste político en el corto plazo– y que han sido un fracaso a la hora de construir todo, desde centrales energéticas a sistemas de prevención de inundaciones o infraestructuras de transporte y hasta las cárceles que eran necesarias para cumplir con la retórica 'tory' de endurecimiento de penas.
Y después están las políticas medioambientales. Después de obtener la mayoría en 2015, Cameron prometió “recortar la basura verde”. Su gobierno abandonó los subsidios para plantas de energía solar y eólica, e introdujo medidas que básicamente las prohibieron. También eliminó el proyecto de eficiencia energética para los hogares, que financiaba ayudas para aislar mejor las viviendas; eliminó los incentivos para que los propietarios de vehículos adquirieran modelos más eficientes y privatizó el Banco de Inversiones Limpias. (Hay más, pero esto ya es suficiente). Ya en 2022, todo ello se había traducido en que las familias debían pagar más de 150 libras (177 euros) anuales de incremento en gastos de electricidad y calefacción, según un estudio de Carbon Brief.
En apenas unos meses, sin embargo, todo esto había quedado prácticamente en el olvido. El primer ministro había cometido un error geopolítico bastante grande.
El Brexit y todo lo que llegó después
Puede que Cameron cometiera un error al celebrar un referéndum sobre una política potencialmente destructora, sin tener ninguna intención de aplicarla, simplemente para resolver un problema interno de su partido. Puede que también fuera un error ordenar a los empleados públicos que no planificaran una votación a favor de la salida de la UE.
Pero dejemos todo esto de un lado para centrarnos en todo lo que vino después. Los británicos perdimos el derecho a vivir y trabajar en cualquier lugar del continente. Nuestros estudiantes se quedaron sin acceso al programa de intercambio Erasmus. Hay músicos y artistas con carreras arruinadas por los obstáculos para actuar en el resto de Europa. Hemos perdido la sede de la Agencia Europea del Medicamento y se ha deteriorado la City de Londres, golpeando significativamente el sector financiero y el farmacéutico. Todo esto ha tenido un impacto negativo sobre la clase media profesional que solía constituir una parte importante del electorado 'tory'. Quien siembra vientos, recoge tempestades.
Esto es solo una parte mínima del daño que ha hecho el Brexit a la reputación del Partido Conservador. Consideremos por ejemplo el rechazo de Theresa May a que permanecieran en Reino Unido 3,2 millones de ciudadanos europeos que tenían derecho a vivir aquí, a pesar de las consecuencias que esto tuvo para los británicos que vivían en la UE. O los años de debate sobre si tenía que haber puestos fronterizos en la isla de Irlanda (algo que apenas se debatía antes del referéndum), o en el Mar de Irlanda (lo que dividiría al Reino Unido en dos). Todo esto porque Cameron quiso neutralizar la amenaza que suponía Nigel Farage, un hombre que en las salas de apuestas es favorito a entrar ahora al parlamento en la circunscripción de Clacton (51.000 habitantes).
Algunas de las tendencias intensificadas por el Brexit, como las hostilidades hacia cualquiera que parezca extranjero, eran una amplificación de la crueldad que ya estaba presente en algunos sectores del gobierno. Las furgonetas con el mensaje “go home” –vuelve a tu país– fueron impulsadas por el Ministerio del Interior de Theresa May en 2013. Formaban parte de un conjunto de medidas conocidas como “ambiente hostil”, que tenían como objetivo que en Reino Unido fuese más difícil sobrevivir como un inmigrante indocumentado, pero acabó afectando a cualquier persona de color, tanto si son británicos como si no. El ejemplo más extremo es el escándalo de Windrush, en el que Interior detuvo, persiguió y deportó a decenas de ciudadanos británicos negros porque no tenían un documento en concreto. Resulta que Interior los había destruido antes.
Sean cuales sean sus raíces, las hostilidades del gobierno contra los extranjeros y contra los derechos humanos ha crecido significativamente estos últimos años. El precio de las solicitudes de visados se ha disparado. También han subido los requisitos salariales mínimos que se exigen a los británicos que quieran reunificarse con sus parejas en Reino Unido. No tan ruin, pero sí más absurdo, es que el entonces ministro de inmigración, Robert Jenrich, pidiera a un centro de acogida que se cubrieran los murales con personajes de dibujos animados para impedir, según su criterio, que niños extranjeros intentaran entrar ilegalmente en el país porque se habían enterado de que había dibujos de Tom y Jerry. Una política que resulta tan absurda y arbitraria como el intento –anulado poco después– de prohibir que se envíen libros a presos, tal y como intentó Chris Grayling.
El Brexit también ha desatado algo más: una política que se preocupa cada vez menos de la Constitución británica o el sistema legal, y más por invocaciones casi místicas de la “voluntad popular” –una voluntad que siempre ha coincidido, sorprendentemente, con los deseos de la prensa de derechas. Sus consecuencias incluyen el fracaso a la hora de defender la independencia del poder judicial de los ataques de periódicos hostiles; la prórroga ilegal del parlamento por parte de Boris Johnson; las nuevas restricciones al derecho a manifestarse y la nueva Ley Electoral, un intento descarado de ayudar al partido que ya estaba en el poder.
Todas estas tendencias han culminado en el proyecto Ruanda, con el que el Parlamento aprobó una ley que dictaminó que este país es un destino seguro para los solicitantes de asilo –lo que desafía no sólo las leyes internacionales, sino también la realidad–, simplemente para que los ministros puedan ejercer su crueldad contra algunas de las personas en situación más desesperada del mundo. Esto absorbió una cantidad enorme de energía política en un momento en el que, encuesta tras encuesta, veíamos que las preocupaciones principales de los votantes son el alto coste de la vida y el estado del sistema sanitario, algo a lo que el Gobierno no se estaba dedicando. Y nada de esto ha conseguido “detener los barcos”, como se refieren a las barcazas con migrantes que llegan a las costas británicas.
Las cosas solo pueden empeorar
Hay otro tipo de fiasco de este ciclo de gobiernos conservadores: aquello que no se puede atribuir necesariamente a una sola política errónea, sino a varias medidas o a esas negligencias que han alimentado la sensación de que el país está retrocediendo. Por ejemplo, en múltiples áreas ha habido una concentración de poder en Westminster –acompañada del ya mencionado debilitamiento de los gobiernos locales– que ha contribuido definitivamente a ese sentir generalizado de alienación de la política que ha caracterizado estas elecciones.
También se han producido repetidos fracasos a la hora de impulsar proyectos para promover la construcción de casas o detener la inflación; los precios de la vivienda se han disparado y las tasas de propiedad se han hundido; nuestras viviendas ofrecen ahora la peor relación calidad-precio de cualquier economía avanzada. Esto también ha perjudicado las opciones electorales de los ‘tories’. Aquellos que no puedan crear una familia tienen menos probabilidades de apoyar a los conservadores –¿por qué ibas a apoyar al capitalismo cuando no puedes acumular capital? El Gobierno tampoco ha considerado conveniente mejorar la situación de los inquilinos.
Los salarios están estancados desde hace más de una década, por lo que la calidad de vida en Reino Unido se ha quedado atrás con respecto a otras economías similares. Cerca del 20% de la población vive en la pobreza, incluidos 3,6 millones de niños, y cada vez más familias dependen de bancos de alimentos. Hay un 74% más de personas durmiendo en la calle que en 2010 y más de 150.000 familias no tienen techo, una cifra récord. La Oficina Nacional de Estadística ha considerado dejar de registrar los índices de mortalidad.
Mientras, los tiempos de espera en los hospitales baten récords. (El entonces secretario de salud Andrew Lansley, eliminó los objetivos de las listas de espera en 2010, pero salió tan bien que revirtieron la medida en año y medio). El gobierno ha intentado atribuir esta situación a la pandemia –y fue claramente un factor– pero los reportajes sobre tiempos récord de espera han llenado las páginas de los periódicos desde mucho antes de que aprendiéramos la palabra “coronavirus”.
Ya que hablamos del sistema sanitario: se han disparado los tiempos de espera para una ambulancia, especialmente porque otros obstáculos en el servicio de salud provocan que se queden haciendo cola en los hospitales. En 2022, más de 500 personas fallecieron mientras esperaban a que llegara una. La demanda de servicios de atención geriátrica también se ha incrementado, pero la falta de médicos supone que el aumento en las listas de pacientes dificulta cada vez más conseguir una cita médica. De hecho, muchas personas han dejado de intentarlo, bien dejando que empeore su situación, lo que se traduce en un mayor coste futuro para el sistema de salud, o bien contratando un seguro privado. La ausencia de clínicas dentales ha hecho que, en febrero de este año, un dentista de Bristol apareciera en las noticias porque tenía a 1.500 personas haciendo cola para pedir cita en su establecimiento.
Durante todo este tiempo, el Gobierno no ha presentado planes para financiar ni para contratar trabajadores para los servicios sociales que atienden a adultos. Theresa May lo intentó y le costó la mayoría. Y este fracaso ha tenido un impacto directo en el Sistema Nacional de Salud, al absorber la mayor parte de la nueva financiación. Las listas de espera no paran ni cuando ya estás muerto. La pandemia, los recortes y un sistema informático anticuado han hecho que el tiempo que esperan los ciudadanos para acceder al patrimonio de un familiar difunto ha aumentado de un par de semanas hasta un año.
Todas estas cosas han roto el Reino Unido, pero también han creado el caldo de cultivo para una derrota de los conservadores que no tiene precedentes. El pacto que prometieron versiones anteriores del Partido Conservador era que podrían deteriorar el tejido social, pero por lo menos enriquecerían a las clases medias. Después de 14 años alternando entre el letargo y la crisis, es evidente que esto ya no se puede cumplir.
Y todo lo demás
La lista que precede no está completa: mi límite de palabras no era tan amplio. Ni siquiera he mencionado el sistema escolar, la reforma radical de las estructuras de apoyo y vigilancia de la educación, ya que hay algunas pruebas de que los estándares han mejorado (a pesar de que algunos estudios han demostrado que otras estructuras educativas, como las escuelas locales han funcionado mejor que esas estructuras de apoyo). Tampoco me he arriesgado a perderme en la maraña de reformas impulsadas en el Sistema Nacional de Salud durante los últimos cinco años, agotando una gran cantidad de energía y buenas intenciones sin beneficios aparentes.
También me he perdido el escándalo por aquellos exámenes de acceso a la universidad que, en 2020, destrozaron las vidas de los estudiantes por el error en un algoritmo. Así como la exclusión de millones de autónomos de las ayudas durante la pandemia. O la privatización del sistema de libertad condicional, que aumentó el riesgo para la ciudadanía hasta tal punto la medida fue revertida inmediatamente por su sucesor. Además del baile de ministros que ha hecho que en Reino Unido el mandato medio haya pasado de ser de unos dos años a solo ocho meses, lo que quiere decir que incluso aquellos a los que el cargo les venía grande, tampoco tuvieron la oportunidad de intentarlo. Y ni siquiera he mencionado a Liz Truss.
Pero la idea es clara: de muchas maneras, y en prácticamente todas las áreas de gobierno, estos tipos han empeorado las cosas. Las políticas que menciono en cada una de estas líneas han deteriorado miles de vidas. Los conservadores han creado exactamente el escenario de un Reino Unido roto que prometieron arreglar.
Puede que alguien piense que los laboristas no merecen ganar. Pero es difícil cuestionar la idea de que, después de los últimos 14 años, los ‘tories’ merecen perder.
Traducción de Cristina F. Pereda